El nombramiento del presunto genocida Efraín Ríos Montt como presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos es tan aberrante como si una persona misógina encabezara la Comisión de la Mujer. La hostilidad hacia las mujeres es un rasgo político de la misoginia. De tal manera, que igual sería un absurdo colocar como titular de la Comisión de la Mujer del Congreso a alguien que rechaza o desprecia lo femenino.
El ex golpista Ríos tiene que ser retirado de ese cargo, y en ello el ejercicio de la libre emisión del pensamiento tiene un gran peso. Ningún congresista que reconozca la ética como guía de sus actos, independientemente del partido político al que pertenezca, puede guardar silencio ante la monstruosidad avalada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y los jefes de las bancadas mayoritarias que se distribuyeron las comisiones.
El cambio de legislatura se está dando en un contexto en el que priva una calificación negativa hacia el Congreso, por varios motivos, entre ellos: el elevado número de diputados, la lentitud e ineficiencia de sus dictámenes, la falta de informes de trabajo que comprueben su capacidad de iniciativa y elocuencia parlamentaria (en total sumaron 144 hombres) y los constantes tránsfugas de partidos que muestran falta de compromiso colectivo. El desprestigio se lo han ganado con múltiples pruebas.
Para acallar las críticas de que fueron objeto el año pasado por pretender auto-asignarse una indemnización (a quienes dejaban el organismo Legislativo), los diputados tuvieron que echar marcha atrás en ese objetivo.
Así hoy, los cuestionamientos tienen que seguir por parte de los actores sociales y políticos, dentro del Estado y la sociedad civil. Ya se conocen algunos, pero aún son insuficientes. Tal personaje, señalado como responsable ejecutor de la política contrainsurgente a principios de la década de los 80, ha logrado burlar la justicia y continúa contando con la complicidad de muchos políticos, de tal manera que para ser retirado del cargo totalmente inmerecido, se requiere conformar una corriente fuerte de opinión que rebase las columnas y editoriales.
Entre la amplia bibliografía que documenta las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército y las patrullas paramilitares en Guatemala, se encuentra el Estudio histórico antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichupac y Río Negro, realizado por el Equipo de Antropología Forense de Guatemala en 1997. Éste analiza las atrocidades cometidas por esas fuerzas de seguridad en Rabinal (Baja Verapaz), entre 1981 y 1983, lapso en el cual todas las libertades políticas fueron violadas.
Conocer la dimensión de las acciones represivas y el impacto de la violencia en las comunidades en esa época provoca desconsuelo. Y si se piensa que el Jefe de Estado, entre el 24 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, es el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ello causa indignación, hasta llegar a las náuseas.
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