Inicio Inicia Gobierno proceso penal contra Rosa Cruz, radialista purépecha

Inicia Gobierno proceso penal contra Rosa Cruz, radialista purépecha

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Como nunca antes había ocurrido en México, el Gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, haciendo uso “irracional y desmedido” de la fuerza policíaca, cerró tres radios comunitarias ubicadas en regiones indígenas marginadas del país e inició procesos penales en contra de sus integrantes, el último caso es el de Rosa Cruz, purépecha integrante de la emisora de 5 watts de potencia, Uekakua, en Ocumicho, Michoacán.

Así lo informó en conferencia de prensa Aleida Calleja, vicepresidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (Amarc), quien denunció que “es propiamente el gobierno de Felipe Calderón el que inicia este proceso” que “criminaliza” el ejercicio de la libertad de expresión al sancionar el uso del espectro radioeléctrico sin autorización, por la vía penal y no administrativa.

Las emisoras comunitarias que también fueron cerradas son Tierra y Libertad, en Monterrey, Nuevo León, y Rabiosa en Oaxaca. Y recientemente autoridades regiomontanas emitieron una orden de aprehensión en contra de Héctor Camero, quien por 30 años dirigió la radio obrera, Tierra y Libertad.

La comunidad de Ocumicho solicitó desde 2002 un permiso para utilizar la frecuencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin tener ninguna respuesta, como lo han hecho la mayoría de las 200 radios comunitarias, que aproximadamente existen en el país, de las que sólo 13 operan con autorización y 6 están en espera de que dicha dependencia les resuelva, informó la vicepresidenta mundial de Amarc.

Pero en lugar de actuar conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión y sancionar a las emisoras con una multa y retirarles el equipo, explicó Calleja, aplican la Ley General de Bienes Nacionales que establece hasta 12 años de cárcel por utilizar el espectro sin permiso.

El Gobierno federal es quien determina si se realiza o no un procedimiento penal contra las emisoras, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quien mediante la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) pone la denuncia ante la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente de la Procuraduría General de la República (PGR) y a su vez, ésta dependencia ejecuta las órdenes.

“Ha habido cierres con distintas policías, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP) o ministeriales, fuertemente armados porque saben que las comunidades van a defender sus emisoras”, refirió Aleida Calleja.

INTIMIDACIÓN CONTRA ROSA CRUZ

En enero pasado, relató Rosa Cruz, “llegaron los de la AFI a mi casa, donde se encontraba la emisora, ahí estaban mis dos nueras, una hija y muchos de mis nietos, yo no estaba, tuve que salir a un mandado. Cuando llegué, no sabía por qué estaban ahí. Tenían abierta la puerta eran como cinco con sus escopetas”, los que ocupaban la entrada. “Yo me asusté, por mi nuera que esa mañana había dado a luz”, añadió la artesana de Ocumicho, en conferencia de prensa.

Los elementos de la policía cerraron aproximadamente cinco calles aledañas al domicilio de Rosa Cruz. En su casa “estaban arriba trozando la antena con las seguetas, sacando el equipo que con mucho sacrificio la comunidad compró”, mencionó.

Consecuencia de la violencia que ejercieron en contra de las mujeres, niñas y niños, una de las nueras de Cruz “con tres meses de embarazo tuvo un aborto. No pude pedir ayuda, no dejaban que nadie entrara”, lamentó.

“Somos purépechas, no estábamos haciendo nada malo y nos trataron como si fuéramos delincuentes”, agregó.

La radio de Uekakua, que frecuentemente apoyaba a la clínica de la comunidad para avisar cuando debían presentarse a medir a las y los niños y aplicarles sus vacunas, surgió porque “ya no se aguantaban las bocinas parlantes” instaladas en la comunidad.

El 14 de mayo se presentaron dos hombres, que no se identificaron, en el domicilio de Rosa Cruz y con engaños la hicieron firmar un documento, aunque ella no sabe leer ni escribir, refiriéndole que le devolverían el equipo con el que operaba Uekakua.

Otras personas que supuestamente provenían de Uruapán, Michoacán, el 11 de junio pasado le entregaron a la mujer un citatorio en el que le notificaron el inicio del proceso penal en su contra. Sin poder leer su contenido, ella firmó y recibió el documento, creyendo que le devolverían la emisora.

En el caso de Rosa Cruz resulta desproporcional el operativo que desplegó la AFI en una comunidad de 3 mil habitantes. Además violenta el Artículo segundo constitucional que establece el derecho de los pueblos indígenas para instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación, señaló Aleida Calleja.

De igual modo, la vicepresidenta mundial de Amarc insistió en que en lugar de andar persiguiendo a personas como Rosa para encarcelarlas, el Gobierno federal debería invertir recursos y tiempo en la creación de un marco legal que dé certeza y garantice igualdad de condiciones para el acceso a las frecuencias por parte de las comunidades más vulnerables.

El caso de Rosa Cruz fue dado a conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Relator de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas y también se notificó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en México.

09/GCJ/GG

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