Tres cuestiones parecerían caracterizar la actual crisis de gobernabilidad en el país: la incapacidad de los actuales gobernantes para cumplir las promesas de cambio que los llevó al poder, su incomprensión sobre los cambios que los ciudadanos esperábamos, y la confrontación política con los partidos de oposición respecto de los cambios que el partido en el poder ha denominado como estructurales.
De este modo, no ha tenido lugar ni el cambio que los ciudadanos esperábamos, ni el que el grupo en el gobierno quiso impulsar. La percepción entonces es que no pasa nada, que la transición democrática se congeló e incluso muestra signos de retroceso, y que existe una enorme incapacidad de las clases políticas del país para asumir su responsabilidad en este momento histórico de enorme trascendencia para el futuro del país.
Parecería que la opción por omisión de los partidos políticos, es la africanización de nuestro país: es decir, el empobrecimiento generalizado, la destrucción de capacidades de producción y del medio ambiente, la profundización de la desigualdad, la segmentación de los mercados de los servicios sociales y una sistemática destrucción de las instituciones de la administración pública, sin que se observe el surgimiento de una institucionalidad nueva y democrática.
Persisten las decrépitas alianzas entre los dueños del capital, los sindicatos corporativos, se profundiza la concentración y extranjerización de las grandes empresas, la histórica apuesta a una mayor educación como el camino para el desarrollo no se concreta en opciones de empleo digno para los egresados del sistema nacional, ni siquiera para los que obtienen postgrados en el exterior, es decir cambiamos para seguir igual y todo parece indicar, que incluso para retroceder.
La forma de corroborar que los cambios buscados por el Presidente Fox y su gobierno nada tienen que ver con aquellos que esperábamos la mayoría de los ciudadanos mexicanos, es que no han recibido el apoyo de la población como para enfrentar a la oposición en el Congreso. Por el contrario, sus reformas estructurales han ocasionado amplias manifestaciones ciudadanas en contra.
Es decir, si los cambios planteados por el Presidente respondieran a las demandas de las mayorías, no como ocurre a los intereses empresariales nacionales y del exterior, Fox hubiera encontrado un enorme apoyo en la población que estaba harta del abuso del poder, la corrupción y el empobrecimiento. Nos hemos convertido en un país de excluidos absolutamente invisibles a los grupos que detentan las posiciones de poder en el Estado Mexicano.
En este contexto ¿qué pasa con la sociedad civil organizada? Yo la veo como a una niña, a la que el padre autoritario le impidió nacer durante muchos años v que cuando por fin nace, impulsada por una serie de catástrofes nacionales se hace el propósito, con un enorme esfuerzo y empeño, de quitarse de encima a ese padre autoritario y procurarse uno nuevo que la escuche, la considere, la respete, que construya junto con ella un nuevo proyecto de vida, es abandonada, engañada y distraída su atención en los miles de pequeños problemas que empiezan a surgir a partir de la incapacidad de ese nuevo progenitor de dirigir la casa.
Su reto ahora es crecer, superar las relaciones de dependencia del padre incapaz y construir relaciones de igualdad y rendición de cuentas con sus gobernantes.
Nuestra incipiente sociedad civil organizada autónoma que en realidad empieza a emerger en la década de los ochentas del siglo pasado, ha sido rebasada por la multiplicación de agravios que a diario derivan de la acción o inacción de la sociedad oolítica nacional. Déjenme mencionar sólo algunos de los agravios más emblemáticos:
El enorme retroceso que para la transición democrática significaron el acuerdo y el decreto del 10 de octubre del 2002 donde el Presidente, con una activa mediación de su esposa, hace una negociación con los concesionarios de los medios electrónicos y les entrega la joya de la corona de un sistema que al menos permitía la presencia del Estado Mexicano en el 12.5 por ciento del tiempo de trasmisión. Como corolario de éste golpe a la incipiente democracia, está la pequeñez del Congreso que no se atrevió a cuestionar jurídicamente ese acto y ha sido incapaz de superar los intereses individuales y de negocios de sus miembros como para emitir una legislación actualizada y moderna para la regulación de las concesiones de radio y televisión en el país.
En lugar de avanzar hacia la democratización de los medios electrónicos de comunicación masiva se consumó una agresión a la población mexicana sujetándola cada vez más a una oferta de información y entretenimiento controlada por un puñado de grupos empresariales interesados esencialmente en la obtención de utilidades y crecientemente, en la subordinación., de los políticos.
Otra joya de la corona el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), producto de la movilización ciudadana para dar calidad, transparencia, confianza. certidumbre y credibilidad a los procesos electorales, fue objeto de una burda negociación en la Cámara de Diputados que excluyó a varias fuerzas políticas, y que acabó en unos cuantos días con el capital de confianza y credibilidad que había logrado el Consejo anterior.
Más recientemente, los acuerdos alcanzados con. las organizaciones de Derechos Humanos sobre los cambios a la Constitución que se enviarían al Congreso en esa materia, que resultaron modificados cuando se entregaron a este último desconociendo los acuerdos previamente alcanzados.
La entrega soterrada de las riquezas nacionales para su explotación y aprovechamiento por empresas depredadoras y carentes de ética pública.
La terquedad en la ejecución de programas y proyectos de grandes obras en territorios que con frecuencia pertenecen a los pueblos indios, a pesar de la oposición de esos pueblos.
El abandono del proyecto de apoyo y sostenimiento de la producción de pequeños productores del campo y el crecimiento de la dependencia alimentaria.
La Negociación de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que sólo interesa a los Estados Unidos de Norteamérica y al que se han opuesto muchas organizaciones y ciudadanos en toda la Región.
Y así podríamos seguir enumerando asuntos y agravios como es el Tercer Congreso Mundial de Familias celebrado hace un mes, el desastre del Parlamento de Mujeres, las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, el caso de Tlalnepantla, la exclusión de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en la integración del Consejo Económico y Social acordado en la Ley dictaminada por el Senado, etcétera. asuntos en donde organizaciones de la sociedad civil han estado interviniendo, tratando de detener violaciones a los derechos humanos de las poblaciones, el retroceso en logros alcanzado, así como en promover cambios institucionales que avancen la transición democrática.
El esfuerzo de las organizaciones en estos tres años ha sido intenso y sostenido han estado participando en las mesas del diálogo para la Reforma del Estado y en la Comisión Intersecretarial sobre Derechos Humanos convocadas por la Secretaría de Gobernación, han estado en interlocución con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) respecto del ALCA y del Plan Puebla Panamá, o de los Acuerdos con la Unión Europea, han intentado avanzar en la equidad de género en el Congreso Federal y con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como en las legislaturas locales para introducir legislación contra la violencia familiar, participaron activamente en la construcción de un Acuerdo Nacional para el Campo y en los cambios constitucionales para avanzar en la reforma indígena, promovieron legislación para el fomento de sus actividades, para modificar la legislación en materia de medios electrónicos, para cambiar los términos en materia agropecuaria del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Es decir la sociedad civil organizada le hizo una apuesta a los cambios estructurales que si le interesaban y en todo ellos la sensación que se tiene, es que los interlocutores: el Ejecutivo y el Congreso no han estado a la altura del momento histórico y están más interesado en la conservación de sus sueldos y sus puestos y en sus trayectorias personales futuras en las estructuras del poder.
En todos los asuntos citados no ha pasado nada y si ha pasado ha sido para retroceder o para profundizar nuestra dependencia respecto de los designios de un gobierno profundamente conservador de los Estados Unidos, así como de los intereses de los grupos económicos dominantes en el país que actualmente nos gobiernan.
Es decir, las organizaciones de la sociedad civil han estado activas en los asuntos que les son cercanos a sus agendas. Han entregado mucho tiempo además de sus conocimientos y experiencia en la promoción de cambios necesarios y urgentes que hacen a la vida cotidiana de las personas y los resultados han sido escasos, sino es que nulos.
Todo ello en un contexto poco favorable para sus actividades como ha sido la pérdida de muchos de sus líderes que se incorporaron a las funciones públicas en los gobiernos del «cambio», la reducción de los fondos nacionales e internacionales para apoyar su trabajo, la dificultad para lograr un cambio generacional en su integración y conducción y su total invisibilidad en los medios de comunicación por los elevados costos implícitos en la publicación de posicionamientos, desplegados, convocatorias, etcétera. o bien, porque sus acciones no son noticia pues no logran competir con los escándalos que a diario nos regala la clase política del país.
Es decir, si la ausencia de la sociedad civil implícita en el nombre de esta mesa se refiere a la ingobernabilidad que se profundiza en el país a partir de los escándalos de corrupción evidenciados mediante los videos exhibidos en los medios, es decir a los problemas de ética política, que no tienen nada de nuevos, excepto que ahora se muestran en la televisión en la forma más burda, me parece una apreciación injusta pues cualquier pronunciamiento o convocatoria hacia la clase política mexicana que emerja de los organizaciones civiles va a caer en el vació producido por la ceguera y la pequeñez mostrada por esa clase política, así como por los negocios del escándalo promovidos desde los medios de comunicación.
Parecería que la apuesta que muchos hicimos a los cambios estructurales pacíficos dentro de la institucionalidad se está agotando y que la incapacidad de los encargados de lo gobiernos de la transición, de los partidos políticos, de los Congresos y de los Poder es Judiciales, sumada a la absoluta insensibilidad de los grupos de poder económico y político, nos están orillando cada vez más a la adopción de soluciones violentas para una sociedad que se niega a cambiar en beneficio de sus mayorías empobrecidas y excluidas.
* Presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide)
2004/BJ/SM
