La Secretaría de Salud y la Procuraduría de Justicia de Guerrero (PJG) se niegan a brindar información sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) a las mujeres víctimas de violación sexual, acusó el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.
Cuatro meses después de que esta agrupación y un grupo de organizaciones civiles de esta entidad crearan un observatorio para vigilar el acceso al aborto por violación, han constatado que las autoridades no garantizan que las mujeres ejerzan este derecho.
Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense, precisó en entrevista que desde 2010 la entidad cuenta con lineamientos para garantizar el aborto por las causales permitidas, sin embargo hasta ahora no se sabe cómo funcionan estos servicios.
Paradójicamente, Guerrero no forma parte de las 17 entidades federativas que desde 2008 reformaron sus constituciones locales para «proteger la vida desde la concepción fecundación», lo que ha dado pie a que las mujeres sean criminalizadas por interrumpir sus embarazos.
La defensora de los derechos femeninos explicó que desde mayo pasado cuando se creó el observatorio para dar seguimiento a estas reglas de operación, las autoridades judiciales y los servicios de salud se niegan a dar información al respecto.
Hay que señalar que el observatorio nació con el objetivo de vigilar que se garantizara la interrupción del embarazo, identificar a los y las médicos objetores de conciencia, y capacitar al personal médico para realizar este procedimiento.
Sin embargo hasta ahora las organizaciones promotoras de esta iniciativa ?el Colectivo Nosotras, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, Ddser Guerrero y Comunidad Raíz Zubia, entre otros? se han topado con varios obstáculos.
El primer obstáculo, destacó Silvia Castillo, es la indiferencia y negligencia del secretario de Salud estatal, Lázaro Masón Alonso, quien se niega a escuchar las propuestas y preocupaciones de las organizaciones civiles porque teme que después «le pidan trabajo».
Además esta dependencia les ha informado que no tiene datos sobre abortos por violación, pese a que las organizaciones consideran que cada año podrían ingresar a urgencias decenas de mujeres por procedimientos mal practicados.
Guerrero no es la única entidad que se niega a garantizar el aborto por violación, toda vez que según un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en el país no hay coordinación entre las autoridades de justicia y los servicios de salud para atender estos casos.
En el estudio «Atención de las mujeres víctimas de violación en las secretarías de Salud de 10 estados» se explica que a excepción del Estado de México, las dependencias desconocen cuántas mujeres embarazadas por violación atendieron, cuántas solicitaron un aborto legal y cuántas fueron autorizadas.
Castillo además acusó que la PJG, encabezada por la procuradora estatal Martha Elba Garzón Bernal, tampoco les ha brindado información sobre las denuncias iniciadas por el delito de violación ni el número de peticiones para interrumpir el embarazo.
Silvia Castillo señaló que de acuerdo con información extraoficial, aunque al Ministerio Público lleguen mujeres a denunciar que fueron víctimas de violación sexual no se les informa que en caso de embarazo pueden pedir que se garantice su derecho al aborto.
El artículo 121 del Código Penal estatal establece que el aborto no se penaliza por imprudencia de la mujer embarazada, sea resultado de una violación o de una inseminación artificial indebida, y cuando el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas.
Ante esta situación las organizaciones se reunirán esta semana con la procuradora estatal para pedirle que establezca compromisos claros, para capacitar a los operadores de justicia y garantizar el aborto a las víctimas que quieran acceder a ese derecho.
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