En Cusco, Perú, una iniciativa comunitaria enfrenta la violencia familiar con una estrategia sencilla pero muy poderosa y tiene éxito en fomentar una cultura de paz. Hemos roto el círculo, anuncia Martha Galarza, mujer de pueblo, hoy presidenta de la Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco, en el país andino.
Las defensoras surgieron en los poblados del Cusco como parte de un proyecto comunitario para apoyar a las víctimas de la violencia familiar, del abuso sexual, del maltrato, respaldar el proceso de denuncia y hacerle seguimiento.
La iniciativa trabaja con líderes de la comunidad, quienes se capacitan para impulsar la promoción y protección de los derechos de las mujeres, niñas y niños. Las defensoras son voluntarias cuya lengua materna es el quechua, al igual que del 70 por ciento de la población local, y a quienes las víctimas pueden recurrir con más facilidad para solucionar sus problemas.
La semana pasada Rocío Franco, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización no gubernamental de Perú que impulsó el proyecto, fue invitada a Ghana para dar a conocer esta iniciativa, ganadora además del concurso Experiencias en innovación social, organizado por la CEPAL y la Fundación Kellogg, ciclo 2005-2006.
El gobierno de la república del Africa Occidental tiene un ambicioso programa de reforma del sistema judicial y, las Defensorías comunitarias son reconocidas como una estrategia sencilla y poco costosa que permite al sistema judicial llegar a lugares muy alejados y atender problemas que de otro modo quedarían fuera de su alcance.
La violencia contra las mujeres y las niñas persiste sin disminución en todos los continentes, todos los países y todas las culturas, con efectos devastadores en la vida de las mujeres, sus familias y toda la sociedad. La mayor parte de las sociedades prohíben esa violencia, pero en la realidad frecuentemente se encubre o se tolera tácitamente, señala Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.
La violencia contra las mujeres en América Latina es la violación más extendida de los derechos humanos, según Marta Maurás, Secretaria de la Comisión de la CEPAL.
EL QUECHUA ABRE LOS CORAZONES
Por el uso de la lengua común, el quechua, se abren los corazones y la confianza, señala Rocío Franco. El IDL decidió iniciar este proyecto en Cusco porque allí hay una tradición de participación y liderazgo femenino, por su carácter intercultural, y porque permitiría trabajar con la ciudadanía en una zona de extrema pobreza.
También porque en el Cusco, pese a que el 69 por ciento de las mujeres han sido violentadas, las denuncias de violencia familiar eran muy reducidas. El fenómeno queda oculto por miedo, por vergüenza, o por las dificultades que enfrenta el sector público para atenderlas. Una encuesta reveló que el 72 por ciento de las mujeres maltratadas no había recurrido a ninguna institución en busca de ayuda.
Defensorías Comunitarias se creó para enfrentar la violencia familiar, como un primer paso para revertir conductas agresivas generalizadas y fomentar una cultura de paz desde la familia.
Esto se logra dando a conocer ampliamente los derechos y creando conciencia de que la violencia familiar no se debe tolerar ni permitir. No hay nada ni nadie que la pueda justificar. Y así se susurra, se dice, se grita en las campañas de difusión.
Desde el inicio del proyecto en 1999, las Defensorías comunitarias peruanas han aumentado de 8 a 38 y el número de defensoras y defensores, de 79 a 380, la mayoría en zonas rurales. El proyecto ha llegado a más de 35 mil personas, incluyendo a las mismas defensoras, a la población sensibilizada, autoridades contactadas y víctimas.
EL AGRESOR PUEDE Y DEBE SER JUZGADO
Una de las claves del éxito está en las defensoras comunitarias. Ellas son un elemento novedoso e innovador, ya que no se trabaja con técnicos externos a las comunidades y el acceso a la justicia ocurre a través de la participación ciudadana.
Las defensoras son personas de la misma comunidad que, además de ayudar a otros, se empoderan y se convierten en un ejemplo vivo de que es posible cambiar la actitud frente a la violencia y defenderse dentro de un marco de derechos. Se dan cuenta que eliminar la violencia es un derecho y no una agresión hacia el agresor, que ellas no son culpables y que el agresor puede y debe ser juzgado.
Con la capacitación me di cuenta que como mujer tenía derechos, que hay leyes que nos protegen y que la autoridad debe respetarlas, dice Martha Galarza, 52 años, casada, madre de 4 hijos.
Antes primero hacía las labores de la casa, luego le pedía permiso a mi esposo para salir. No sólo cambié yo, también cambió toda mi familia. Aprendí a respetarle los espacios a mis hijos, con mi esposo aprendimos a no gritarnos, empezamos a compartir los roles entre todos cuenta Martha.
También aprendieron a defender a las mujeres golpeadas, a los niños que no tenían acceso al colegio o a la justicia. Ayudamos para que ejerzan sus derechos, o simplemente acompañamos a hacer la denuncia en la Comisaría. La policía las maltrataba, les decía: tu a qué vienes, no le habrás cocinado a tiempo a tu esposo, por eso te pega, entonces la mujer salía peor de su denuncia, añade.
CONFIANZA GANADA POCO A POCO
Poco a poco la gente comenzó a confiar en ellas. Las Defensorías a su vez tejieron nuevas redes sociales, forjaron lazos con el Instituto Médico Legal, con las Comisarías, con la Justicia, con organismos que rehabilitan, abrieron puertas para mejorar el proceso de acompañamiento de las víctimas.
Los requisitos que deben cumplir los potenciales defensores son: mayoría de edad, vivir en la comunidad; tener tiempo para la Defensoría, seguridad y autoestima; gozar de confianza y reconocimiento de la gente; ser discreto y saber guardar secretos; saber escuchar con calma y paciencia; ser arriesgado para enfrentar los problemas. Su capacitación dura tres días.
Una evaluación de IDL de 177 casos de usuarias de las Defensorías reveló que la mayoría son mujeres (74 por ciento), predominantemente con casos de violencia familiar (39 por ciento), seguidos por juicios de alimentos (19 por ciento), abandono familiar (14 por ciento) y problemas de matrícula escolar (13 por ciento).
Gran parte de las usuarias se muestran satisfechas con los servicios obtenidos: el 67 por ciento afirma que la Defensoría generó un cambio positivo en su vida y la de la comunidad. Aunque sólo el 22 por ciento de entrevistadas reportó que se resolvió su caso, 50 por ciento consideran que aprendieron del proceso y, para el 28 por ciento fue clave el apoyo emocional durante la atención de las defensoras. El 97 por ciento de las usuarias recomendaría el servicio a un familiar, amiga o vecina: 24.5 por ciento porque es gratuito, 22.6 por ciento porque apoyan y orientan y 18.9 por ciento porque ofrecen una solución rápida a los problemas.
Por su parte, las defensoras se han legitimado lo suficiente en sus comunidades como para forjar en 2005 una Coordinadora provincial, para evaluar su trabajo, compartir experiencias y plantear los nuevos desafíos.
Este año, la Coordinadora va a condecorar a las autoridades, les dará su reconocimiento a los organismos de los gobiernos comunales y estatales que están brindando apoyo en este gran cambio cultural. Esa es una prueba de su legitimación.
Y Martha Galarza, así como algunas otras defensoras, están asistiendo a la universidad. Pensé que mis neuronas ya no iban a funcionar, pero es falso. Sacaré mi título en conserjería familiar y me prepararé en conciliaciones extrajudiciales, para poder cumplir mejor, dice con una amplia sonrisa.
07/GG
