Mujeres indígenas violadas por militares continúan esperando justicia desde hace 12 años, porque sus demandas judiciales no ha prosperado y los delitos siguen impunes: Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández, Delfina Flores Aguilar, Aurelia Méndez Ramírez, las indígenas tlapanecas, las de la zona de Loxicha y las de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero.
La presencia de militares en provincia, sobre todo en comunidades indígenas, ha sido siempre una amenaza, particularmente para las mujeres, quienes constantemente son acosadas por los soldados, lo cual culmina casi siempre en violaciones tanto sexuales como a sus derechos humanos, y queda en la impunidad.
Aunque el hecho se remonta a muchas décadas atrás, apenas en 1994 se documentaron los primeros casos de violaciones a mujeres indígenas por parte de soldados, cuando tres indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años de edad denunciaron el abuso.
En 2002, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) registró por lo menos 52 casos de mujeres indígenas violadas por militares, tan sólo en los estados de Guerrero y Veracruz.
El avance del narcotráfico y de los conflictos sociales en los últimos 20 años coincide con el aumento de la presencia militar en zonas rurales, donde se cultivan los estupefacientes o donde existen indicios de grupos opositores al gobierno, fenómenos que parece estar también relacionado con la incidencia de violaciones sexuales contra mujeres que viven cerca de estas zonas.
De 1994 a 2006, se han registrado 73 violaciones a indígenas por parte de soldados. Pero si se suman los 13 casos de violación contra mujeres en Castaños, Coahuila, ocurrido apenas en julio pasado, suman un total de 86 violaciones cometidas por militares en tan sólo 12 años.
Por lo general, las violaciones se cometen en forma tumultuaria, como en los casos de Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada por cinco soldados, el de Inés Fernández Ortega, quien fue violada en su casa por 11 soldados, o el de las mujeres de Loxicha violadas por cinco soldados.
LOS MILITARES, COMO LOS SACERDOTES
Los militares acusados por violación en Coahuila ante el fuero civil, pese a que se pruebe su culpabilidad, serán procesados ante la justicia militar sólo por los delitos de abandono de funciones e insubordinación.
Los soldados, pertenecientes a la sexta zona militar de Múzquiz, estaban encargados de resguardar los paquetes electorales de la zona de Monclova, pero acudieron sin tener autorización para abandonar su trabajo a la zona de tolerancia, específicamente a los salones El Pérsico y Las Playas, donde violaron en forma tumultuaria a 13 trabajadoras.
Los soldados no fueron capturados en su totalidad, pues solamente se logró la aprehensión de cinco y cuatro siguen prófugos.
Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dice que los casos de violación contra mujeres por miembros de Ejército difícilmente se podrán resolver, porque es la «justicia» militar la que decide si los «castiga» o no.
Como en el caso de los sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores, se los juzga dentro de su institución, protegiéndolos de la justicia civil, por lo que los delitos quedan impunes, ya que las penas que les imponen tienden a ser menos severos.
Y aunque las investigaciones se realicen en el ámbito militar, apunta Cortés, «esto no es una garantía de que realmente haya un proceso de justicia, ni una certeza de que las mujeres puedan actuar con seguridad en su denuncia».
Algunos casos se encuentran en la CIDH, como los de Valentina Rosendo Cantú y el de Inés Ortega, pero el tema del fuero militar continúa siendo un «mecanismo de impunidad en favor de los militares».
La presencia militar en algunos estados de la república «para combatir el narcotráfico», ha tenido un efecto muy grave en perjuicio de la vida de las comunidades indígenas y particularmente de las mujeres, por lo que Cortés se pronunció por que los casos sean juzgados en el ámbito civil y no en el militar, ya que es ahí donde se cometen los ilícitos.
06/LGL/GG
