La mayoría de quienes integran la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) votó hoy a favor de que se incluya en todos los trabajos legislativos la perspectiva de género.
Aprobado como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, la Comisión de Gobierno en coordinación con la Comisión de Equidad y Género, organizarán reuniones con especialistas en el tema para que los legisladores capitalinos, así como quienes integran los equipos de trabajo conozcan el tema e impulsen iniciativas que no discriminen a las mujeres.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Maricela Contreras, encargada de leer el punto de acuerdo ante el pleno, argumentó la necesidad desarrollar procesos que lleven a evaluar las iniciativas, analizando cómo las acciones propuestas por cada sector o ámbito afectan la situación de las mujeres.
Explicó que de manera tradicional se proponen planes, programas y políticas públicas sin tomar en cuenta las necesidades, demandas y condiciones particulares de la población femenina, ni su posición con relación a los hombres en los hogares, en las comunidades y demás espacios públicos.
La integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la inclusión de la perspectiva de género en el quehacer legislativo no debe ser vista como producto de una voluntad pasajera, sino como un instrumento permanente de análisis.
Destacó que para sostener este compromiso político es necesario que la voluntad de los distintos actores involucrados se plasme en tres puntos básicos: la disposición de suficientes recursos económicos; el desarrollo de un instrumental técnico que sea capaz de incorporar esta nueva perspectiva de planeación de la legislación y las políticas. Además acciones específicas de intervención que hagan posible el logro de relaciones equitativas.
De no llevarse a cabo estos puntos, concluyó, «no haríamos más que imaginar el desarrollo plagado de buenas intenciones, mientras que la vida de mujeres y hombres transcurre impregnada de injusticia y desigualdad».
2003/RGL/MEL