El Observatorio Ciudadano del Feminicidio se encuentra alerta ante la impunidad y la discriminación hacia las migrantes centroamericanas que transitan en la frontera sur de México y exhorta mediante cartas a las autoridades correspondientes a garantizar los derechos fundamentales de las migrantes así como un pleno acceso a la justicia.
La situación de abusos y vejaciones hacia las mujeres migrantes centroamericanas que transitan por la frontera sur de México para llegar a Estados Unidos es sistemática y constante por parte de bandas organizadas o sujetos individuales, que actúan en la impunidad y con la anuencia de los servidores públicos de la región Soconusco ubicada en Chiapas, dice el organismo en un comunicado.
Los impartidores de justicia ?señala el texto- son indiferentes de la realidad migratoria y del drama de las mujeres migrantes indocumentadas, que son víctimas por el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, lo que propicia que los agresores y victimarios continúen perpetrando actos de violencia contra ellas, poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
A través del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, explica el Observatorio, «podemos ver reflejada esta situación al presentarnos el caso de Sandra, migrante de nacionalidad salvadoreña, que en abril de 2007 fue engañada por Humberto Zavala Trujillo originario de Ciudad Hidalgo, Chiapas, al prometerle que la llevaría a Estados Unidos.
«Zavala le dijo que tenía que fingir que fuera su esposa, como justificación para viajar juntos en caso que las autoridades migratorias los interrogaran. Sandra aceptó el trato. Sin embargo, durante cuatro meses la mantuvo amenazada de muerte, coaccionada para mantener relaciones sexuales forzadas y privada de su libertad para seguir su camino a los Estados Unidos o a su país de origen.
Sandra logró escapar dos veces de su agresor y en ambas ocasiones acudió a las autoridades para denunciar los hechos, sin embargo recibió un trato indigno por parte de las autoridades.
Fue hasta el día 24 de agosto que Zavala Trujillo fue detenido por la policía municipal de Ciudad Hidalgo al intentar golpear en su presencia a Sandra, por lo que en ese momento ella lo señaló como su agresor.
El viernes 31 de agosto de 2007, el Juez Tercero de lo Penal en Tapachula dictó Auto de Libertad por «falta de elementos para procesar», motivando la frágil e indignante resolución en el sentido de que Sandra no pudo comprobar que había sido forzada por Zavala Trujillo a mantener relaciones sexuales mediante la violencia moral.
En relación a la privación ilegal de la libertad, se realiza un intento de motivación en la determinación de la no existencia de este tipo penal, al señalar el que resuelve: «?hubiese ingeniado alguna estrategia para disimular o confundir a su secuestrador, ya que si bien tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando este en Frontera Hidalgo, Chiapas, la llevó a ingerir cervezas, lugar donde bien pudo haber solicitado el auxilio?».
Con fecha martes 4 de septiembre de 2007 se interpuso el recurso de apelación contra la injusta y arbitraria determinación del Juzgado Tercero de lo Penal en Tapachula dentro de la causa penal 236/2007.
SITUACIÓN GENERALIZADA
Este caso refleja la situación generalizada que padecen las mujeres migrantes provenientes de América Central en su paso por México y que intentan acceder a la justicia, asegura el Observatorio.
País en el que el discurso político de respeto a los derechos humanos no llega más que a los límites de la retórica demagógica.
Además permite constatar que el sistema de justicia penal en el estado de Chiapas es anacrónico, sin perspectiva de género y de derechos humanos, completamente al margen de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Por lo anterior, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova enviaron una carta al titular del Ejecutivo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, a la Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de la Magistratura en el Estado de Chiapas, al Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas y al Fiscal Regional Zona Costa con las siguientes exigencias:
Exhortar a la Magistrada Sonia Siman Morales a revisar con especial atención las determinaciones de los Jueces Penales de Tapachula, que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres migrantes centroamericanas que transitan por la frontera sur, que fomentan la falta de acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
Instar al Fiscal General del Estado y al Fiscal Regional Zona Costa, supervisen el trabajo y el trato que los fiscales del ministerio público de la zona costa proporcionan a las mujeres migrantes víctimas de agresión sexual. Mediante los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos y/o penales según corresponda.
Exigir al ejecutivo estatal y federal implementar las medidas administrativas y legislativas necesarias para que las mujeres migrantes puedan usar el sistema de administración de justicia para remediar los actos de violencia sufridos y reciban un trato digno por parte de los funcionarios al acudir a las distintas instancias judiciales. Así como a promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden a las mujeres un pleno acceso a la justicia.
El Observatorio Ciudadano del Feminicidio dará seguimiento al cumplimiento de los exhortos antes mencionados para lograr que los derechos humanos de las mujeres sean respetados en México, independientemente de su nacionalidad, finaliza el comunicado.
ESTADOS SORDOS
Por su lado, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, manifestó que no obstante el incremento en el número de migrantes mexicanos y centroamericanos hacia los Estados Unidos de América –que ha hecho de la migración un fenómeno «mucho más visible» de lo que era antes– los Estados nacionales siguen sin darle la atención que merece, pues con excepción del interés en sus remesas económicas prevalece hacia ellos la indiferencia, la contención, la criminalización y el abandono.
Explicó que el fenómeno migratorio ha crecido de tal manera que el número de mexicanos que emigra hacia los Estados Unidos en un mes equivale al mismo número de compatriotas que abandonaba el país en un año en la década de los 60, mientras que cada 15 días se interna a México, con el propósito de llegar a la Unión Americana, la misma cantidad de centroamericanos que en todo el año 1980.
Explicó que el Programa de Atención a Migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está basado en tres ejes fundamentales, que son la atención a casos específicos de presunta violación a derechos humanos ?se han atendido más de mil quejas en dos años–, la solución de aspectos estructurales que aumentan la vulnerabilidad del migrante ?como las detenciones administrativas ilegales, la habilitación de cárceles como estaciones migratorias y recurrentes faltas al debido proceso? y el impulso a modificaciones legales, como la despenalización de la migración, una reforma integral al marco legal y la legislación sobre la trata de personas.
Dijo que el crecimiento de la migración ha hecho más visibles a los migrantes, pero no ha implicado mayor atención de parte de los Estados nacionales. «Los ven, sí, los traficantes de personas que los perciben como mercancía, los malos servidores públicos que los extorsionan y maltratan, los delincuentes que los asaltan, los empleadores que los explotan, y la delincuencia organizada que los somete a condiciones de esclavitud», agregó.
Al participar en el acto inaugural del Seminario Internacional «Migración y Derechos Fundamentales», organizado conjuntamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Soberanes Fernández puntualizó que la visibilidad alcanzada por la migración, resultado de su crecimiento y de la realización y difusión de diversos estudios, todavía no se ha traducido en un mayor compromiso por la defensa de los migrantes.
Las y los migrantes se han convertido, por la clandestinidad en que se les ha arrinconado, en una especie de seres humanos de segunda categoría, con derechos limitados y siempre a la sombra de amenazas y abusos, dijo.
«Los migrantes centroamericanos en tránsito, vulnerables entre los vulnerables, pagan cada paso con sufrimiento, el que, para vergüenza de nuestras conciencias personal y colectiva, han terminado por aceptar como inherente a su condición irregular. En nuestro país, los migrantes no recurren a las instancias que podrían protegerlos o castigar a quienes abusan de ellos porque temen ser expulsados o sufrir represalias, con lo que sin saberlo contribuyen a su mayor vulnerabilidad y al imperio de la impunidad».
Soberanes Fernández se pronunció en favor de defender con igual determinación los derechos de los extranjeros irregulares en México, como los de los mexicanos en el exterior, y expuso que la principal fuerza para defender a nuestros connacionales es de tipo moral y se basa en proteger y respetar cabalmente los derechos de los extranjeros en nuestro país.
Destacó que México puede dejar de ser país inconsistente en sus principios en materia migratoria, ya que tiene la oportunidad geográfica y social de ser ejemplo en el respeto a los derechos de quienes en busca de mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida deciden salir de sus lugares de origen.
07/GG
