Aunque en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo y Nuevo León su Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia no contempla la violencia feminicida, ayer las áreas jurídicas de las 32 entidades federativas y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) manifestaron que es urgente tipificar el feminicidio como delito en los códigos penales del país, como respuesta urgente al creciente fenómeno, cuyas consecuencias son devastadoras.
La violencia feminicida, según la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la forma extrema de la violencia de género conformada por un conjunto de acciones misóginas que pueden concluir y culminar en homicidios de mujeres y niñas y en otras formas violentas que ponen en riesgo sus vidas.
Al no contener la ley esta modalidad, se impide la toma de medidas gubernamentales que aseguren la prevención y la justicia para las mujeres y las niñas que se encuentren en este predicamento, señala la ex legisladora Angélica de la Peña, creadora, junto con la doctora Marcela Lagarde, de la LGAMVLV.
Pese a ello, al concluir el Sexto Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el Inmujeres, realizado en Villahermosa, Tabasco, del 29 al 31 de julio, informa un comunicado de Inmujeres, se coincidió en que la atención primaria, el proceso de investigación, persecución y sanción del feminicidio, dada su complejidad y peculiaridad, exige el diseño e implementación de protocolos de atención para las policías, ministerios públicos y jueces.
Estos deben incorporar estándares de derechos humanos, género, atención y reparación del daño a las víctimas bajo los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
El feminicidio, señalaron, es la mayor atrocidad contra los derechos humanos en nuestro tiempo y es una vergüenza nacional y un enorme desafío para cualquier sociedad que se precie de ser civilizada y democrática.
Acusaron que sociedades machistas, misóginas, inequitativas y discriminatorias de las mujeres son el caldo de cultivo que propicia el surgimiento de este deleznable fenómeno, que va acompañado de la indiferencia social e impunidad institucional.
Los representantes de las áreas jurídicas reconocieron que lamentablemente es un fenómeno extendido a lo largo y ancho del país, por lo que reconocer su existencia es el primer paso para avanzar en su erradicación.
El feminicidio, dijeron, es el crimen de crímenes contra las mujeres por razones de odio de género que debe ser atendido por el Estado y condenado por la sociedad.
CAMBIOS DE FONDO PARA ELIMINAR FEMINICIDIO
Ante ello, consideraron que prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio en México implica necesariamente profundas transformaciones estructurales en todos los ámbitos de la vida nacional.
Una de ellas, precisaron, es la transformación del andamiaje jurídico del país, en el que aún se identifican disposiciones misóginas y machistas, como los homicidios por razón de honor, que en los hechos constituyen permisos para matar impunemente a las mujeres.
Asimismo, apuntaron que es fundamental reconocer que el hogar dejó de ser el lugar más seguro para las mujeres para diseñar políticas públicas que permitan atender este fenómeno.
Finalmente, destacaron la urgencia de documentar los casos de feminicidio, más allá de propósitos estadísticos, sino más bien para el diseño de políticas públicas para su atención y erradicación.
09/PB/GG
