Yucatán cuenta desde el año pasado con la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una de las mejores del país que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional en materia de legislación, pero ésta no se aplica y la situación de la infancia no mejora.
Ejemplo de ello es que Yucatán ocupa uno de los últimos lugares en el país en materia de educación y salud: 80 por ciento de las y los alumnos de primaria en la entidad presentaron en 2008 logro insuficiente o elemental en matemáticas y 20 por ciento de la niñez entre seis y ocho años tienen baja talla, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su informe La Infancia Cuenta.
En el estado residen 527 mil niñas y niños y adolescentes entre 0 y 14 años (104 varones por cada 100 mujeres) 29.4 por ciento del millón 818 mil 948 personas que habitan la entidad, según estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y en 2010 se espera que haya 522 mil 351 menores de edad (27.0 por ciento del total de habitantes).
Señala también que, según datos de 2006, 8.3 por ciento de los nacidos vivos pesaron menos de 2.500 gramos al momento de nacer, porcentaje mayor comparado con 2002, el cual fue 4.7. Una de las razones es que la entidad está entre los cuatro primeros lugares en desnutrición infantil, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El empleo de mano de obra infantil es otra característica de la entidad: de acuerdo con el Inegi, 65 mil 992 niños de 5 a 17 años, 63.4 por ciento niños y 36.6 por ciento niñas, realizaron alguna actividad económica.
Del ese total, 25 mil 949 no asisten a la escuela (39.3 por ciento), 31.5 por ciento no tienen instrucción o tienen primaria incompleta, 44.5 por ciento cursó toda la primaria pero tiene secundaria incompleta, y el 24.0 por ciento cursó la secundaria completa y más.
Además, 59.4 por ciento de las y los niños ocupados son trabajadores remunerados y 40.6 por ciento son trabajadores sin pago. 49.5 por ciento trabajaban en el comercio y los servicios, 29.5 por ciento en la industria y 19.0 por ciento en las actividades agropecuarias.
LEY INOPERANTE
Sin embargo la Ley, «diseñada para que sea una garantía auténtica para los derechos de niñas, niños y adolescentes», dice Sergio Salazar Badillo, consultor legislativo de Investigación y Educación Popular Autogestiva AC (IEPAAC), a un año de su promulgación, carece de los mecanismos para su cumplimiento porque el Gobierno estatal no los ha construido.
Entre estos mecanismos está la creación de un Organismo descentralizado de la administración pública, que debe contar con la participación de la sociedad civil especializada, que funja como rector del acatamiento general de dicha Ley y vigile el cumplimiento de las necesidades de la infancia.
Falta un mes para que venza el plazo para la instalación del Organismo, pero éste ni siquiera ha sido creado. Tampoco se ha emitido un decreto previo para definir el perfil de las y los funcionarios del propio Organismo mediante un proceso transparente y abierto hacia la sociedad civil organizada, como indica la Ley.
MUCHA LEY
La Ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y señala la obligación institucional de los órganos del Estado para garantizar y salvaguardar los derechos de la infancia.
Para ello deben tomarse en cuenta, señala la norma, los principios de género, intergeneracional y étnicos propios de las y los menores de edad en Yucatán, para proteger toda forma de discriminación en su contra, incluida la niñez indígena, que constituye la mitad de la población menor de cinco años, según el Inegi.
La Ley, dice Salazar Badillo, está «diseñada para que sea una garantía auténtica para los derechos de niñas, niños y adolescentes», porque la realidad la hace necesaria.
POCOS DERECHOS
Castigos, trabajos forzados y redes de prostitución constituyen una realidad en la infancia yucateca, como señala el Observatorio realizado en 2009 por la Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia (AMNDI), con base en los principales diarios de circulación nacional.
Recientemente se denunció a una red de prostitución, que incluye la trata de menores de edad, presuntamente dirigida por la costarricense Keisy González Corrales «La Madam» y la yucateca Gloria Carrera Domínguez, que recluta niñas entre 14 y 15 años con la finalidad de explotarlas sexualmente.
Se han registrado casos de violencia en las escuelas de Yucatán, como el de una profesora que intentó hallar al alumno culpable de robarle 100 pesos y obligó a un grupo de niñas y niños de nueve años a desnudarse para revisarlos frente al director.
O el de la ex directora de la antigua Escuela social para Menores Infractores, Rocío Martel López, quien fue acusada de torturar y abusar de menores de edad internos en la ciudad de Mérida, como reportó la prensa y compiló AMNDI.
Un caso más el de una niña de 10 años de edad, abusada sexualmente y a quien llevaron a un hospital de Valladolid, donde no fue aceptada en el servicio de urgencias, pese a estar en peligro de muerte, porque «tenía que proceder primero una denuncia».
SIN ORGANISMO… PARA NO GASTAR
Por todo ello, y por muchos casos más que suceden pero no se denuncian, las organizaciones de la sociedad civil de dicha entidad demandan que sea el poder Ejecutivo estatal, a través del DIF, el encargado de vigilar los derechos de niñas y niños.
Y en ello está de acuerdo el gobierno, pero sin constituir el Organismo, bajo el argumento de que sus funciones pueden ser realizadas por el DIF, «sin generar más gastos para el erario», señala la revista Al derecho y no al revés, editada por IEPAAC.
Además, explica el texto, «Si son las propias instituciones responsables las que van a realizar los procesos de evaluación, lo más probable es que, como se ha visto hasta ahora, los programas y las políticas que se aplican sean objeto de una visión autocomplaciente para evitar consecuencias negativas a la imagen institucional».
Sobre el plazo para la creación del organismo, el Segundo Artículo transitorio de la Ley de Protección es específico: el Poder Ejecutivo –actualmente a cargo de Ivonne Aracelly Ortega Pacheco—deberá crear el Organismo en un plazo no mayor a un año, contado a partir de agosto de 2008. Han pasado once meses y no se ha asignado presupuesto ni acción alguna para acatar dicho estatuto.
MÁS PENDIENTES…
La Ley indica también, en su Artículo 9, que debe elaborarse el Programa Estatal para la Atención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en un periodo de seis meses después de la implementación de un Organismo especializado encargado de la evaluación de las políticas públicas y estrategias relacionadas con la niñez y sus derechos.
Asimismo, la Ley indica que «el Congreso del estado, el Poder Ejecutivo del estado y los Cabildos municipales, deberán concluir una revisión integral a toda la legislación relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes y, dentro del marco de sus respectivas competencias, expedir leyes y reglamentos que complementen las disposiciones de la presente Ley.
En concreto, no hay fecha para la creación del Organismo ni del Programa de Atención así como la revisión y de la legislación para darle cabal cumplimiento y sentido la legislación, en donde es necesaria la voluntad de de las autoridades competentes.
Ante el incumpliendo de la Ley, se seguirán vulnerando aún más los derechos de la infancia y la adolescencia, ejemplo de lo cual es también el elevado número de embarazos en jóvenes de 15 a 17 años, que en 2005 sumaron 2 mil, de acuerdo con el Informe La infancia cuenta, donde se afirma también que el problema está al alza debido a que el gobierno local conservador obstaculiza el desarrollo de políticas públicas en la materia.
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