“Inaceptable” que presunto acosador siga laborando en CFE

El Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Campeche solicitó por escrito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que garantice medidas de protección para las trabajadoras que denunciaron hostigamiento laboral y acoso sexual por parte de directivos de la paraestatal.
 
Hace cuatro meses el órgano de control interno de la CFE inició una investigación por hostigamiento y acoso sexual presuntamente cometidos por el superintendente de la Zona de Trasmisión en Campeche, Juan Raya Meléndez, contra tres trabajadoras de la Comisión en la entidad.
 
No obstante, aún no se conocen los resolutivos de la indagación y las víctimas del acoso –que siguen laborando bajo el mando del presunto agresor– ya no sienten la confianza de hablar públicamente sobre estas vejaciones.
 
Cabe aclarar que el pasado 9 de marzo Raya Meléndez dejó de presentarse a laborar durante varias semanas a la CFE, pero la paraestatal no explicó si su ausencia se debía a una inhabilitación en el cargo. No obstante, al menos desde la semana pasada el presunto agresor regresó a sus funciones, según versiones del Observatorio.
 
En un oficio con fecha del pasado 9 de abril (del que Cimacnoticias tiene copia), el Observatorio de Violencia Social y de Género solicitó a Claudia Pastor Badilla, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos de CFE, que garantice la protección de las tres mujeres que denunciaron los hechos a inicios de febrero de este año.
 
Las integrantes del Observatorio señalaron que es “inaceptable” que las trabajadoras continúen en contacto directo con Juan Raya Meléndez, ya que lo que marcan los protocolos en la materia es que durante un proceso de investigación de esta naturaleza se separe temporalmente del cargo al presunto agresor.
 
Las activistas también solicitaron a la CFE que capacite a su personal femenino en la identificación de distintas formas de acoso y hostigamiento, a fin de fortalecer las denuncias.
 
Además, la CFE debe brindar a las mujeres y al personal afectado por acoso sexual garantías para la reparación del daño a través de atención psicológica gratuita.
 
El Observatorio pidió en el documento que no se presione a las trabajadoras para que denuncien penalmente, ya que –recordaron– esta vía “es su derecho más no una obligación”.
 
A decir de Ninive García Méndez, integrante del organismo civil que acompaña a las víctimas, las denunciantes aportaron al inicio de la investigación todas las pruebas que les fueron requeridas.
 
Sin embargo, en últimas fechas se han mostrado renuentes a hablar sobre los hechos porque se sienten “presionadas” por parte de las autoridades de CFE a presentar una denuncia penal.
 
Las activistas agregaron en el oficio que la CFE –primera paraestatal certificada en 2012 por el Instituto Nacional de las Mujeres en el “Modelo de Equidad de Género”– está obligada a crear instrumentos específicos y complementarios a su marco general de responsabilidades respecto a la atención, prevención, investigación, sanción y reparación en casos de acoso laboral y sexual.
 
La existencia de este delito al interior de CFE demanda un trato inmediato en el ámbito de las responsabilidades administrativas, que sea congruente con el respeto a los Derechos Humanos (DH), independientemente del proceso que lleve por la vía penal, aseguraron.
 
El Observatorio solicitó que la CFE se comprometa a crear a más tardar en 20 días hábiles la Unidad de Quejas y Denuncias de Acoso y Hostigamiento, e implemente el Protocolo de Intervención en casos de de Hostigamiento y Acoso Sexual.
 
Pidió que en un periodo no mayor a 40 días hábiles estas unidades ya puedan operar con todos los servicios necesarios, accesibilidad, comunicación y apertura de expedientes administrativos; además, que la CFE –al menos en Campeche– coloque buzones de denuncias en las oficinas y todos los espacios de la paraestatal.
 
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