Tras cuatro días de discusión en el Simposio Sanciones por algunos Delitos Imputables a Clérigos, según el Derecho Canónico y Civil, celebrado en la Universidad Pontificia de México, donde se habló sobre casos de abuso sexual de menores de edad, los conferenciantes debatieron con el público asistente, informó la Agencia NotieSe.
Damián Astigueta, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, respondió a la pregunta sobre las deficiencias de preparación en el caso de los curas pederastas que «el problema no es solamente de formación, viene antes con la familia. Generalmente los problemas afectivos están en la persona porque ya son parte de un trauma previo a la etapa de formación seminal». Agregó que se debe hacer una investigación seria sobre los antecedentes familiares y sociales del candidato.
Sobre el caso del presunto encubrimiento del cardenal Norberto Rivera al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, Guillermo Rodríguez, docente de la Universidad Pontificia de México, dijo que está «consciente de que ese caso no ha sido llevado al tribunal eclesiástico correspondiente; ha sido un caso monopolizado sobre todo por los medios de comunicación y por tanto politizado».
Luis Barba, defensor de las víctimas del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, comentó que «(la indemnización) es una forma legal muy astuta de no llegar a juicio, si dan estas cantidades de dinero, 680 millones de dólares, lo menos que logran es que quede la duda y aducirla a razones de que se hace por la paz, la tranquilidad y no armar más escándalo».
En medio del debate, Luis Barba denunció el despido del juez del tribunal de la Arquidiócesis Antonio R. Ornelas por el hecho de haber acompañado en octubre de 1998 a una comitiva que denunciaba los actos de pederastia de Marcial Maciel Degollado.
Además comentó que la Iglesia católica protege por medio del Derecho Canónico a personalidades de su comunidad que poseen fuerza económica y publicitaria como el caso de Maciel, ya que desde 1998 se han denunciado sus actos de abuso sexual de menores sin recibir respuesta por parte del Vaticano.
Por el contrario, siguió, se les acusó de haber hecho mal a la Iglesia y recibido dinero. Argumentó que desde el año de 1949 el padre Maciel había sido denunciado por miembros de la orden jesuita sin haber recibido atención dicha demanda por el hecho de que en ese momento podía haber sido enjuiciado el Legionario de Cristo.
El también docente concluyó que la Iglesia protege más a los victimarios que a las víctimas «Hay un grandísimo nivel de impunidad hoy en día. El caso de Maciel muestra esa ambigüedad sistemática de la Iglesia».
08/GG/CV
