Delitos contra la vida, femicidio, linchamientos, estigmatización de la juventud, impunidad, desigualdad y exclusión social, vive la mayoría de guatemaltecos ante la indiferencia de las autoridades del gobierno actual, según reportó la Convergencia por los Derechos Humanos.
Al conmemorar el 61 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, la Convergencia llamó a los funcionarios a dejar de utilizar los derechos fundamentales como un lema en sus discursos y campañas publicitarias y a convertirlos en políticas públicas para superar la desigualdad y la exclusión.
En un comunicado las entidades hicieron ver que hacen falta leyes como la de Desarrollo Rural, estancada en el Congreso de la República y el aumento a la carga tributaria, para quienes tienen más ingresos, rentas y bienes.
En el tema de seguridad, que es una de las problemáticas más agudas que enfrenta el gobierno actual, exhortaron a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y de la Justicia, de los que son garantes de cumplimiento las iglesias, católica y evangélica, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
De acuerdo con la información, existe un aumento desenfrenado en el número de homicidios y delitos contra las y los guatemaltecos; se incrementó el femicidio, los linchamientos, la llamada «limpieza social» que afecta principalmente a los jóvenes y se invisibiliza la violencia contra la niñez.
El 2009 también se ha convertido en uno de los años más violentos para los que defienden las garantías fundamentales; se contabilizaron 339 agresiones contra los activistas y 15 de ellos fueron asesinados con el claro objeto de detener su trabajo.
El sistema de justicia fue objeto de la crítica de la Convergencia, que considera que el reto más urgente es romper con la impunidad existente y avanzar en la aplicación de la justicia para los casos de las graves violaciones registradas en años de la guerra interna.
Según las organizaciones este año se dio un significativo avance al lograrse dos condenas por casos de desaparición forzada en Choatalum, Chimaltenango y en la aldea El Jute, en Chiquimula.
Finalmente las entidades señalaron que ante este escenario, la promoción y defensa de los derechos humanos de la población, principalmente de quienes sufren pobreza, hambre, desnutrición, falta de recursos para producir, el abuso de grupos poderosos y la violencia común, requieren de acciones efectivas que les permitan vivir en paz.
Firmaron el documento la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), la Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entre otros.
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