El gobierno federal no ha querido comprometerse en el esclarecimiento de los casos de feminicidio registrados en Ciudad Juárez, porque ello implicaría confrontarse y cuestionar al poder judicial, que funciona bajo actos de tortura, crea culpables e inventa pruebas que no existen, aseguró Pavel Uranga.
En conferencia de prensa, Uranga, del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia en los Casos de Feminicidio en Ciudad Juárez, dijo que el gobierno federal se ha concretado a realizar un amplio y procaz ejercicio de simulación, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez Chihuahua.
Recordó que la Fiscalía se creó como una instancia encargada de investigar y perseguir los delitos que deriven de los asesinatos de mujeres en México; sin embargo, el procurador General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, estableció posteriormente que únicamente tendría como tarea auditar los expedientes de la PGR, no investigar, perseguir y castigar como era su facultad constitucional.
Señaló que el informe final que presentóésta fiscalíacontiene una serie de graves inconsistencias, imprecisiones y omisiones, que permiten afirmar que lo único que ha hecho este gobierno es «pavimentar un camino hacia la perpetuidad de la impunidad, a la disolución social, a la desconfianza en las instituciones».
Aseguró que no se ha dado la seriedad que corresponde a estos delitos y se ha pretendido confundir a los organismos internacionales de Derechos Humanos, con informes en donde se asienta que se ha cumplido con sus recomendaciones; sin embargo, ni siquiera se tienen datos certeros del número de mujeres asesinadas en aquella entidad.
En entrevista posterior con Cimacnoticias, comentó que no se ha querido ir al fondo de estos homicidios, porque ello implicaría cuestionar los cimientos del sistema de procuración de justicia de este país.
«Al interior del gobierno lo que importa es que prevalezca el sistema de intereses, porque está vinculado a los intereses políticos concretos que tienen tanto el titular del poder judicial, Mariano Azuela, como el presidente Vicente Fox, de ahí la actuación del magistrado durante todo este régimen».
Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, expresó que el gobierno federal no puede dar por concluidas las investigaciones en los casos de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, toda vez que persisten las condiciones de impunidad y un patrón conductual en los homicidios de mujeres, que ahora no sólo se limitan al estado de Chihuahua, sino que se han incrementado en todo el país.
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