Desde julio de 2008, Lucía –indígena mixteca de 39 años de edad– está presa en el Reclusorio Regional de esta ciudad, a 240 kilómetros al noroeste de la capital del estado, por haber asesinado a un hombre que intentó atacarla sexualmente.
En un proceso judicial irregular el que no contó con un abogado en su primera declaración, hubo supuesta parcialidad del juez y se le violentaron sus derechos al no considerarse que actuó en defensa propia, Lucía fue sentenciada a 12 años de prisión por el delito de homicidio calificado perpetrado contra Evaristo López Rojas, un prestamista del pueblo de 68 años de edad.
En julio pasado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) decidió atraer el caso de la mujer mixteca.
La revisión del expediente de Lucía y de otros 17 casos de indígenas presas se apega al exhorto que hizo el Senado al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados el 23 de febrero de 2010, para que revisen de manera exhaustiva sus procesos judiciales ante indicios de una duda razonable que haga presumir su inocencia.
LA HISTORIA
La noche del 10 de julio de 2008, Evaristo López Rojas retuvo a Lucía contra su voluntad e intentó atacarla sexualmente cuando ella le pidió un préstamo por consejo de una conocida.
Lucía cuenta a Cimacnoticias que visitó a Evaristo a su casa para firmar un pagaré como condición para el préstamo. «Una vez dentro de la vivienda el señor me encerró a la vez que me dijo que antes yo debería de pagar el favor porque ‘favor con favor se paga’», relata la indígena.
Ella rechazó al sujeto, quien la amenazó de muerte con un picahielo. Ambos empezaron a forcejear; ella aprovechó una distracción de su atacante para quitarle el picahielo y enterrárselo en el cuerpo. El hombre murió casi al instante.
Al llegar la policía municipal, Lucía no podía salir porque estaba encerrada y la casa estaba rodeada por una decena de perros por lo cual los elementos realizaron un operativo para sacarla por el techo.
Tras su rescate, la mujer fue entregada a agentes ministeriales estatales quienes la tomaron de los cabellos para exhibirla ante la prensa. Luego la subieron a una camioneta y le exigieron 150 mil pesos para dejarla en libertad o que se declarara culpable para conmutarle la pena de 40 a 12 años. Lucía optó por lo segundo.
Después de una aparente revisión médica, Lucía rindió su declaración preparatoria sin la asistencia de un abogado. Tras 15 días de detención le asignaron uno de oficio, pero ya cuando se le había dictado auto de formal prisión.
«Yo nunca he tenido un abogado particular porque no tengo dinero. Mi expediente está en manos de un abogado de oficio», explica la indígena.
Luego de un año, siete meses y cinco días (el 16 de febrero de 2010), Lucía fue sentenciada a 12 años porque no comprobó que actuó en legítima defensa y tampoco presentó testigos.
La sentencia –cuya copia tiene Cimacnoticias– refiere que Lucía «reaccionó antes de que fuera atacada por el sujeto y que éste hubiera cumplido su amenaza de asesinarla» (sic).
«Lo que demuestra que la inculpada no actuó en legitima defensa, pues una vez que le quitó el picahielo a su víctima decidió lesionarlo primeramente por la espalda, lo que bien pudo aprovechar para huir del lugar y solicitar ayuda; pero no obstante ello innecesariamente decidió lesionar en más de una ocasión al pasivo», se asienta en el documento.
PROCESO IRREGULAR
El juez primero de lo penal del distrito judicial de Huajuapan de León, Juan León Montiel, consideró que al causarle la muerte a su atacante Lucía no actuó en legítima defensa ni mucho menos en un homicidio en riña con el carácter de provocado porque no fue en vía pública.
El juez consideró irrelevante que el atacante, al estar herido, haya mordido dedos y brazos a Lucía pues «se debió a una reacción del agredido».
Por la agresión de Evaristo López, Lucía perdió la movilidad de dos dedos de la mano derecha mientras que en el antebrazo izquierdo sigue vivo el dolor de aquella mordida.
La mujer presentó su expediente a la CDI al considerar que fueron violadas sus garantías básicas fundamentales, el juicio se llevó a cabo sin la transparencia requerida y porque está en duda la imparcialidad del juez que actuó en el caso.
Es por ello que la CDI revisa la situación jurídica de Lucía y valora la posibilidad de asistirla con el beneficio de la preliberación a partir de la reparación del daño.
En entrevista, la delegada de la CDI, Concepción Rueda Gómez, detalló que es necesario revisar todo el procedimiento de la indígena y promover la aplicación de las alternativas legales de libertad que resulten procedentes.
Abundó que la CDI realiza un Censo de Población Indígena Privada de la Libertad en siete reclusorios del estado de Oaxaca y que aún faltan ocho de los 15 penales que hay en total en la entidad.
En el sondeo se consultan los hechos que se le imputan al interno e interna; la forma en que fue detenido o detenida; si tuvo interprete-traductor en su declaración; y si fue asistido por un defensor adecuado que haya garantizado el enlace entre el desarrollo de un procedimiento jurídico penal y la realidad cultural de las y los presos.
Rueda Gómez apuntó que en el caso de Lucía quedan en evidencias irregularidades ya que fue interrogada sin la presencia de un defensor, la obligaron a declararse culpable, y se le detuvo en circunstancias distintas a las de cualquier homicida.
La CDI valora presentar ante la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del estado la petición formal de alguna alternativa de libertad anticipada para Lucía, prevista en las leyes y reglamentos.
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