Inicio Hasta 65 mil abortos inseguros cada año en Guatemala

Hasta 65 mil abortos inseguros cada año en Guatemala

Por Patricia Galicia, corresponsal

El 36 por ciento de las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado en este país centroamericano recurre al aborto, y al estar penalizado lo realiza en condiciones inseguras, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, de acuerdo con un estudio del Instituto Guttmacher.

Según la misma investigación, en Guatemala cada año se practican unos 65 mil abortos de manera insegura por personal no capacitado.

El Código Penal estipula que las mujeres pueden ir a la cárcel por un aborto procurado o por consentir que otra persona se los cause. Además enfrentan la presión social de que si en algún momento quedan embarazadas, están destinadas inexorablemente a ser madres como parte de su rol de género.

PROGRAMAS DE SALUD INEFICACES

Según datos oficiales, cientos de mujeres llegan desangrándose a los servicios médicos en Guatemala por hemorragias intrauterinas, una de las principales causas de muerte materna. Pocas de ellas se atreven a decir que recurrieron a un aborto inducido.

Desde hace 10 años funciona el Programa de Atención Post Aborto del Ministerio de Salud Pública, sin embargo usuarias del servicio cuestionan su eficacia.

Mujeres han denunciado que los prestadores del servicio las discriminan indistintamente si llegan por un aborto espontáneo o provocado. Acusan que las revictimizan al interrogarlas desde parámetros morales y practicarles reiteradas veces los exámenes físicos.

En algunos casos se les practican legrados sin anestesia “para que aprendan”, según testimonios de mujeres que acudieron a hospitales nacionales.

En el Ministerio de Salud no existen protocolos o normas específicas para atender estos casos a pesar de que desde hace 10 años el personal de salud fue capacitado en atención post aborto.

Rossana Cifuentes, directora de Proyectos de la Asociación de Mujeres Médicas, explica que durante este año han apoyado al Programa Nacional de Salud Reproductiva en la elaboración de la Guía integral de las hemorragias del primer y segundo trimestre, sin embargo, aclara, “aún es un reto su aprobación e institucionalización”.

LEYES PENALIZADORAS

“Este tipo de leyes (el Código Penal guatemalteco) son antiéticas por discriminatorias, penalizan sólo a las mujeres y no a los hombres que las embarazan. Penalizan a las mujeres que tienen menos condiciones económicas, indígenas además, que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a servicios médicos seguros y de calidad”, advierte Julián Cruzalta, fraile franciscano asesor de Católicas por el Derecho a Decidir en México.

De visita en el país centroamericano para participar en el foro “Despenalizando el aborto en nuestras conciencias”, Cruzalta agrega: “Así se violenta la libertad, autonomía, privacidad e integridad de las mujeres, su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a planear y realizar libremente su futuro, a preservar su salud y a vivir en condiciones de igualdad”.

Ese foro fue organizado por la Asociación de Mujeres Tierra Viva, cuya vocera, Evelyn Morales, señala: “El Estado debe asumir su responsabilidad legal de dar educación sexual y anticonceptivos a las mujeres. A la sociedad le pedimos respetar la libertad de conciencia de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo por las razones que ella considere, porque esa decisión es valedera para ella y la vivirá en su propio cuerpo”.

La activista también hace un llamado a la población masculina para que sea responsable de su reproducción, y asuma las consecuencias que las mujeres enfrentan en los abortos.

Además considera que es imperativo “desterrar el miedo de las conciencias y eliminar los prejuicios culturales” para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Los procesos educativos capacitan a las personas a decidir libre y responsablemente y los marcos jurídicos políticos los garantizan, concluye.

El Consenso de El Cairo, firmado en 1994 por 184 gobiernos, reconoce que el aborto en condiciones no adecuadas es un grave problema de salud pública y exhorta a los Estados a reducir la incidencia de las interrupciones del embarazo en condiciones no adecuadas.

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