Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la inmovilidad del gobierno mexicano para castigar a los policías que golpearon y abusaron sexualmente de 23 mujeres arrestadas en mayo pasado en San Salvador Atenco, así como de los constantes fallos de las autoridades del Estado de México para investigar eficazmente las denuncias de abuso.
En un informe difundido hoy en su página de Internet, el organismo internacional evidenció la inmovilidad del gobierno del presidente Vicente Fox para investigar los sucesos del pasado 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México.
En esa fecha, unos 3 mil policías retomaron el control del poblado -en manos de manifestantes- y detuvieron a 211 personas, entre quienes se encontraban 47 mujeres de las cuales 23 incluyendo 4 extranjeras dos españolas, una chilena y una alemana, que fueron torturadas, golpeadas y la mayoría violadas por los policías tanto estatales como federales.
De igual manera AI exhortó a las autoridades federales a que se encarguen de las investigaciones de al menos 23 informes de abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad en San Salvador Atenco durante las operaciones policiales que se desarrollaron en esa localidad hace cinco meses, y que se garantice justicia para las víctimas.
El informe destaca que dada la seriedad de los delitos cometidos en contra de las mujeres y los constantes fallos de las autoridades del Estado de México, donde se ubica San salvador Atenco, es necesario que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM), se encargue del caso.
En virtud de que las autoridades del Estado de México no sólo no han investigado seriamente las acusaciones de las mujeres, que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por agentes de policía mientras estaban bajo su custodia, sino que incluso han ocultado los indicios de tales abusos, argumenta AI.
Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de AI, dijo que las «autoridades del estado han hecho recaer la carga de la prueba en las víctimas, al tiempo que tratan de desacreditar sus acusaciones. El conflicto de intereses y la falta de imparcialidad, evidentes en las investigaciones que se están realizando a nivel estatal, es una fórmula para la impunidad».
Estos delitos son actos de tortura según el derecho internacional, y las autoridades deben garantizar que los responsables rindan cuentas, añadió Kerrie Howard.
Además de enfatizar que «este caso es tal vez la última oportunidad de la administración Fox para demostrar su compromiso de acabar con la impunidad de la violencia contra las mujeres y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el ámbito nacional».
Varias de las víctimas dijeron a la delegación de AI que las autoridades del estado de México les negaron su derecho a presentar las querellas criminales y la atención médica y psicológica adecuada, algo esencial para asegurar pruebas fundamentales en casos de abusos sexuales.
María García -nombre ficticio- dijo a AI que cuando informó al funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado de México de que quería presentar una querella por violación, otro funcionario, que supervisaba la toma de declaraciones, dijo que la cuestión de la violación no podía quedar registrada y arrancó el papel de su máquina de escribir.
Mientras que Margarita Reyes -nombre ficticio-, refiere cuando llegué a la cárcel, el médico forense no quiso certificar que había sido violada. Me pareció injusto que no me creyeran, que alguien pudiera creer que lo había inventado.
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