En Juárez la inversión en obra pública ha sido diseñada principalmente para facilitar la operación del sector industrial, pese a que cada año arriban 50 mil personas a la ciudad.
Cientos de millones de pesos ejercidos en los últimos años fiscales han servido para urbanizar espacios con los que se especuló por décadas y no para remediar las carencias de las zonas empobrecidas.
La ciudad tiene un rezago en calles pavimentadas cercano a 60 por ciento, un atraso que tardaría al menos 20 años en resolverse si el crecimiento de la población se mantuviera estático. Pero el nivel de natalidad y la presión de los flujos migratorios hacen impensable una solución.
Cada año arriban unos 50 mil migrantes en busca de trabajo y no se prevé la disminución de tal cifra aún en el proceso de crisis que vive la maquiladora, lo que desencadenará una serie de fenómenos criminales, dicen algunos sociólogos.
De 1970 a la fecha, la tasa de crecimiento anual en el municipio ha ido en aumento, muy por encima del promedio nacional. Los reportes más recientes del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) dicen que el aumento de la población es del 4.3 por ciento, casi el doble de lo que registra el resto del estado.
El municipio se integra con más de doce seccionales, algunos conurbados, pero entre todos concentran apenas el 1.6 por ciento de la población. Esta se constituye por jóvenes de 20 a 24 años y aunque representan la mayor fuerza laboral, son quienes menos ingresos perciben.
Para 1998, las autoridades tenían un registro de más de ocho mil viviendas de cartón, que representan cinco por ciento de todas las casas. Esa cifra, según estimaciones de la Dirección de Desarrollo Municipal, pudiera haber crecido considerablemente desde entonces, pues las invasiones no han podido frenarse.
Ese marco de abandono ha permitido una continuidad delictiva que colocó a la ciudad como una de las zonas de mayor inseguridad en México, y que forma el contexto de vida de la gran mayoría de mujeres asesinadas en la última década.
Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia indican que en cinco años, el feminicidio aumentó en 700 por ciento, un registro que no se tiene en ninguna otra ciudad del país. Y en los últimos tres años, los ataques y homicidios crecieron otro 100 por ciento.
El número de denuncias recibidas por la Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia, una dependencia de la Procuraduría General de Justicia en la Zona Norte, aumentó en forma alarmante desde 1996, el año en que inició operaciones, hasta 1999. De 858 reportes, pasaron a un mil 836.
El registro documentado de las víctimas arroja información precisa sobre la condición social y económica de cada una de ellas, y mantiene un mismo patrón de origen urbano desde 1985.
El 40 por ciento de las mujeres asesinadas hasta 1997 eran estudiantes menores de 19 años. Un 20 por ciento trabajaba en el sector servicios y otro 20 por ciento lo hacía en la maquiladora. El 90 por ciento de todas ellas vivía en colonias marginadas y no disponían de automóvil propio.
Con ese marco referencial, las autoridades no han podido, sin embargo, diseñar campañas de prevención congruentes con la realidad.
Por ejemplo, el sábado 24 de noviembre, el Consejo Municipal de Ciudad Juárez –órgano que administra el municipio a partir de la anulación de las elecciones locales del 2000–, propuso instalar cámaras infrarojas en distintos puntos de la ciudad, para detectar secuestros y filmar el momento en que una víctima sea arrojada a lotes baldíos.
INCOMPRENSION DE LA SEXUALIDAD
En la campaña de prevención más acabada que han diseñado las autoridades del estado, persiste el consejo a las mujeres sobre no vestir de manera provocativa, con escotes o minifaldas.
Esa manera de enfrentar un fenómeno complejo con soluciones simples, ha dado pie a una serie de protestas de grupos feministas, que sienten que con ello se agrede a las mujeres, quienes sufren así otra forma de «victimización».
«Creemos que estos mensajes minimizan la pérdida de una vida humana y colocan a la mujer tanto en el papel de cómplice o instigadora, como en el de víctima casual, desprevenida y desvalida», dice Esther Chávez Cano, la principal activista nacida a partir de los asesinatos, y directora del centro de crisis Casa Amiga.
Enseñar pierna o una parte del busto no explica la violencia con que se asesinó a las mujeres, ni tampoco la agresión de que son víctimas miles de ellas, dice también Sergio Rueda, psicólogo sexual que ha estudiado por años la secuela de homicidios.
«Esa es una manera simplista de explicar algo tan complejo, como una patología sexual», dice. «Cuando alguien comete un crimen de carácter sexual es porque su mapa del amor ya está vandalizado, y ahí poco tiene que ver la apariencia de la mujer».
Los expertos en conducta sexual dicen que una mayoría de humanos tiene parafilias sexuales, pero sólo entre el dos y cinco por ciento acusan parafilias sacrificiales. Son ellos los que en un momento dado pueden cometer homicidios sexuales.
Pero en una sociedad que durante años se ha nutrido de información violenta no es difícil desatar rachas homicidas entre gente aparentemente normal, dice Rueda.
Luis Carlos Ramírez es un hombre de 45 años. Hace un par de meses unos viejos conocidos suyos que viven en la colonia Fidel Ávila, un enclave cercano al más grande de los parques industriales, Antonio J. Bermúdez, le contaron sobre la violación tumultuaria que habían cometido contra una mujer joven, a la que secuestraron casi al amanecer, cuando viajaban drogados y ebrios a bordo de una camioneta.
«Me contó cómo la golpearon y cómo la violaron entre cuatro de los cinco que andaban juntos. Después dijo que la habían tirado por un terreno despoblado, y no sabe si estaba muerta o viva».
Criminales eventuales como ellos pueden existir muchos en una ciudad como ésta dice el señor Ramírez.
«Cuando las ciudades comienzan a crecer de manera tan violenta como Juárez, el estrés aumenta; eso se ha demostrado a través de los años. Y cuando se incrementa el desarrollo industrial, se sabe que los costos son elevados porque los seres humanos se ven expuestos a miles de estímulos a los que no estaban acostumbrados», explica.
En la dinámica de una ciudad fronteriza como Juárez, la migración y el crimen organizado forman una ecuación peligrosa, que se suma al espejismo de una vida próspera, dice Alfredo Limas, investigador encargado del Departamento de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
«Los migrantes que llegan lo hacen porque el concepto de nación se les acabó; los jóvenes no ven expectativas para un proyecto de vida en la ciudad o pueblo de donde vienen», dice.
Esa persecución por la sobrevivencia tensa los cables que sostienen la vida de la ciudad. Limas cree que en un contexto de fuertes niveles de consumo y tráfico de estupefacientes, el desempleo descomunal en que se ha sumido la población detonará tarde o temprano una serie de sucesos criminales peores o muy similares a los que se han visto los últimos años.
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente |
