María Consuelo Mejía, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), calificó de incongruente la postura de la iglesia católica porque, mientras establece que los adolescentes carecen de madurez para hacerse responsables de sus actos (como tener relaciones sexuales), al mismo tiempo permite la unión matrimonial a partir de los 16 años; y todavía peor, les prohíbe emplear cualquier método anticonceptivo.
Durante la conferencia Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes: puntos de vista en la iglesia católica, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Consuelo Mejía enfatizó la necesidad de crear programas públicos que promuevan el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las y los adolescentes y jóvenes.
Al paso de los años, insistió la directora de CDD, la iglesia ha mitificado el hecho de que sólo por medio del matrimonio se legitima la relación sexual entre dos personas, pues para ella este tipo de contacto únicamente debe ser con fines de procreación; si acaso alguien ejerce su sexualidad fuera del matrimonio, desde el punto de vista de la jerarquía católica vive en pecado ya que el placer por el placer es una perversión, por lo tanto los métodos anticonceptivos están completamente prohibidos.
En otra intervención titulada Género, desarrollo y democracia. Derechos sexuales y reproductivos: compromisos internacionales y políticas públicas en México, Consuelo Mejía reconoció que en nuestro país se ha avanzado en la democracia pero ésta debe reflejarse no sólo en política sino también en la igualdad de género.
Aunque también resaltó los esfuerzos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Dirección General de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, por integrar en los servicios de salud los acuerdos logrados en la conferencia internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo (1994),lo mismo que la Conferencia Mundial sobre Salud Reproductiva en Beijing (1995), reconoció que todavía le falta voluntad política al gobierno federal para frenar los tabúes y barreras que impiden avances contundentes en el establecimiento de lo pactado en esas conferencias.
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