El futuro de la Financiación para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés) «está tomando un camino peligroso», alertó la economista colombiana Cecilia López, integrante de Iniciativa Feminista Cartagena (IFC).
«Es peligroso que muchos países del mundo firmen el Consenso de Monterrey, el cual es contrario a los intereses de los pueblos. En el caso específico de las mujeres, las ONG no podemos aceptar un desarrollo que no tome en cuenta las condiciones de género.»
Advirtió que mientras continúen las actuales políticas económicas de las multilaterales y los gobiernos, la ayuda para el desarrollo nunca será suficiente.
López participó en el panel «Otro mundo es posible: alternativas de las mujeres para un desarrollo con equidad», organizado por el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), la Coalición Internacional de Mujeres para la Justicia Económica (WICEJ), y la IFC.
Agregó que con la firma del documento final de esta conferencia de Naciones Unidas, se va a ratificar la continuidad de políticas que impactan desastrosamente en las condiciones de vida de la población femenina al triplicarle su jornada de trabajo y excluirla de beneficios como la seguridad social.
«Necesitamos una nueva propuesta de modelo económico que parta del respeto al derecho que tiene cada comunidad a decidir sus propias formas de crecimiento»
La estadounidense Carol Barton, coordinadora de WICEJ, advirtió que contrario a lo que comúnmente se piensa en su país también existe mucha pobreza, y este flagelo se incrementó en los últimos años a raíz de la privatización de la seguridad social.
Narró que hace 60 años había una política del Estado para brindar asistencia en salud, vivienda y pensiones para las mujeres. Con las medidas neoliberales, agregó, miles de mujeres perdieron sus empleos en diversas industrias y se vieron obligadas a laborar en el sector de los servicios, con la consecuente disminución de sus ingresos.
«Ahora la mayoría de los empleos a los que accede la población femenina, son de baja capacitación. Por ejemplo, las mujeres están en empresas privadas limpiando los parques, cuando antes era un servicio público. Tampoco tienen derecho a organizarse en sindicatos.»
Demandó que para corregir la situación de inseguridad social de las mujeres y la población en general, el Estado debe recuperar el control de las políticas públicas en ese sentido.
La africana Zo Randriamaro, de la Red del Tercer Mundo, denunció que su país de origen –Ghana– esté condicionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a que privatice los servicios de agua potable y electricidad para que se le reduzca su deuda externa.
Dijo que en su país 45 por ciento de la población carece de agua potable, 68 por ciento no tiene servicios sanitarios y el 40 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza.
«La globalización no trabaja para las personas pobres, entre ellas las mujeres, sino que es la población marginada la que está al servicio del proceso globalizador», agregó.
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