La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todos» lamentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no haya dado certeza plena a los ciudadanos sobre la cerrada competencia electoral que se vivió en el país en pasado 2 de julio.
En un comunicado, la Red expone que la herencia del reciente proceso electoral, plantea la exigencia a la nueva legislatura para que se tomen medidas inmediatas para llevar a cabo una reforma en materia electoral que garantice plenamente los derechos políticos de las y los mexicanos.
Consideró que dejar sin ningún tipo de sanción a las acciones irregulares o ilícitas señaladas por el Tribunal Electoral es dar paso a la impunidad y alentar a que se cometan de nueva cuenta en el futuro.
El Presidente de la República, los empresarios y los medios de comunicación masiva, especialmente los televisivos, saben ahora que pueden actuar impunemente, una vez que el TEPJF aprobó la elección, a sabiendas expresas de múltiples hechos ilícitos o irregulares cometidos por dichos actores durante el proceso.
Particularmente, los hechos irregulares fueron cometidos en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, por parte del presidente Vicente Fox, que a decir del propio tribunal «se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican» y los spots televisivos del Consejo Coordinador Empresarial.
Es de resaltar que en múltiples ocasiones, el dictamen del Tribunal Electoral señala que no se puede medir el impacto o efecto de las irregularidades y actos ilegales, pero sin embargo asegura que dichos impactos se vieron reducidos o detenidos por las resoluciones del IFE y del propio Tribunal Electoral sin tener tampoco elementos para afirmarlo.
No obstante y basado en argumentos contradictorios como estos, dieron por válidas las elecciones y declararon presidente electo al candidato Felipe Calderón Hinojosa.
A decir de la Red, el Tribunal Electoral tenía el deber de no quedarse en la mera «tramitación simbólica de los recursos», debería de haber investigado «lo que implica una conducta positiva en el ordenamiento y practicar las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados», lo cual no realizó incumpliendo así las obligaciones del Estado en materia de derechos políticos.
Algunas de las 55 organizaciones que integran la Red de derechos humanos en el país, se encuentran; Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (ACAT); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo, A. C.; Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT-Puebla) y el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros
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