Margarita Caté, concejala del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, se pronunció por modificar la Ley electoral, porque aunque garantiza la participación de las mujeres en política, ellas enfrentan diversas limitaciones, entre ellas discriminación, el racismo y la exclusión por el hecho de ser mujeres.
Al participar en el foro «Democracia paritaria», convocado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde se planteó que las organizaciones establezcan alianzas estratégicas, Caté, destacó que en Guatemala aún existe el estereotipo de que las mujeres no deben involucrarse en política y las que lo hacen son mal vistas por la comunidad, además de que sus propuestas son poco aceptadas por los demás funcionarios.
Sostuvo que en la mayoría de los casos, el poder económico determina el acceso a las candidaturas y un ejemplo de ello ocurrió hace cuatro años en Chimaltenango, cuando los políticos pidieron un millón de quetzales (alrededor de un millón y medio de pesos) por el espacio para una candidata.
Este caso, dijo, demuestra que si no hay dinero no se puede hacer campaña política ni optar por los puestos de toma de decisiones y recordó que en Guatemala la población femenina cuenta con menos recursos económicos.
Ligia Blanco, integrante de la iniciativa «Más Mujeres, Mejor Política», subrayó que la desigualdad en la toma de decisiones es resultado del sistema patriarcal que hace distinción entre hombres y mujeres y que ha impuesto roles desde la infancia.
Según Blanco, en Guatemala y América Latina se han creado dos ámbitos, el público donde los hombres participan y el privado que corresponde únicamente a las mujeres.
Propuso trabajar en la sensibilización, tanto de mujeres como de hombres, crear alianzas entre la sociedad civil y las mujeres de los partidos políticos, para promover y reforzar procesos que contribuyan a la participación política de las guatemaltecas.
Otilia Lux de Cotí, diputada e integrante de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, criticó a la democracia guatemalteca, que es desigual y no toma en cuenta a quienes constituyen más del 51 por ciento de la población.
Denunció además la incapacidad del Estado para erradicar la inequidad entre hombres y mujeres, así como entre ricos y pobres.
Aseguró que las mujeres deben hacer un frente para exigir al Legislativo las reformas necesarias para participar en igualdad de condiciones; recomendó a las mujeres hacer un ejercicio de revisión de cada partido político, su ideología, su programa de gobierno para ver si ellas están visibilizadas en él.
Recordó que actualmente las diputadas que integran el Legislativo promueven las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se exige una proporción y la alternabilidad de hombres y mujeres en las planillas a elección popular y que ésta sea de forma alterna.
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