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Gobierno no debe usar su poder en perjuicio de mujeres: AI

Por Hypatia Velasco Ramírez

Amnistía Internacional (AI) aseguró hoy que la violencia contra las mujeres, un mal endémico debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y a la integridad física de la población femenina en nuestro país, debe ser un asunto de responsabilidad y atención para el Gobierno federal, y para ello debe tomar las medidas necesarias para protegerlas y no hacer uso de su poder de tal forma que las coloque en situaciones de riesgo.

En ese sentido, durante la presentación del Informe 2007 “El estado de los derechos humanos en el mundo” que se llevó a cabo este día, AI reconoció la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, Liliana Velásquez, presidenta de AI México, dijo que, como ha sucedido con otras leyes, “no podemos señalar nada más (sobre la Ley) hasta no ver los logros de su implementación”.

Uno de los casos más representativos de la constante violencia que enfrenta la población femenina en nuestro país, y que resulta emblemático para Amnistía Internacional, es el de la señora mazahua Magdalena García Durán, quien fue detenida de manera arbitraria en mayo de 2006 durante los operativos de San Salvador Atenco y que se encuentra actualmente en el penal de Molino de Flores, en Texcoco.

A pesar de la falta de evidencias en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo, Magdalena aún sigue encarcelada de manera ilegal, dijo Velásquez Ramírez.

Y la actuación en este caso del Ministerio Público y del Poder Judicial del Estado de México “muestra claramente la instrumentalización de la justicia sin sustento legal y puede ser el botón de muestra para otros casos”, abundó.

Por ello, AI ha declarado a Magdalena como presa de conciencia y exige a las autoridades su liberación inmediata e incondicional.

Así como Magdalena, durante los operativos en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, 47 mujeres fueron detenidas, de las cuales al menos 26 denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que habían sido objeto de agresión sexual o violación por parte de los agentes de la policía estatal durante su traslado a la cárcel, recuerda Velásquez Ramírez.

En ese sentido, dijo, AI hizo un llamado enérgico a las autoridades federales para que siguieran la investigación a través de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), creada en febrero de 2006 y cuya fiscal es Alicia Elena Pérez Duarte.

Lo anterior, ya que las autoridades del Estado de México, lejos de investigar las acusaciones de las mujeres, ocultaron informacion e hicieron recaer la carga de las pruebas en las víctimas al tiempo que trataron de desacreditar las acusaciones, aseguró la presidenta de AI.

Por esta razón, la organización consideró que había un conflicto de intereses, dado que las autoridades del Estado de México no podían ser juez y parte en este proceso, indicó.

Y la actuación de la Fevim hasta ahora no ha dado resultados concretos, aseguró Velásquez Ramírez.

Sin embargo la violencia contra las mujeres y la discriminación por motivos de género no sólo se limitó al caso de Atenco, pues ambas acciones se generalizaron durante el 2006 en todo el país, señaló la presidenta de AI México.

Por un lado, la Comisión del Congreso Federal encargada de los casos de feminicidio emitió un importante informe sobre los asesinatos de mujeres en 10 estados del país, en el que es evidente la clara inacción de los gobiernos estatales para compilar información que sea fidedigna sobre la violencia de género, así como su deficiencia para adoptar medidas enérgicas que prevengan y castiguen los asesinatos, explicó Velásquez.

Asimismo, continuaron los asesinatos de Ciudad Juárez y Chihuahua y aunque las autoridades tomaron algunas medidas en casos recientes, los anteriores no tuvieron ningún progreso. Por tanto no se ha exigido como se debe la responsabilidad a los funcionarios implicados en las investigaciones originales fallidas.

La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó sus investigaciones sobre los casos del pasado, pero sin dar reconocimiento alguno a la magnitud de la violencia de género en Ciudad Juárez durante los trece años que lleva el feminicidio.

Con ello, la PGR generó críticas pues intentaba restar importancia a los asesinatos y secuestros de las mujeres en aquella ciudad.

OTRAS VIOLACIONES

Asimismo, como parte de esta serie de arbitrariedades y violaciones a los derechos de las y los ciudadanos de nuestro país, el texto declara que el ex presidente Vicente Fox concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y la impunidad.

También destaca que el Congreso Federal tampoco aprobó en 2006 las reformas de la Constitución y de los sistemas de seguridad pública y justicia penal que permitieran mejorar la protección de los derechos humanos.

De igual manera, dice el informe, continuaron las detenciones arbitrarias, la tortura, el uso excesivo de la fuerza y los procedimientos judiciales sin garantías, particularmente en el ámbito estatal.

AI recibió informes de violaciones graves de derechos humanos en el estado de Oaxaca, además de que las medidas para procesar a los responsables de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en decenios anteriores fracasaron.

Y los pueblos indígenas de varios estados siguieron sufriendo discriminación, entre otras cosas en el acceso a servicios básicos tales como la atención de la salud y la educación.

07/HVR/GG/CV

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