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Gómez Palacio sitiado por la violencia de género

Por Anaiz Zamora Márquez
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Antes de que las disputas entre las bandas del crimen organizado y el narcotráfico azotaran el norte de México, el municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango, prometía prosperidad a quien viviera o decidiera instalarse ahí.
 
Junto con la también duranguense Ciudad Lerdo y los municipios de Torreón y Matamoros (ambos en Coahuila), Gómez Palacio forma parte de la llamada Comarca Lagunera, la novena zona más poblada de México y ahora una de las más violentas del país.
 
A las casas abandonadas se suma la soledad de las calles. Las pláticas vecinales o entre familias que se daban por las tardes no se escuchan más y la vida nocturna pasó a ser sólo un recuerdo.
 
Una de las ciudades cuna de la Revolución Mexicana, además de ser un territorio controlado por el narco es “un caldo de cultivo” para la violencia de género: las cifras de violaciones sexuales, agresiones intrafamiliares y de maltrato se acumulan cobijadas por la inacción del gobierno estatal para atender a las mujeres.
 
Hasta marzo pasado, hubo 50 denuncias por violación sexual. La fiscal duranguense, Sonia Yadira de la Garza, se limitó a asegurar que se trataba de un violador serial, “o tal vez una banda de pocos integrantes”, y a aconsejar a las mujeres que se abstuvieran de salir de sus casas.
 
Ante la falta de instituciones especializadas en la atención a mujeres, grupos feministas como la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres en Gómez Palacio, y la Casa de Restauración El Arca, han hecho frente al problema. Desde sus voces se reconstruye la situación que enfrentan las habitantes de Gómez Palacio.
 
TERRITORIO INSEGURO
 
De acuerdo con Sandra Sierra Limones y Alejandra Ceniceros, antes el municipio era seguro y la delincuencia no iba más allá de algunos incidentes menores. Las mujeres, algunas de ellas migrantes que llegaban a la ciudad para emplearse en las maquiladoras, podían llevar una vida tranquila.
 
Pero las mismas vías del tren que llevaron a Gómez Palacio a tener una economía basada en la industria, atrajeron a las bandas del narcotráfico que con el paso del tiempo hundieron al municipio en un clima de corrupción, complicidad y violencia.  
 
Durante el sexenio de Felipe Calderón se lanzó la estrategia de seguridad contra el narcotráfico, pero sin ninguna acción con visión de género. Las duranguenses fueron invisibilizadas en los reportes y noticias sobre los enfrentamientos entre las bandas, los elevados índices de asesinatos, homicidios, desapariciones y secuestros.
 
Desde 2007 los años fueron convulsos para Gómez Palacio. Tan sólo en el primer trimestre de 2013, el pequeño municipio –de apenas 328 mil habitantes– tuvo una tasa promedio de 4.9 asesinatos al mes por cada 100 mil habitantes.
 
En enero de 2013, la policía municipal fue prácticamente disuelta al comprobarse la complicidad de algunos de sus miembros con el narcotráfico. En febrero del mismo año la casa de la alcaldesa Rocío Rebollo fue rafagueada por el crimen organizado.
 
Cuando se fue la policía, la seguridad y la justicia también abandonaron Gómez Palacio. “Esto parece una ciudad sin ley; no es que creamos en la policía ciegamente, pero ahora no tenemos vigilancia, tampoco quien pueda auxiliarnos en momentos de verdad conflictivos. Esto es alarmante principalmente para las mujeres”, dijo Sierra Limones.
 
Desde que fue desmantelada la policía, quien se hace responsable de la vigilancia es el Ejército.
 
De enero a marzo de este año se acumularon 50 denuncias por violación sexual, pero se debe considerar –a decir de la experta– que no todas las víctimas se atreven a denunciar, así que pueden ser mucho más agresiones.
 
De acuerdo con la especialista, es imposible que una sola persona sea la responsable de las violaciones como ha asegurado la fiscal De la Garza: “El número de violaciones ya rebasa al supuesto violador serial; nos enoja que nos mientan, pero nos enoja más que no hagan su trabajo y no investiguen lo que está pasando”.
 
OLA DE AGRESIONES
 
Las violaciones sexuales ocurren a cualquier hora del día, en especial en las colonias Filadelfia, Buganvilias y Hamburgo. Por la falta de investigación, las activistas aseguraron que no se puede precisar si existe un patrón determinado de violadores.
 
“No han investigado nada, no hay justicia para estas mujeres; además de una violación a sus Derechos Humanos esto es un caldo de cultivo para el feminicidio o agresiones mayores; si dejas que violen a las mujeres y no hacen nada ¿qué clase de mensaje estás mandando?”.
 
Sandra Sierra destacó que aunque este tipo de agresiones merece una atención especializada, pues deja secuelas físicas y emocionales tanto en las víctimas como en sus familias, en Durango no hay unidades de atención especializada.
 
“Nos dicen que sí dan la atención, pero lo que en realidad hacen es canalizarlas a otros lugares, por ejemplo a la unidad de Províctima que está en Torreón”, sostuvo la experta.
 
Por su parte, Alejandra Ceniceros, presidenta de la Casa de Restauración (albergue de mujeres víctimas de violencia), contó que las duranguenses han dejado de creer en la justicia, pues todos los crímenes quedan impunes.
 
“Lo que conocemos son casos de mujeres valientes que se atrevieron a denunciar, pero es triste ver cómo no se siguen las investigaciones y la justicia nunca llega para ellas.
 
“Desde el albergue les damos todo el apoyo que podemos ofrecer porque no tenemos los suficientes recursos, aunque se los hemos pedido al gobierno estatal, y les hemos demostrado con hechos lo importante que es para las mujeres contar con alguien que las apoye; (pero) parece que lo que ellas puedan sufrir no les importa”.
 
MIEDO
 
Según la activista, el problema del narcotráfico ha robado la atención de los medios de comunicación y el miedo ha llegado hasta los operadores de justicia, que no hacen nada por el temor de que los agresores de mujeres formen parte de los cárteles y tomen represalias.
 
“Ahora se vive como si nos hubiéramos acostumbrado a la delincuencia: si te roban sólo te queda resignarte; cuando violan a una mujer a veces a sus familias sólo les queda consolarlas, pero hay mujeres que son juzgadas o incluso señaladas por sus familias como las responsables de que las hubieran violado por no cuidarse lo suficiente, cuando resguardar su vida es una responsabilidad del gobierno”, sostuvo Ceniceros.
 
Relató que además de los casos de violación sexual, la violencia intrafamiliar también ha aumentado y las autoridades se niegan si quiera a reconocer el problema.
 
“Conocemos casos en los que llegan mujeres que han sido víctimas de abusos severos por parte de su pareja, pero que se niegan a denunciar ante el temor de ser nuevamente agredidas; además algunas de ellas tienen como esposo a alguien que podría formar parte de los grupos de la delincuencia.
 
“Por ejemplo, recientemente conocimos el caso de una mujer que llegó al albergue pidiendo ayuda porque su esposo abusaba de sus dos hijos que no habían cumplido ni cinco años; su pareja incluso pretendía utilizarlos para extracción de órganos”.
 
El albergue de Ceniceros no forma parte de la Red Nacional de Refugios –organismo civil sin fines de lucro que aglutina a albergues públicos y privados–, pues sus integrantes carecen de los recursos necesarios para instalar las cámaras de seguridad que se les exigen como requisito para ser incluidos.
 
Pese a que la labor de defensa y protección que realiza el refugio  derivó en que sus propios activistas fueran víctimas de amenazas, la Casa de Restauración no cesará en el apoyo a las duranguenses, remarcó Ceniceros.
 
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