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Hay que hablar más del Polochic

Las fuerzas de seguridad están siendo agraviadas a través de una campaña nacional e internacional. Esta aseveración se ha escuchado un sin fin de veces. Se me hace difícil creer que ese mismo discurso lo utilice el gobierno de la República de Guatemala para referirse a los 12 desalojos en el Polochic, dando así una mirada sesgada de la realidad.

Los señalamientos que responsabilizan a las mujeres y hombres organizados e integrantes de grupos acompañantes de los hechos de violencia ocurridos a raíz de las ocupaciones de tierras o tomas de carreteras (formas de presión social), han sido reiterados en este país y son propios de gobiernos finqueros y portavoces de las cámaras del empresariado.

Claro, si las personas jodidas en el campo estuvieran resignadas, aplaudiendo una política de desarrollo rural que carece de presupuesto, agradeciendo una ley que está congelada, aguardando calladitas que un empleo fijo les caiga del cielo, no serían calificadas de intransigentes y violentas.

Los mismos argumentos que utilizó el ahora ex presidente Óscar Berger después del desalojo de Nueva Linda, son emitidas por Álvaro Colom.

Esas interpretaciones son unilaterales porque niegan el contexto de este país centroamericano: la historia de despojos de tierra que han sufrido las comunidades indígenas, de ignominias que padecieron las familias de mozos colonos, de segregación que viven varias generaciones.

Tales argumentos supuestamente valoran “la legalidad”, ese eufemismo que ha avalado a patrones para no pagar sus obligaciones laborales de ley, que ha tolerado la evasión de impuestos, que ha fomentado la corrupción en todas las esferas del Estado, que ha permitido la acción de jueces inescrupulosos y acciones contrainsurgentes, que ha dado vía libre a los guardias armados de los finqueros; en suma, que ha generado pobreza y exclusión, así como una discriminación y desigualdad inauditas en el campo guatemalteco.

Si las acciones ciudadanas como mesas de diálogo o marchas “sin interrumpir el tránsito” resolvieran las añejas demandas campesinas, lógicamente las ocupaciones u otras formas de protesta estarían ausentes del escenario nacional.

Si ha tenido lugar una muerte violenta durante un desalojo, cabe de inmediato el esclarecimiento de los hechos, no la inculpación de los mismos ocupantes por no dejar pasar una ambulancia.

Es como si se repitiera esa asquerosa mentira: eres responsable de tu propia muerte por ser comunista o revoltoso, eres responsable de las heridas recibidas por haber participado en una protesta social, eres responsable de haber sido violada porque formaste parte de ese grupo que luchaba por su derecho a la tierra, eres responsable de estar huérfana por tener un padre que estaba durante un desalojo…

* Periodista mexicana radicada en Guatemala, editorialista, integrante de la organización La Cuerda, cofundadora de la Red Centroamericana de Periodistas.

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