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Hacen frente para evitar reforma Provida en Aguascalientes

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Organizaciones nacionales y de Aguascalientes advirtieron que no permitirán que el Congreso del estado apruebe la iniciativa priista de reforma a la Constitución local, que penaliza el aborto “al proteger la vida desde la concepción”, toda vez que “lesiona gravemente” los derechos reproductivos de las mujeres.
 
Las defensoras del derecho a decidir coincidieron en que cerrarán filas para impedir el embate del PRI y el clero católico en Aguascalientes, luego de que de 2008 a diciembre de 2010 en 17 estados del país el tricolor impulsó reformas constitucionales para criminalizar la interrupción legal del embarazo.
 
Adriana Jiménez, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), informó a Cimacnoticias que esta semana las organizaciones de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir y asociaciones del estado norteño llevarán a cabo diversas acciones para frenar la iniciativa del priista José Luis Alférez.
 
Jiménez alertó que temen que el presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso local pretenda “madrugar” y promover que la iniciativa se vote “lo antes posible”.
 
La coordinadora nacional de Ddeser expresó su preocupación porque “el PRI inicia el sexenio con la criminalización de las mujeres, cuando uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto fue no criminalizar a las mujeres por abortar”.
 
La activista indicó que no permitirán que la Iglesia interfiera en alianza con el tricolor “en un asunto que no es del espíritu sino de la legalidad y de Derechos Humanos de las mujeres”, como ya sucedió en 17 estados.
 
En este sentido, Marcela Martínez, directora del Instituto Superior de Educación Sexual, indicó que al presentar esta iniciativa Alférez  “siguió la línea de la jerarquía católica en el estado”, como ha ocurrido en las últimas tres Legislaturas.
 
“Cada que hay elecciones resurge la amenaza; es la tercera vez que se presenta una iniciativa de este tipo y que objetamos a favor de los derechos de las mujeres”, refirió la abogada.
 
Martínez  mencionó que la modificación al artículo 2 de la Constitución estatal que propone el diputado priista “lesiona gravemente” los derechos reproductivos de las mujeres, al penalizar el aborto “bajo cualquier circunstancia”.
 
Actualmente el artículo 2 de la Constitución local plantea que “todo individuo gozará en el estado de las garantías que otorga la Constitución federal y tendrá los derechos y obligaciones establecidas por las leyes locales”.
 
Mientras que la iniciativa del PRI propone que “todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, por ello nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”.
 
De acuerdo con la activista, también presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la propuesta carece de sustento jurídico, ya que se basa en tratados internacionales “caducos”, se apoyan en una sola jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, emitida antes de la discusión de la despenalización del aborto en el DF en 2007, y en una “interpretación bastante corta y tendenciosa del artículo 1 constitucional”.
 
Marcela Martínez refirió que ante el “riesgo latente” de que el PRI y la jerarquía católica atenten contra los derechos de las mujeres de Aguascalientes, “necesitamos el apoyo y solidaridad nacional” para que la iniciativa sea desechada.
 
Por su parte, Roxana Escobar, directora de la organización civil Mujer Contemporánea, indicó que de aprobarse la propuesta de José Luis Alférez se dificultaría todavía más el acceso de las mujeres a los servicios de salud para practicarse un aborto por las causales no punibles en el estado.
 
Y es que, dijo, en el estado “son muy pocas las mujeres que logran acceder a la interrupción legal del embarazo, ya que en el sector salud el personal médico se niega a practicar un aborto apelando a la objeción de conciencia o a su ética profesional”, por lo que es “difícil” encontrar un médico que realice este procedimiento.
 
Escobar señaló que con una reforma a la Constitución que proteja la vida desde “la concepción” se corre el riesgo de que las mujeres de su entidad “sean perseguidas y encarceladas por aborto, aún cuando éstos no sean provocados, como ha pasado en otros estados” que tienen el mismo marco legal.
 
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