Las y los líderes de opinión en América Latina (AL) coinciden en que los Estados de la región deben financiar servicios públicos de cuidado de personas dependientes (niñez, adultas mayores, con alguna discapacidad o enfermas crónicas), para que esta tarea no recaiga sólo en las mujeres.
En el análisis «Consulta de opinión sobre las políticas de cuidado de personas dependientes en AL: niñas, niños, personas ancianas, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas», la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que 95 por ciento de las y los entrevistados considera que el presupuesto público debe contribuir a financiar esos servicios.
La mayoría de las 500 personas consultadas por el mecanismo de la ONU refiere la necesidad de que intervenga el Estado para que los cuidados de personas dependientes dejen de ser un problema que sólo deben resolver las mujeres, y se atienda como una responsabilidad social.
La consulta indica que 9 de cada 10 personas entrevistadas consideran que la labor del cuidado es asumida actualmente por las mujeres de las familias.
Por ejemplo en México, las mujeres ocupan 80.9 por ciento del tiempo total dedicado a las labores de cuidado del hogar y de personas dependientes.
Ante la disparidad de género, las y los líderes de opinión consideran que la responsabilidad del cuidado no debe recaer exclusivamente en «?las mujeres de la familia?, y que al menos parte de la tarea debería institucionalizarse: transferirse desde el espacio privado del hogar al social».
En este sentido, 7 de cada 10 apoya que el costo del cuidado de la niñez, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas, no recaiga únicamente sobre los ingresos familiares.
Y es que el costo del cuidado implica el pago de servicios y productos que consumen las personas dependientes, más el costo del tiempo personal dedicado a ellas, que podría utilizarse para tareas remuneradas u otras actividades, advierte la CEPAL.
Por lo anterior, 70 por ciento de las y los líderes de opinión está «muy de acuerdo» en que los servicios públicos del Estado se encarguen del cuidado de estas personas.
Respecto al financiamiento, a la propuesta de que se asigne presupuesto público le sigue otra idea «muy aceptada»: un sistema de «copagos» entre las familias y el Estado, cuyo aporte dependa de los ingresos de los hogares.
Otra coincidencia entre las y los líderes de opinión es que los servicios de cuidado deben ir acompañados del diseño e implementación de una política pública que atienda la problemática de manera integral, ya que 9 de cada 10 considera que las medidas actuales son insuficientes para satisfacer la demanda de las familias.
Esta política pública debe incluir la instalación de más centros infantiles, casas cuna y escuelas de tiempo completo, así como centros diurnos y nocturnos para personas adultas mayores.
De acuerdo con la consulta de la CEPAL, estas políticas favorecerían el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y fomentarían una mayor participación de los hombres en las tareas del hogar.
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