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Indígenas rarámuris acusan a cacique de talamontes

El cacicazgo que hay en el ejido San Carlos, municipio de Balleza, en la Sierra Tarahumara, mantiene subyugada a la población indígena, que permanece al margen de las utilidades que deja la explotación forestal, situación calificada como “inaudita” por Guadalupe Montoya, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC (Cosyddhac).

Romualdo Olgúin Chávez es el nombre de quien es identificado por las y los indígenas como el cacique de la región, a quien ni la ni la presencia del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol) amedrenta.

Ocho policías estatales se trasladaron el viernes pasado hasta ese ejido, ubicado en lo más intrincado de la Sierra Tarahumara, a resguardar a los funcionarios de las dependencias agrarias que llevaban la misión de celebrar la asamblea que exigía un grupo de indígenas desde hace más de un año.

Pero Romualdo no los dejó llegar a El Tigre, comunidad donde se celebraría la reunión. Al frente del grupo que comanda, Romualdo se atravesó en el camino y literalmente impidió el paso a la comitiva en un lugar conocido como El Espinazo del Diablo.

Sólo hasta ahí pudieron llegar los representantes de la Procuraduría Agraria, Secretaría e Medio Ambiente y Recursos Natuales (Semarnat), Coordinadora de la Tarahumara, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Cosyddhac.

Junto con los funcionarios gubernamentales iban decenas de indígenas que se oponen al cacicazgo de Romualdo.

Cuando estuvieron frente a frente, los dos grupos antagónicos se enfrascaron en un acalorado enfrentamiento que no llegó a los golpes o a las armas gracias a la presencia de los policías estatales.

Retírense, aquí no pasa nadie, aunque sean autoridades, sentenciaron tajantes varias mujeres seguidoras de Romualdo cuando Jesús Leyva Enríquez, jefe del Departamento Jurídico de la Procuraduría Agraria, se bajó de la camioneta y se dirigió al grupo que bloqueaba el camino.

El funcionario les dijo que debían celebrar la asamblea ejidal programada para ese día y los exhortó a desalojar el camino.

Aquí no se celebra ninguna asamblea si no la convoca el presidente del Comisariado Ejidal, respondieron desafiantes.

El funcionario insistió en la conveniencia que los dos grupos asistieran a la asamblea y ahí dirimieran sus diferencias.

Pero, por más intentos que hizo el representante de la Procuraduría Agraria no logró convencer a los seguidores de Romualdo, quienes desde muy temprano atravesaron varios vehículos y se apostaron en el camino, decididos a impedirles el paso.

Eran las once de la mañana. La asamblea ejidal estaba programada para las doce, al medio día. Faltaban varios kilómetros para llegar a El Tigre.

Decenas de indígenas que se oponen al cacicazgo de Romualdo se reunieron desde el jueves en la noche en El Vergel. Ahí esperaron a las autoridades agrarias y el viernes en la mañana se dirigieron a El Tigre. En la comunidad los esperaba otro grupo numeroso de personas rarámuris (tarahumaras), listos para celebrar la asamblea ejidal que exigían desde hace un año.

Cuando los integrantes de la comitiva se acercaron al lugar conocido como El Espinazo del Diablo divisaron el bloqueo.

Hay que tener cuidado, comentaron algunos funcionarios. No caigamos en provocaciones, lo que Romualdo quiere es violencia, previnieron unos indígenas.

Los ocho agentes de la Cipol que viajaban en cuatro camionetas se bajaron de inmediato. Todavía no llegaban al bloqueo, cuando la gente de Romualdo les gritó: Retírense, no queremos policía, no los queremos aquí.

Los policías se miraron unos a otros y siguieron caminando, esperando indicaciones de los funcionarios gubernamentales. No intervinieron. Permanecieron alertas.

Tenemos que celebrar la asamblea, es legal, ustedes no lo pueden impedir, con violencia no logramos nada, advirtió uno de los indígenas del grupo que se opone a Romualdo.

La gente del bloqueo respondió: Ustedes son los violentos, aquí no hay asamblea si no la convoca el presidente del Comisariado Ejidal.

Romualdo nos quitó los derechos ejidales a los indígenas, no puede impedir que celebremos una asamblea, insistían los rarámuris.

Los ánimos se calentaron. Si quieren sus derechos regrésenme a mi madre, contestó una de las mujeres en clara alusión a Autora Aguirre, regidora de Balleza asesinada hace tiempo.

Una de las integrantes de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sacó su cámara para tomar fotografías. Quería dejar constancia del enfrentamiento.

Las mujeres del bloqueo la cuestionaron, le preguntaron quién era. Ella les contestó que iba en representación de la CDI. Le exigieron identificación y le hicieron corralito. La funcionaria optó por retirarse.

Romualdo no apareció durante el enfrentamiento. Estaba cerca de ahí, en uno de los vehículos que bloqueaba el camino.

Al ver que los manifestantes no se retirarían del camino, los funcionarios decidieron realizar la asamblea en El Vergel. El representante de la Procuraduría Agraria hizo el anuncio a los seguidores de Romualdo.

LA ASAMBLEA

Los indígenas pidieron el apoyo de la Cipol para llegar hasta El Tigre y avisarles del cambio a sus compañeros que los estaban esperando. Los policías se negaron. Argumentaron que no era su función, que sólo iban resguardando la seguridad de los funcionarios gubernamentales.

La comitiva regresó a El Vergel. Ahí les prestaron el salón de actos y realizaron la asamblea. De los cuarenta indígenas que había, sólo pudieron entrar veinte porque el resto tenía suspendidos sus derechos ejidales y el representante de la Procuraduría Agraria les negó el acceso.

Los indígenas que esperaban en El Tigre no pudieron llegar a tiempo a la asamblea. Cuando se enteraron del cambio, algunos se trasladaron a El Vergel. Por falta de vehículos no pudieron viajar todos. Llegaron justo cuando se acababa de terminar la reunión.

Pero la asamblea ejidal tuvo carácter legal. Ahí estuvieron Jesús Leyva Enríquez y Natalia Abundis, por parte de la Procuraduría Agraria; Guadalupe Gándara y Alejandra Izunza, de la CDI; Armando Chavira, de la Sedesol; Juan Manuel Ponce Valenzuela, de Semarnat; Ofelio Jáquez, de la Coordinadora de la Tarahumara; Alberto Olguín Navarrete, de Sedesol; Julio César Velázquez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y Guadalupe Montoya, de Cosyddhac.

ACUERDOS

La asamblea duró poco más de dos horas. El acuerdo más importante que tomaron los indígenas fue la suspensión de la explotación forestal hasta que se organicen en grupos y se garantice el reparto equitativo de las utilidades.

También acordaron realizar una auditoría al Comisariado Ejidal que encabeza Romualdo. Lo acusan de quedarse con la utilidad de la producción forestal.

Los indígenas que asistieron a la asamblea decidieron también dejar sin efecto la suspensión de los derechos ejidales de sus compañeros. Se trata de 19 rarámuris que lideran el grupo que se opone a Romualdo, quien los acusa de alterar el orden ejidal.

Pero esta no es la primera vez que Romualdo y su gente impiden que la asamblea ejidal se celebre en El Tigre. En una ocasión que los indígenas estaban por iniciar la reunión fueron obligados a suspender la asamblea a punta de golpes.

En otra ocasión que fueron funcionarios gubernamentales también les bloquearon el camino. Por eso esta vez fueron resguardados por agentes de la Cipol.

Entrevistado después del enfrentamiento, Romualdo Olguín Chávez, acusó a las autoridades agrarias de parcialidad. Argumentó que no le permitió el acceso a la comitiva porque es gente ajena al ejido; que la asamblea programada para el viernes no tiene sustento legal porque él es el presidente del Comisariado Ejidal y no la convocó.

Acusó a los integrantes del grupo opositor de alborotadores y aseguró que les suspendió los derechos a 19 ejidatarios porque se niegan a cubrir adeudos que tienen desde hace tiempo. Yo he hecho mucho por el ejido, una clínica, caminos y muchas obras, la gente que me critica es ajena al ejido, señaló.

MAFIA DE TALABOSQUES

El conflicto que vive San Carlos es añejo. Están dados de alta 385 ejidatarios, la mayoría indígenas, de los cuales cerca de 200 se oponen a Romualdo.

Lo acusan de operar una mafia de talabosques que los mantiene subyugados desde hace varias décadas y aseguran que atrás de él están poderosos madereros de Parral y políticos que se benefician con la tala del bosque.

Romualdo se apoderó de la presidencia del Comisariado Ejidal desde hace muchos años. En ocasiones la ostenta él mismo y otras veces gente muy cercana.

Los indígenas afirman que en esta ocasión él sólo se autonombró presidente, en contra de la mayoría de los ejidatarios que no están de acuerdo en que los represente.

Dicen que el cacicazgo de Romualdo ha llegado a tal grado que agrede a todo aquel que se atreve a contrariarlo. Aseguran que los saca por la fuerza de sus casas, los golpea y a algunos incluso los cuelga de un árbol para amedrentarlos. Como ejemplo, aseguran que hace tiempo le quebró una pierna a un indígena de nombre Martín.

07/DV/GG

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