Inicio Imperan en la sociedad los principios de la Ley Abascal

Imperan en la sociedad los principios de la Ley Abascal

Por Silvia Magally

A pesar de que en la Cámara de Diputados no pasó la llamada “Ley Abascal” que pretendía flexibilizar las relaciones laborales, en lo que va de la administración foxista se ha precarizado el trabajo a través de contratos por honorarios, tiempo parcial y por servicios profesionales, como pretendía la propuesta impulsada por el secretario del Trabajo.

El responsable de la política laboral del país rechazó ayer que la reforma laboral haya sido desechada del Congreso y sólo hay que esperar que las y los legisladores retomen la discusión.

Rosario Ortiz, ex dirigente del Sindicato de Telefonistas, reconoció que actualmente los sindicatos se encuentran debilitados y en la lucha por preservar sus conquistas laborales.

La también diputada por el PRD en la Cámara Baja comentó que la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el Congreso se encuentra en espera para su discusión, aunque en la realidad algunas de las directrices de la propuesta Abascal ya se aplican en el mercado laboral.

De esta forma, aseguró, se ha flexibilizado la regulación laboral y cada vez más las contrataciones se llevan a cabo de “agencias de empleo” que canalizan personal a las empresas sin que éstas tengan ningún tipo de responsabilidad hacia las y los trabajadores.

Así, cada vez son menos las y los trabajadores que cuentan con las prestaciones que marca la ley y se carece de seguridad en el empleo, en tanto que las y los trabajadores tienen menores posibilidades de defensa, estando expuestos al despido en cualquier momento.

Esta situación deriva en mayor estrés laboral e incluso depresión crónica de las y los trabajadores, quienes están en manos de sus empleadores y por tanto son más vulnerables a la explotación.

La legisladora planteó que las condiciones en el campo del trabajo hacen que en especial las mujeres sean las primeras en perder su fuentes de empleo, al verse desmanteladas todas las formas de lucha sindical.

Advirtió que en el trabajo legislativo no se avizora una reforma laboral favorable a la clase trabajadora debido a la división partidista.

En cuanto a la posibilidad de la reducción de plazas en la administración pública federal a través del programa de retiro voluntario, dijo que constituye un atentado contra los derechos de las y los trabajadores y puso como ejemplo que una secretaria del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) que se acogió a este esquema recibió 100 mil pesos, que dijo sólo le alcanzarán para subsistir unos cuantos meses.

No obstante, refirió que en el presupuesto aprobado en el Congreso no existen recursos para ser destinados al programa de retiro voluntario, al opinar que éste no es otra cosa más que la venta de la jubilación.

Por su parte, la profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mercedes Cabañas informó que el año pasado entre 300 y 600 mil trabajadores de la institución pidieron su retiro voluntario, aunque solamente se trató de personal operativo y no docente.

Expuso que es tal el ahorro de plazas en el IPN que el profesorado contrata a personal para el aseo de las aulas.

04/SM/GMT

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