Indígenas Me´phaa (tlapanecos) y Na´savi (mixtecos) de Ayutla de los Libres, Guerrero, denunciaron que son acosados, hostigados e intimidados y han estado sufriendo violaciones a sus derechos humanos por parte de militares, efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y policías estatales.
En días pasados, estas agrupaciones instalaron un campamento cerca del pueblo El Camalote y decían los «guachos» (soldados) «que iban a violar mujeres como han hecho en otros lugares y que iban a detener a los que están al frente de la organización que porque pertenecemos a grupos armados, dicen que somos guerrilleros», afirmó Orlando Manzanares Lorenzo, representante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).
Afirman las y los indígenas, de acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que buscan vincularlos con la «guerrilla» y detener a campesinos para acusarlos de la emboscada de que ocurrió el pasado 31 de marzo, en donde murieron cuatro policías municipales de Ayutla y un pagador de Telecomm-Telégrafos que pagarían recursos del programa Oportunidades.
Autoridades comunitarias e indígenas de El Camalote, Barranca de Guadalupe, La Cortina y La Fátima, pertenecientes a la OPMI, y la Organización Independiente del Pueblo Mixteco relataron, durante un recorrido el pasado 15 de abril, sus testimonios al visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Adelaido Memíje, la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guerrero, Aurora Muñoz, y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En esa visita también constataron que la camioneta donde fueron emboscados los policías y el pagador de Telecomm-telégrafos, hace 17 días, permanece abandonada sobre el camino, cuando se trata de una prueba y debió ser requerida por la agencia del Ministerio Público.
Durante la entrevista, el representante de la OPIM en El Camalote (donde fueron esterilizados de manera forzada 14 indígenas por la Secretaria de Salud), Manzanares Lorenzo denunció que del 8 al 12 de abril, «guachos» (soldados), agentes de la AFI, PIM y policías estatales instalaron un campamento a 30 minutos del pueblo sin dar mayor explicación de su presencia en ese lugar.
Dijo que durante todo ese tiempo la población vivió entre la zozobra y «con mucho miedo» porque «el rumor que había era de que se iban a meter casa por casa a buscar armas que porque andan buscando a los encapuchados que asaltaron en El Salto. Afirmaron también que iban a violar mujeres, como en otros lados.
Indicó que durante esos cuatro días «la gente no salió de sus casas» y que además en ese periodo el grupo de policías federales y estatales exhumó el cadáver de Alejandro Feliciano García, presunto informante del Ejército, que fue encontrado sin vida el 1 de enero en un río y de cuya muerte también los quieren responsabilizar.
Manzanares Lorenzo criticó las acciones del gobierno y afirmó que éstas más bien son «para hostigar a la gente que se organiza y que exige el respeto de sus derechos, a la vivienda, a la educación y que pide aplicar sus recursos de manera real, como ocurre en Barranca de Guadalupe, donde la gente pidió el dinero y está haciendo su comisaría. El gobierno dice que como organización no hacemos nada, que somos un grupo armado, pero él no quiere que pensemos y que exijamos servicios».
POBLACIÓN RETENIDA Y FOTOGRAFIADA
Por separado, el comisario suplente de Barranca de Guadalupe, José Espinoza Eugenio, denunció que en otro campamento que instalaron soldados y policías tanto estatales como federales, cerca de Río Velero, él y siete de sus compañeros de la OPIM (Ramiro Flores Crecencia, Melecio Flores de Jesús, Leopoldo Eugenio Rufina, Vicente Díaz Luciano, Zósimo Manuel Sierra, Galeano Manuel Espinoza y Rodrigo Flores García) fueron retenidos el 10 de abril durante una hora, fotografiados y videograbados por militares.
Agregó que les pidieron su identificación y revisaron sus datos en una computadora y luego «en una lista que cargan los guachos con nombres de habitantes de Barranca a quienes quieren acusar de guerrilleros y por la muerte de los policías en El Salto».
Espinoza Eugenio aseguró que el pasado martes 15 de abril nuevamente fue retenido aproximadamente una hora en un retén que mantiene el grupo mixtos de policías cerca de San José Hacienda, cerca de la cabecera municipal de Ayutla, mientras se dirigía a pagar la contratación de un camión de volteo que llevaría material de construcción para la comisaría.
Agregó que nuevamente compararon su nombre en una lista que traen ahora agentes de la AFI y que en ésta aparecía su nombre y su primer apellido, pero que no coincidía el segundo. «Me estuvieron haciendo muchas preguntas y me tomaron otra vez fotos, pero la verdad pues tengo miedo porque mi nombre aparece en esa lista y yo no sé que está pasando».
ACOSO
En la comunidad de La Fátima también de Ayutla, pero en la región Na´savi, el integrante de la Organización Independiente del Pueblo Mixteco (OIPM), Fernando Gallardo Catarino denunció que el 7 de abril un grupo de militares intentó «meterse» a la casa de su primo Marcos Felipe de Jesús. «A su esposa, que estaba sentada afuera, le preguntaron por Marcos y le dijeron que qué había adentro pero como no habla español no contestó nada y se metió con mucho miedo.
Luego regresaron al segundo día y también volvieron a rodear la casa y preguntaron por Marcos y dijeron que se meterían a la fuerza porque ahí adentro había armas», sin embargo la esposa lo impidió, tras meterse a su casa y cerrar la puerta «porque ella no entendía lo que estaba pasando».
Indicó Gallardo Catarino que tienen conocimiento de que el grupo de «guachos» y policías estatales y federales también cargaban una lista y no sólo buscaban a Marcos, sino a él, a su otro primo Crecencio Bernabé Porfirio y a su tío Celestino Felipe Rufino que es uno de los 16 esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud en La Fátima, Ocotlán y Ojo de Agua, que denunciaron ese hecho y han estado exigiendo castigo para los responsables y una reparación del daño.
Gallardo Catarino dijo que no entiende por qué motivo los militares y policías los están buscando, pero que tiene conocimiento de que también los quieren vincular con la «guerrilla» y responsabilizarlos de la emboscada del 31 de marzo en El Salto.
DESTROZOS
Antes, en La Cortina, también de la región mixteca, el campesino, Justino Feliciano Modesto denunció el jueves 10 de abril un grupo de militares que instalaron un campamento durante 3 días en la zona conocida como La Parota (junto con agentes de la AFI, PIM y policías estatales), entraron a su cultivo de caña y le causaron «destrozos, me cortaron 10 cañas».
Aseguró que cuando les reclamó esos atropellos, le pidieron que se identificara y le preguntaron «sobre el asalto en El Salto, pero yo les dije que no sabía nada, que soy campesino». Agregó que luego le preguntaron que si no conocía de personas que vendieran droga «los llamaron narcotraficantes, pero pues tampoco, uno sólo trabaja aquí en el campo».
RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS
Por separado, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, consideró que es «grave» esta escalada policíaco-militar porque implican una «restricción de garantías» y evidencian que la «intención» del Estado es sólo «reprimir y contener a luchadores sociales y poner en un estado de mayor indefensión a los pueblos indígenas».
Por eso, dijo, alertamos a la opinión publica nacional e internacional sobre este conflicto que se sigue profundizando, pues las autoridades no están investigando de manera profesional todos los delitos que se han cometido, desde la masacre de El Charco que fue cometida por militares y la violación de las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
«Más bien, prevalece un padrón de impunidad contra los policías que han atentado contra la vida y la seguridad de las y los indígenas y se ha permitido que sea la ley de las armas y del más fuerte el que impere la región, esto explica la aparición de grupos civiles armados que al parecer son protegidos por las mismas autoridades tal como lo han denunciado las organizaciones indígenas», expuso.
Tampoco hay un profesionalismo en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para aclarar la emboscada de Ayutla «pues la camioneta en que se conducían los policías de Ayutla y el pagador de Telecomm-Telégrafos se encuentra abandonada en el lugar de los hechos como ayer constató la Coddehum».
Y agregó que no hay un seguimiento de los que significa esta prueba, por el contrario se prefiere torturar a la gente y detenerla para obligar a que haga confesiones donde involucre a gente que está haciendo un trabajo a favor de los pueblos indígenas, como sucedió con el caso de Miguel Ángel Tornez Hernández y su hermana Yesenia, a quienes preguntaron por los dirigentes de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtemoc Ramírez.
Lamentó que el gobierno «siga dejando en manos del Ejército la investigación y atención de problemas de índole social, y que haga caso omiso a la erradicación de las causas de la pobreza, inseguridad y violencia que prevalece en la región Me´phaa».
Todo apunta a que «persiste esa estrategia de guerra de baja intensidad que busca alterar la vida comunitaria, dividirla, atemorizarla, desmovilizarla y penetrar dentro de sus estructuras como una intención de querer someter a las organizaciones sociales y a los que defensores de derechos humanos», sintetizó.
08/GG/CV
