Gobierno “no tiene idea” de cómo indagar el feminicidio

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) carece de una metodología clara que garantice la objetividad en las investigaciones de feminicidio, que podrían derivar en una Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas y el Estado de México.  
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), y Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas,  se dijeron preocupadas de que las autoridades federales aún no les informen sobre la metodología que seguirán en las investigaciones para verificar si existe violencia feminicida en esas entidades.
 
Esto porque ambas organizaciones ganaron los amparos que interpusieron tras la negativa del Sistema de investigar la violencia en el Edomex (petición negada en enero de 2011) y en Chiapas, rechazada en noviembre de 2013. Sin embargo ambos casos se indagarán con el anterior Reglamento –y por tanto ya no vigente– de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
Y es que las negativas a esas solicitudes de AVG ocurrieron cuando aún estaba vigente el anterior reglamento, que establecía que las peticiones de alerta debían someterse a votación para determinar, en primera instancia, la procedencia o no de una investigación sobre violencia feminicida.
 
En su momento, cada una de las organizaciones solicitantes de la AVG interpuso un amparo ante la negativa y ambos fueron concedidos. Así, el Poder Judicial ordenó al SNPASEVM realizar la investigación en cada entidad.
 
TORTUGUISMO
 
Para el Edomex el proceso ha tardado más, pues el amparo se ganó desde 2012 pero fue hasta mediados de 2013 que el Sistema realizó dos sesiones para votar nuevamente la procedencia de la indagación.
 
No obstante, volvió a rechazarla y en 2013 el Poder Judicial Federal (PJF) ratificó el fallo del juzgado, a lo que la Secretaría de Gobernación (Segob) respondió con una queja que fue desechada a su vez por el PJF en marzo pasado por improcedente.
 
En tanto, Chiapas no pasó por el mismo proceso, pues tras ganar el amparo el Sistema no puso pretextos y anunció que realizaría la investigación.
 
Ayer, en conferencia de prensa, Martha Figueroa y Luz Estrada dijeron que en reuniones con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –instancia de la Segob– han detectado que el gobierno federal carece de una metodología clara para realizar las investigaciones, lo que abre la posibilidad de que los resultados estén sesgados y favorezcan a los gobiernos locales.
 
BUROCRACIA
 
El Sistema informó que las pesquisas en el Edomex y Chiapas correrán a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009 a partir del acuerdo 04-24/04/2009, y cuyos resultados serán evaluados por un “Grupo Dictaminador” instaurado con el mismo acuerdo. Ambas instancias están integradas sólo por dependencias federales.  
 
El “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” (que según el anterior reglamento se debía crear para investigar la violencia feminicida cuando fuera admitida una solicitud de AVG), está conformado por la Segob, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
 
Mientras que el “Grupo Dictaminador” lo integran la Segob, la Secretaría de Salud (Ss) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aunque se desconoce el nombre de las o los representantes de cada instancia.
 
Luz Estrada consideró que la conformación del “Grupo Multidisciplinario” implica un sesgo en la información, pues se incluyen a personas, que aunque lleguen a tener conocimiento del tema, trabajan para el gobierno federal que es en gran medida responsable del clima de violencia y que ha manifestado en forma reiterada su desinterés por las mujeres.
 
Agregó que recientemente hubo una reunión con la titular de Conavim, Alejandra Negrete Morayta, quien le pidió al OCNF un resumen de la investigación que ha realizado en el Estado de México, que presentara a las víctimas que acompaña y los expedientes que tienen en su poder.
 
Ante esa petición, la activista sostuvo que “está claro que no tienen ni la menor idea de cómo realizar la investigación”. Abundó que la dilación del resultado de la investigación en el Edomex (que se esperaba en mayo pasado), y las solicitudes de la comisionada Negrete demuestran que “no hay una metodología clara para investigar el feminicidio”.
 
Por ello, Estrada solicitó al gobierno federal, una vez más, que las investigaciones las realicen especialistas en violencia de género, ya que el objetivo es “investigar una violencia específica que a diario cobra la vida de mexicanas y que es una grave violación a los Derechos Humanos”.
 
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