El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se dirigió a la Relatoría de Naciones Unidas sobre Libertad de expresión con el fin de que requiera al Estado mexicano adopte las medidas necesarias para asegurar la integridad personal de Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de la Revista Contralínea, y de Miguel Badillo, editor y dueño de la publicación, y garantice asimismo la libertad de expresión y el derecho a la información.
Señala en un comunicado el Centro Prodh que ha conocido directamente el caso de hostigamiento en contra de la y el periodista, lo que constituye un ataque contra la libertad de expresión, consagrado en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981. Y en virtud de ello, el Centro Prodh envió la información correspondiente al caso Contralínea al señor Frank La Rue, Relator Especial sobre la libertad de expresión.
Desde hace varios meses, detalla el comunicado, Pérez y Badillo enfrentan una serie de hostigamientos relacionados con información difundida a través de la revista en la cual participan.
Las investigaciones que han publicado involucran a funcionarios públicos con el tráfico de influencias y el abuso de autoridad prevaleciente en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos. La información involucra, entre otros, a quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
A partir de sus investigaciones, Badillo Cruz y Pérez Mendoza han sido objeto de actos de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte por parte de personas implicadas en tales investigaciones. Los periodistas han denunciado que las acciones emprendidas en su contra están relacionadas con la publicación de una serie de reportajes donde documentan los beneficios de que ha gozado la empresa Zeta Gas durante la actual administración, así como la existencia de investigaciones abiertas contra ese consorcio por hechos relacionados con la delincuencia organizada.
Entre otros hechos, el 5 de agosto de 2008, la reportera Ana Lilia Pérez fue víctima de seguimiento por parte de un individuo no identificado cuando se trasladaba de su domicilio a las instalaciones de la revista Contralínea.
Ese mismo día, abogados del Grupo Zeta, junto con un actuario judicial y un perito, irrumpieron en las instalaciones de la revista, acompañados por guardaespaldas armados y seguidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Durante estos hechos los periodistas supieron que se había entablado un juicio promovido por la empresa Thermogas, una de las compañías del Grupo Zeta, contra el Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, al que pertenecen las revistas Contralínea y Fortuna.
Ya en agosto de 2007 se había presentado una demanda contra los periodistas y la revista por supuesto daño moral, debido a que publicó las entrevistas realizadas a Jesús Zaragoza López, accionista mayoritario del Grupo Zeta. El 30 de mayo de 2008 en una primera instancia un juez resolvió en contra de los periodistas.
Estos recurrieron a la segunda instancia, pero en septiembre de 2008 se confirmó la sentencia contra ellos. Ante esto interpusieron un juicio de amparo, pero el 5 de enero de 2009 les fue negada la protección de la justicia federal por un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación. Se ordenó que deberían borrar la información publicada en Internet sobre el Grupo Zeta.
Actualmente los periodistas de Contralínea temen que se emprendan nuevas acciones para obligarlos al cumplimiento de la sentencia. Se ven también asediados por la posible presentación de nuevos juicios y demandas que busquen cumplir la amenaza de Grupo Zeta en torno a «desaparecer» la revista. Se mantiene también vigente el temor por la vida y la integridad física de Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo.
Los periodistas han acudido también a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, la cual, el 15 de enero de 2009 declinó su competencia al fuero común respecto de la mencionada averiguación previa, sin notificación alguna a los peticionarios. Acudieron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la fecha, no hay avances relevantes en ninguna de las instancias.
Por los hechos anteriores el Centro Prodh considera que el hostigamiento sufrido por la periodista y el periodista y la revista Contralínea, además de coartar los derechos de los periodistas afecta directamente a la sociedad mexicana y su derecho a estar informada.
Verificamos –dice el texto– que se confirma un patrón de hostigamiento contra la prensa, consistente en la presentación de demandas y acciones legales que propician que profesionistas de los medios enfrenten juicios de imparcialidad aparente en situaciones de considerable desigualdad procesal y material.
Por esta razón nos hemos dirigido a la Relatoría sobre libertad de expresión a fin de que requiera al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad personal de las y los periodistas y trabajadores de Contralínea y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
09/GG
