Guatemala: demandan más juzgados contra feminicidio

Para la coordinadora general de la Alianza de Mujeres Rurales, Raquel Vásquez, las guatemaltecas cargan con la triple discriminación en comunidades, organizaciones y por parte del Estado, instancia que, a su juicio, las invisibiliza.
 
En entrevista con Prensa Latina, afirmó que esa situación es muy difícil e ilustró que el trabajo de ellas en el campo no es reconocido.
 
Ante ese dilema, precisó, las mujeres nos planteamos retos muy grandes como avanzar en la eliminación de la violencia física, sexual, económica de un sistema patriarcal, donde muchas veces las decisiones las toman los hombres, que tienen el poder.
 
Consultada sobre las más de 700 mujeres asesinadas cada año, expresó que ellas como agrupación han hecho la propuesta al Estado de Guatemala para que ponga mayor énfasis al respecto.
 
En su opinión, la violencia y las muertes registradas en los últimos años tienen que ver con que han levantado su voz, callada durante mucho tiempo.
 
“Eso también tiene relación con la violencia económica. Muchas mujeres se ven forzadas a trabajar sexualmente, obligadas a eso porque no hay otras alternativas. Las mujeres en el campo y en la ciudad sufren una violencia muy marcada y eso nos impide avanzar”.
 
“Por eso pedimos al Estado que tome cartas en el asunto al instalar más juzgados contra el feminicidio. Hasta la fecha tienen siete juzgados de ese tipo y somos 22 departamentos (estados) en Guatemala”.
 
Otra sugerencia, indicó, es que en esos tribunales se hablen los idiomas indígenas, según la zona del país. “Porque si en un juzgado contra feminicidios no hablan el idioma de la región, ¿cómo los jueces van a entender a las mujeres?”.
 
“También solicitamos al Estado que nos deje mantener nuestra organización social porque en Guatemala estamos siendo muy recriminados, cuestionados y perseguidos. No quieren que los pueblos, las organizaciones, surjan, salgan adelante, por eso luego viene la criminalización”.
 
Al respecto, manifestó que no están haciendo nada fuera de la ley. “Estamos actuando porque vemos que el gobierno y el Estado sólo responden a las empresas trasnacionales y no a las necesidades de las comunidades y los pueblos”.
 
OTRA MIRADA AL TEMA
 
La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y actual jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, afirmó a esta agencia que las instancias de la capital contra el feminicidio colapsan y constantemente hay que reestructurarlas para que sigan atendiendo ese tipo de casos.
 
Afirmó que esos juzgados están instalados en Guatemala, Chiquimula, Huehuetenango, Quetzaltenango, Escuintla, Izabal y Alta Verapaz, los siete departamentos donde se reportan los más altos índices de tales crímenes.
 
En ese sentido, Aldana dijo que eso no significa que el resto del país esté libre de violencia hacia las mujeres, pero por razones de presupuesto nos vemos imposibilitados de contar con una judicatura de esa clase en los 22 departamentos guatemaltecos.
 
La Ley Contra el Feminicidio se aprobó en 2008, el mismo año en que se registraron 800 denuncias de violencia de género y sólo se emitió una sentencia.
 
Hace dos años los tribunales dictaron 314 condenas por esa índole de sucesos y en 2011 recibieron cuatro mil casos y dictaron 763 castigos penales. En 2012 fueron 400 las sentencias condenatorias por feminicidio y el año pasado llegaron a casi mil, según Aldana.
 
Mientras estos números hablan de lo ya ocurrido, todavía se desconocen los nombres de las miles que llevan en silencio su historia de maltratos por temor a las consecuencias en sus casas, donde suceden la mayoría de los asesinatos, como corroboran fuentes oficiales.
 
MUJERES Y EMPODERAMIENTO
 
Vásquez es dirigente de la comunidad indígena La Guadalupe, en el municipio guatemalteco de Santo Domingo Suchitepéquez, a 161 kilómetros al suroeste de esta capital.
 
En los años 80 del siglo pasado vivió exiliada en México durante el conflicto armado (1960-1996). Fue de las pocas que negoció las condiciones que ellas exigían para el retorno al país centroamericano y para el posterior reasentamiento tras la guerra civil de 36 años.
 
Ella y otras más se asentaron en La Guadalupe y lograron la copropiedad de las fincas, donde llevaron a cabo proyectos productivos para asegurar su empoderamiento económico.
 
“No es suficiente que las mujeres aparezcan en el título de propiedad sino que deben ejercer su derecho pleno a decidir sobre la tierra y su alimentación”, dijo la líder campesina.
 
Por su parte, Aldana –maestra en Derecho Civil y Procesal Civil– comenzó su carrera profesional en 1981 como conserje del Juzgado de Familia de Quetzaltenango (suroccidente).
 
A partir de su experiencia en defensa de la equidad de género, publicó en 2013 su ensayo “Los retos de la esperanza”. En el texto académico, la autora analiza los fundamentos históricos del patriarcado y hace particular énfasis en la justicia especializada con enfoque de género en Guatemala.
 
Aunque ha aclarado que tanto el asesinato de un hombre como de una mujer es reprochable, ha diferenciado que, por lo general, “a ella se le hace sufrir antes de la muerte, se le viola, se le mutila, y ya muerta se descuartiza”.
 
La estructura patriarcal, subrayó, utiliza la violencia como una forma de hacerle entender a la mujer que debe ser sumisa y dedicarse a los asuntos privados de su casa, sin que pueda desarrollarse como ser humano, mientras sufre en silencio.
 
Con opiniones propias y desde diferentes roles en la sociedad guatemalteca, Vásquez y Aldana coincidieron en señalar los maltratos sufridos por las guatemaltecas inmersas en un sistema que tiende a excluir o subestimar las cualidades de las mujeres.
 
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.
 
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