Indígenas desplazadas exigen liberación de guardias comunitarios

En los últimos años las agresiones, extorsiones y violaciones a Derechos Humanos (DH) que comete el crimen organizado van en incremento, sin que las autoridades aseguren a la población sus garantías más básicas, como el derecho a una vida digna. 
 
Ante la ausencia del Estado, integrantes de comunidades rurales e indígenas históricamente marginadas decidieron hacer el trabajo que no hacen sus gobernantes y defender su vida, su territorio y sobre todo su dignidad, conformándose en grupos de autodefensa y guardias comunitarias.
 
Tal es el caso de San Miguel de Aquila, Michoacán, pueblo de poco más de 20 mil habitantes –en su mayoría indígenas de origen náhuatl–, donde operaba la mina de hierro “Las Encinas”, que hasta hace poco era explotada por la empresa transnacional Ternium sin que ésta pagara a las y los comuneros (dueños de las hectáreas donde se realizaba la extracción) el precio justo por sus labores.
 
Cimacnoticias entrevistó a mujeres indígenas de esa región que fueron desplazadas y ahora están en la capital del país en demanda de que sean liberados 45 integrantes de la guardia comunitaria detenidos por el Ejército el pasado 14 de agosto. 
 
Todos ellos fueron llevados tanto al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Perote, Veracruz, como al penal de Morelia, Michoacán.
 
Venciendo el temor a ser agredidas por las fuerzas de seguridad o grupos criminales en su trayecto desde Michoacán, 18 mujeres y cinco hombres de Aquila llegaron a esta ciudad el 16 de agosto en uno de los dos camiones que transportaron a 70 miembros de la comunidad, para exigir al gobierno federal la puesta en libertad de los miembros de la guardia comunitaria.
 
A decir de las esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos –de quienes se reservan sus nombres por razones de seguridad–, los guardias fueron arrestados sin orden de aprehensión y acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso de cartuchos.  
 
Estas 18 mujeres resisten en una ciudad desconocida con la comida y resguardo que les brindan en sus sedes organizaciones civiles y estudiantiles que apoyan su lucha. Ellas forman parte del grupo que se quedó en el DF, luego de que el resto de habitantes de Aquila viajó a Morelia, Michoacán, el pasado 20 de agosto para exigir la liberación de cinco líderes comuneros acusados de diversos delitos.
 
Las indígenas explicaron que por ahora lo que buscan es obtener los recursos para pagar las fianzas de 19 guardias recluidos en el Cereso de Perote.
 
“LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO”
 
Entre el grupo hay jóvenes embarazadas que se niegan a que sus esposos estén en prisión cuando nazcan sus hijos, pues se los llevaron “por querernos defender”.
 
“Si defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestras tierras y lo que nos pertenece es un delito, entonces sí merecemos estar en la cárcel y hasta que nos metan a juicio”, sentenció uno de los pobladores que las acompaña. 
 
Y es que la guardia comunitaria llamada “Aquila libre” surgió en junio pasado porque “la gota que derramó el vaso” tras años de extorsiones, amenazas, y hostigamientos del crimen organizado, fue que comenzaron a violar “a las mujeres del pueblo”.
 
“Llegaban y te decían: ‘Me gusta tu mujer, me la vas a prestar un ratito en lo que bañas a tu hija porque al rato vengo por ella’”, contó uno de ellos.
 
Una de las mujeres dijo que fue en ese momento que las y los habitantes se reunieron para tomar en sus manos el asunto. “Eso ya no era vida, no es vida, no podíamos ir ni a las tortillas, vivíamos con el miedo de que fuéramos la siguiente, vivíamos esperando que llegaran a cobrar las cuotas, siempre fuimos un pueblo tranquilo pero todo eso se acabó”.  
 
Recordó que San Miguel de Aquila siempre fue extorsionado y saqueado por su riqueza mineral, si uno de los Comisariados decidía no apoyar a las empresas mineras y procurar más recursos para el pueblo “era asesinado, simplemente aparecía muerto”, pero –relató– se podía vivir, caminar, ir a misa, “tener una vida”.
 
Con el paso del tiempo el crimen organizado se volvió más fuerte y llegó un momento en el que las y los comuneros tenían que pagar una cuota de hasta 700 mil pesos al mes “para que según nos protegieran, pero aún así se robaron una pipa, un tanque, nos atacaban más; ya pagábamos para que nos robaran”.
 
También narró que antes de que se conformara la guardia comunitaria buscaron la ayuda estatal, pero nunca les hizo caso. Si iban al Ministerio Público ya no regresaban a sus casas: “Cuando acudías a denunciar salías y alguien ya te estaba esperando, muchos compañeros desaparecieron así, fueron a denunciar y ya no volvieron”.
 
“Yo no entiendo al gobierno, no te defiende y no deja que te defiendas, no hicimos nada malo, ni nada ilegal, se dijo que teníamos armas de uso exclusivo del Ejército, pero no eran nuestras, sólo teníamos pistolas pequeñas que te permiten tener por ley, además de piedras y machetes; eso no usa el Ejército”, aclaró otro habitante de Aquila.
 
DÍA DE TERROR
 
Todas las mujeres dijeron que el 14 de agosto fue un día “aterrador”. Esa mañana vieron pasar a los camiones de los “gois” (policías del gobierno estatal) y las camionetas del Ejército.
 
“Pensamos que venían a ayudar, que por fin nos hacían caso, nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que no fue así. Comenzaron a agarrar a los compañeros, al que veían con playera lo subían a su camioneta y si se resistía le pegaban.
 
“Estábamos en el auditorio donde nos reuníamos, unas estábamos de guardia en la cocina porque acordamos calendarios para ayudarnos entre todas y darles de comer a los compañeros; vimos llegar a los militares y por un momento nos alegramos, luego empezó la violencia y el susto.
 
“Hay compañeras que estaban embarazadas, pero no les importó, agarraron parejo; nos decían que no nos metiéramos y si una se acercaba a ayudar a su compañero le daban un empujón, yo tengo moretones de ese día.
 
“Empezaron con los del auditorio, pero luego se fueron con los que andaban en la calle; unas se escondieron, yo agarré unas piedras para darles; se estaban llevando a mi familia, pero no lo logré; están presos sólo por defendernos, por hacer lo que ellos no hicieron en años”.
 
Ante la ausencia de sus compañeros y con el miedo de permanecer en su comunidad –donde incluso el 21 de agosto dos integrantes de la guardia que no fueron aprehendidos fueron asesinados al parecer por el Ejército y la Marina–, estas mujeres se armaron de valor para luchar por la liberación de las personas que aman. 
 
Ahora además del silencio de las dependencias federales que no se han pronunciado a su caso, estas mujeres se enfrentan al desplazamiento, no tienen un lugar seguro donde dormir, y tampoco tienen un lugar a donde regresar; tienen miedo de que la protesta lejos de tranquilizar el problema las exponga a más agresiones.
 
“Yo quiero regresar a mi tierra, es mi pueblo, es mi casa, allá está mi vida, pero no veo cómo, tengo miedo; además en Aquila ya no hay nadie, todas las familias nos fuimos, huimos de allá, los pocos que quedan son los que están con esos grupos (del crimen organizado)”.
 
Además de la liberación de sus 45 compañeros, este grupo de comuneras y comuneros exigió la intervención de la Policía Federal en Aquila, pues son “a los únicos a los que todavía les tenemos confianza”, así como que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre las múltiples violaciones a las garantías humanitarias de las que son víctimas.
 
13/RED