Ante el incremento de la migración mexicana hacia Estados Unidos, en el Foro Social Mundial México 2008, celebrado en la Ciudad de México del 22 al 26 de enero, se propusieron alternativas para mejorar la estancia de las y los migrantes documentados en el país vecino, enfocadas a hacer más eficiente la administración de sus remesas, proporcionarles un seguro de empleo y su sindicalización, por medio políticas públicas nacionales e internacionales.
Existe un acuerdo paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia laboral, que establece garantías para el trabajo migratorio, recordó Joaquín Ortega Esquivel, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en materia laboral, durante la mesa Mesoamérica y migración, que tuvo lugar en el Foro Social.
Así, expuso Ortega, diversas organizaciones de migrantes han luchado porque se admita una corresponsabilidad del Gobierno de México con el de Estados Unidos, que permita la realización de acciones para lograr una organización legal del trabajo migratorio.
Esta propuesta de organización para el trabajo migratorio se basa en cuatro puntos: la organización económica y laboral, para reunir tanto a migrantes en Estados Unidos como a sus familiares en México para generar, a partir de clubes de paisanos, asociaciones laborales o mercantiles, que en un principio puedan organizarse bajo la forma de asociación cooperativa.
En segundo lugar está la sindicalización de las y los migrantes. Al respecto, el también asesor de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior, con sede en Nueva York, señaló que es importante declarar como de interés público los convenios laborales entre los sindicatos mexicanos de trabajadoras y trabajadores migratorios existentes y las federaciones de los Estados Unidos.
Si las y los migrantes se integran a organizaciones sindicales, explicó Ortega, puede generarse el respeto del acuerdo de cooperación laboral del TLCAN, así como las resoluciones que en materia de derechos humanos han otorgado a las y los migrantes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como tercer punto está el ahorro masivo de las y los trabajadores migratorios por medio del manejo autónomo de las remesas familiares, cuyo beneficio sólo podrá existir siempre y cuando se garantice la autonomía de esas remesas por parte de las propias asociaciones de trabajo migratorio.
Según Ortega, con el adecuado manejo del dinero de las y los migrantes «el salario de nuestros hermanos dejaría de ser una fuente de enriquecimiento ajeno al país y concentrador de riqueza, para ser un instrumento de ingresos productivos para el país, y distribuidor eficaz de la riqueza».
Por último, hizo un señalamiento de las políticas públicas necesarias para las y los migrantes. Internacionalmente se requieren medidas para que cualquier país pueda realizar las acciones necesarias en contra de actos de violación de los derechos humanos de las y los trabajadores migratorios.
Detalló que es necesario un acuerdo bilateral que declare de interés internacional la creación de apoyos para la organización económica y laboral de las y los trabajadores migratorios, y de quienes aspiren a ingresar como migrantes en México y Estados Unidos.
También es indispensable una regulación especial bancaria que facilite el manejo autónomo de las remesas familiares en ambos países y fomentar la constitución de fondos multilaterales de inversión, con el principio de que no puede ponerse en pocas manos lo que puede ser una fuente de desarrollo para muchos.
Finalmente, respecto a las políticas nacionales, Ortega mencionó la necesidad de un decreto del Gobierno Federal que declare de interés público la formación de organizaciones para el trabajo migratorio.
Así como una iniciativa legislativa de reforma a la Ley del Seguro Social, para integrar un fondo de aseguramiento social, ya sea con una cuota pagada por las compañías que manejarán las remesas familiares o con las aportaciones de cualquier inmigrante asalariado documentado en Estados Unidos.
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN
Ante la importancia del tema migratorio, en un escenario distinto al Foro Social, el jueves 24 de enero, durante la Conferencia Internacional Cruzando el muro, soluciones de mercado para el conflicto migratorio México-EE.UU., celebrada en el Ex Templo de Corpus Christi, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se habló de una solución para dejar de criminalizar a la población migrante indocumentada mexicana, a través del establecimiento de un programa de empleo temporal en Estados Unidos.
Este programa representaría la alternativa más viable ante el conflicto migratorio entre México y el vecino del norte, afirmó Helen E. Krieblen, presidenta de Krieble Foundation, institución con sede en Denver, Colorado, fundada en 1984 a favor de un capitalismo democrático.
Krieble apuntó que la migración laboral debe regirse por las leyes de oferta y demanda, no por políticas que criminalizan a las y los trabajadores indocumentados. Así, de acuerdo con las necesidades del libre mercado, se debe determinar cuántos extranjeros pueden entrar a Estados Unidos a trabajar con documentos y de manera temporal.
Si se requiere un millón de trabajadores en la economía, pues un millón de permisos de trabajo deberían serles otorgados, mediante un programa aplicado por agencias de empleo establecidas en el extranjero que, según Helen Krieble, agilizarían todo el proceso.
La también empresaria explicó que al manejar una programa de empleo temporal no tendría que involucrarse un plan de ciudadanía, pues Krieble argumenta que la mayoría de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos no quieren ser ciudadanos sino trabajadores documentados.
Agregó que su propuesta de un programa de permisos temporales tendría beneficios, tales como incentivar a las y los indocumentados a salir de Estados Unidos para buscar su reingreso con documentos, en mejores condiciones laborales. Sería una solución simple e inmediata a la seguridad fronteriza y, ante la incertidumbre reciente de la economía estadounidense, un factor de dinamismo para ésta.
RUMBO AL ZÓCALO
La búsqueda de alternativas para el trabajo de las y los migrantes en el extranjero es impostergable, pues la crisis agrícola en México, provocada por el abandono gubernamental y por el TLCAN se agudiza, y con ella la migración, consideran organizaciones campesinas en todo el país.
La situación se vuelve cada día más complicada, con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN, a partir de enero de este año: hasta ahora, el acuerdo ha logrado que 2 millones de campesinas y campesinos pierdan su tierra y se vean obligados a emigrar a Estados Unidos, informó Víctor Suárez, representante del movimiento por la Soberanía Alimentaria Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco, pon a México en tu boca, durante la inauguración del Foro Social Mundial.
En respuesta, asociaciones civiles, organizaciones campesinas, feministas y sindicales, se reunirán en el Monumento al Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México y protestar por el impacto negativo del TLCAN en México, mañana 31 de enero a las 15:00 horas.
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