Hoy por hoy se estima que un 23 por ciento de las niñas y un 15 por ciento de los niños sufre abusos sexuales antes de los 17 años.
Save the children
Dos factores descomponen a una sociedad: el silencio ante la comisión de delitos y la complicidad para que éstos queden impunes arropados en redes de corrupción social y gubernamental. El doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró en el programa Reporte 13 que el gobierno foxista no solamente ha solapado los casi 300 asesinatos de mujeres y «más de cuatro mil jóvenes desaparecidas en Cd. Juárez, el gobierno también es delincuente», dijo. Las palabras de Soberanes sientan un serio precedente en el México del cambio, nos alertan para asegurar que no solamente las cosas, en materia de impartición de justicia en México no están mejor, sino que han empeorado y en aras de aparentar progreso democrático el gobierno foxista se ha convertido en cómplice de la corrupción y es, a su vez, un delincuente que voltea la mirada a la creciente impunidad.
Las palabras del presidente de la CNDH reverberan en Quintana Roo; a partir del hecho histórico de la denuncia de una red de abuso sexual y pornografía infantil encabezada por el hotelero Succar Kuri, surgen hechos de innegable corrupción e impunidad. Ya se dijo que el sujeto huyó, habiendo suficientes pruebas para detenerlo e investigarle; ya se dijo que hay dos investigaciones: una en el fuero común, en manos de Leidy Campos en la Subprocuraduría de Justicia de la zona norte, y otra del fuero federal en manos de la PGR. Ambas siguen su curso.
Sin embargo, lo cierto es que las consecuencias de haber permitido su huida son terribles, puesto que si no se logra probar la pornografía infantil (el delito federal), Succar tendrá que testificar ante la PJ por abuso sexual y corrupción de menores, y es muy probable que con una fianza salga libre; esa es la realidad, sus abogados lo saben, nosotras también.
Hará falta revisar este hecho histórico en la vida de Quintana Roo. La revictimización de las víctimas, la simplicidad de las autoridades para asumir, sin previa investigación, que las madres y las ya adolescentes víctimas, son culpables; el facilismo producto de la ignorancia de las autoridades para descalificar las declaraciones de la víctima y testiga principal. Es curioso el hecho de que Leidy Campos siga en el caso, cuando se le debió retirar hasta investigar a fondo y rendir cuentas de cómo y por qué se violaron los derechos constitucionales de estas víctimas y se infiltraron las pruebas del delito a la prensa. Queda claro que nuestras autoridades siguen evaluando estos casos desde una visión criminológica y no, como en el resto del mundo civilizado, desde la victimología.
En este país todo lo que una víctima diga puede ser usado en su contra; habrá que preguntárselo a la maestra de La Salle quien, de buena intención e ignorando las consecuencias, se involucró en el caso Succar y ahora será investigada como cómplice, porque siendo maestra de moral de las víctimas sabía del caso desde hace tres años y no lo denunció a las autoridades.
Así como resulta legal y moralmente injusto acusar sin pruebas a Leidy Campos, lo es también asumir que las madres de las víctimas fueron todas cómplices y no también víctimas de Succar, del sistema que las mantenía en la miseria, en la ignorancia. Habrá que investigarlas a todas, dentro del marco jurídico.
Resulta sorprendente que la Procuraduría de Justicia no entienda o conozca lo que la victimología denomina Síndrome de Adaptación Paradójica: en víctimas de abuso y explotación sexual infantil, se crea un vínculo afectivo y dependiente difícil de romper incluso en adultos. Los abusos sexuales se producen con más frecuencia entre los 10 y los 13 años; a partir de los 14 se registra un descenso debido, probablemente, a que ofrecen una mayor resistencia a los abusos. Los abusos son más frecuentes en preadolescentes que ya tienen rasgos sexuales, pero que todavía no tienen mucha capacidad de autoprotección, pero si se les cooptó antes de los 13, como en el caso de la testiga principal de Succar, muchas víctimas se mantienen junto al captor hasta por 10 años, considerándole su salvador y propietario. Entre esas edades ocurren más del doble de casos de abusos sexuales que en cualquiera de las otras edades. Las condiciones que favorecen la explotación sexual son: pobreza, bajo nivel cultural, viviendas inadecuadas, abuso del alcohol, etc. Situaciones familiares como ausencia de los padres biológicos, discapacidad o enfermedad de la madre, las relaciones pobres, escasas o deficitarias por algún motivo con los padres y el hecho de tener padrastro.
Un dato más: en un 46 por ciento de los casos los abusos se repiten sistemáticamente sobre la misma víctima. Sólo en un 10 por ciento de los casos usan la violencia, habitualmente recurren, como Succar, al engaño, tratan de ganarse la confianza de las víctimas o se aprovechan de la confianza familiar, utilizan estrategias como el factor sorpresa, les amenazan o les dan premios o privilegios de diferente tipo. El catedrático Félix López dice que nunca se debe culpar a la niña o adolescente del abuso. No hay que reñirle o castigarle por lo sucedido, se haya resistido o no, lo importante es no responsabilizar a la víctima, incluso en los casos en los que el agresor ha logrado que colabore.
Nunca hay que abordarle con preguntas como: «¿Por qué le dejaste hacerlo?», «¿Por qué no me lo dijiste antes?», «¿Por qué no dijiste no, huiste o luchaste». La estrategia de los abusadores, sean padres biológicos o «tíos postizos» como Succar, es la misma: les mantienen, dan comida, escuela, regalos y cariño a cambio de silencio, dice Amalia del Campo. La mayoría de las expertas en el tema aseguran que resulta fundamental no culpabilizar, en ningún caso, a las niñas: «Las víctimas nunca tienen la culpa. La culpa –concluye- es siempre del agresor».
Habrá que poner al día a las autoridades.
03/LC/GMT
