A ocho años de la despenalización del aborto en el DF, datos oficiales revelan la necesidad de que la interrupción del embarazo sea legal y segura en todo el país.
El próximo 24 de abril se cumplen ocho años de la reforma al Código Penal y la Ley de Salud del DF, que despenalizó el aborto en la Ciudad de México y con lo que se creó una de las normas de protección a los derechos de las mujeres más importantes de América Latina.
La aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF fue producto de la lucha de décadas de feministas mexicanas, para visibilizar que el aborto en condiciones inseguras es un tema de salud pública. Del año 2000 a 2005 en la capital del país se registraron 55 mil 656 hospitalizaciones de mujeres por aborto inseguro.
Contrario a lo que argumentaron en su momento grupos conservadores y religiosos (que sólo las mujeres con una “vida desenfrenada” acudirían a solicitar el servicio de ILE), los registros generados revelan que este derecho es demandado por mujeres de todos los estratos sociales y niveles educativos.
Según datos obtenidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en estos ocho años se han realizado un total de 137 mil 24 interrupciones legales del embarazo en el DF.
De acuerdo con las cifras oficiales, el 70 por ciento de quienes abortan en el DF son mujeres de 18 a 29 años de edad; el 80 por ciento llega al servicio antes de la novena semana de gestación, y el 53 por ciento son solteras.
Si bien la mayoría de las mujeres que han accedido al servicio (72.7 por ciento) residen en la capital, una cifra bastante considerable proviene de otras entidades, la mayoría cercanas al DF y en donde el aborto está permitido sólo en algunas causales, o en donde sus leyes son altamente restrictivas.
AMPLIAR DERECHOS
Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, 37 mil 491 mujeres se han trasladado a esta capital para interrumpir su embarazo de manera legal, segura y gratuita.
La mayoría de ellas (32 mil 948) proviene del Estado de México, cuyo Código Penal sólo permite interrumpir un embarazo cuando es producto de violación, sea resultado de una “acción culposa” de la mujer embarazada, cuando exista peligro para la vida de la mujer o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, (ambos supuestos deben ser confirmados por dos médicos).
“Blanca”, joven de 20 años habitante del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, es parte de esas cifras.
En junio de 2013 “Blanca” concluyó el bachillerato. Al no pasar el examen de admisión para la licenciatura de Psicología en la UNAM, y “mientras estudia” para presentarlo otra vez, ella trabaja como empleada en una tienda de electrodomésticos, donde conoció a su ex pareja sentimental.
Después de tres meses de relación, la joven presentó un embarazo no planeado. Convencida de que de convertirse en madre a su corta edad y sin recursos económicos “le pondría las cosas muy difíciles”, decidió interrumpir su embarazo.
En un primer momento quiso abortar con una ginecóloga “que le recomendaron”, pero no pudo costear el servicio y no quiso arriesgarse a interrumpir su embarazo “en una de esas clínicas que se anuncian en los muros (de las casas o de espacios públicos)”.
“Blanca” desconocía que la ILE es gratuita en el DF, pero “corrió con la suerte” de que alguien le contara que podía acceder al servicio en la Clínica Comunitaria Santa Catarina, en la delegación Iztapalapa.
Así, la joven salió de su casa poco antes de las 5 de la mañana porque le contaron que “había mucha gente y tal vez no alcanzaba ficha”.
A más de un año de haber interrumpido su embarazo con pastillas y haber optado por un dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo, la mexiquense considera que el acceso al derecho de “decidir cuándo quieres tener hijos y cuando no” debió haber sido una opción para muchas de sus amigas que “no tuvieron la suerte de que alguien las orientara”, y ahora son madres aunque tenían “otros planes para su vida”.
FALTA INFORMACIÓN
De acuerdo con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), el 40 por ciento de las capitalinas aún desconoce que tiene derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura.
El resto de las mujeres que no residen en el DF, pero que se trasladaron hasta las clínicas y hospitales de la capital para acceder a la ILE, proviene de los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Veracruz y Guanajuato, según la información obtenida por GIRE.
Un total de 308 mujeres queretanas y 256 guanajuatenses accedieron a la ILE ante el hecho de que los códigos penales de sus entidades son de los más restrictivos en la materia a nivel nacional, pues sólo permiten el aborto en caso de violación sexual.
Guanajuato, Morelos, Jalisco, Puebla y Querétaro forman parte de los 16 estados que reformaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”, como una medida para contrarrestar la despenalización del aborto lograda en el DF.
Las cifras y datos que se han generado sobre quienes acceden al servicio “demuestran que (el aborto) es una necesidad sentida de las mujeres y un derecho reproductivo, que debe reconocerse y garantizarse en todo el país y el mundo”, dijo María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Otra realidad que visibilizan los datos sobre quienes acceden a la ILE es la incidencia de embarazos no deseados en las adolescentes, ya que se han realizado un total de 8 mil 183 procedimientos en menores de 18 años.
El 0.7 por ciento de quienes interrumpieron legalmente su gestación tenían entre 11 y 14 años de edad. Defensoras de Derechos Humanos, especialistas, y representantes de organismos internacionales, como Leonor Calderón, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, han señalado que los embarazos en menores de 15 años son producto de la violencia sexual.
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