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Inseguridad y violaciones a los derechos humanos, producto de la presencia militar en comunidades indígenas

Por Román González

En los últimos años, en México, se ha incrementado la presencia de fuerzas armadas militares en zonas predominantemente indígenas. Dicha militarización implica una situación de inseguridad y casos de violaciones a los derechos humanos, contra la vida, la integridad, la libertad de la población civil rural e indígena.

El Estado mexicano reconoce que en “algunos puntos de conflicto ha habido un incremento de la presencia militar”, pero disiente en cuanto al uso del término “militarización”. Un factor central de ese incremento ha sido la aparición de grupos armados disidentes en distintas zonas del país.

Un informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que en Chiapas, por ejemplo, existen campamentos del Ejército Mexicano en 46 municipios de la entidad –41.4 por ciento del total–, con una ocupación que incluye a por lo menos 111 comunidades.

A causa de la militarización, entre 1996 y 1997 aumentaron las agresiones y violaciones cometidas por soldados y agentes de la policía contra mujeres indígenas y campesinas, habitantes de comunidades rurales.

Así, la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) hizo una denuncia pública de la violación sufrida por 10 mujeres indígenas por parte de un grupo de individuos fuertemente armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas y uniformes de la Policía Judicial Federal, que saquearon el predio Los Cedros, en la frontera con Guatemala.

En tanto, la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur en Guerrero (UOSS) denunció en 1995 las amenazas realizadas contra grupos que exigían la aclaración del Caso Aguas Blancas, acusando a las autoridades estatales de hacerlo. Además de que policías y militares hostigan a habitantes de las comunidades con el pretexto de buscar grupos armados.

Ese mismo año, durante un encuentro regional indígena en Jalapa, Veracruz, los asistentes denunciaron la represión y exigieron el cese de hostigamiento en contra de sus dirigentes nahuas, popolucas y zapotecas del sur del estado.

Por su parte, la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) denunció en 1996 que, como consecuencia del hostigamiento militar en las Huastecas –San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo– se han provocado severos daños a la salud mental de los menores indígenas otomíes y nahuas.

La infancia de esa región del país, presenta alteraciones de conducta caracterizada por temor nocturno, temblores y sobresaltos, así como eneuresis –cuando los menores se orinan en la cama– a consecuencia de las constantes incursiones agresivas contra sus comunidades.

Por otra parte, en Oaxaca la creciente organización y acción de las comunidades, ha generado una reacción negativa por parte de la estructura política tradicional, reacción que se expresa en falsas acusaciones, amenazas y ataques contra líderes y autoridades opositoras.

Al igual que en Chiapas con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se ha producido una penetración de fuerzas armadas militares, con el propósito declarado de evitar la expansión, por una parte del movimiento zapatista hacia el norte, y por otra enfrentar las acciones del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la entidad, donde empezó a actuar a finales de 1996.

En el país la población indígena asciende a 10 millones de personas, de éstas, unos 6.5 millones hablan alguna de las 59 diferentes lenguas autóctonas. Un análisis del Instituto Nacional Indigenista (INI), indica que existen por lo menos 13 mil 179 localidades eminentemente indígenas.

En general, la población indígena está en situación de desigualdad frente al resto de la población, en cuanto al acceso de servicios del Estado, sufriendo en muchas zonas condiciones desfavorables de empobrecimiento, asistencia a servicios sociales y salud.

Asimismo, los análisis oficiales, pese a que los municipios indígenas son un tercio de los 2403 ayuntamientos del país, representan el 48 por ciento de los de “alta marginación y el 27 por ciento de los calificados como de “muy alta marginación”.

Otro indicador revela que el 59 por ciento de los menores indígenas de edad de cinco años, no asiste a la preprimaria y el 28 por ciento de los de 6 a 14 años no va a la escuela. En consecuencia, el 43 por ciento de la población indígena mayores de 15 años no tiene instrucción formal.

En ese tenor, las mujeres indígenas son las que sufren la mayor marginación, pues en ellas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud.

La CIDH ha señalado que en nuestro país no se han declarado medidas constitucionales de suspensión de los derechos y garantías individuales. Así, el proceso de militarización de facto e institucional en México planea serios problemas jurídicos y tiene graves consecuencias en materia de derechos humanos.

En ese sentido, nuestra Constitución en el artículo 129 establece: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los cuarteles, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, están establecidos para la estación de las tropas”.

Así, la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero y otros estados de la federación fuera de lo indicado por el artículo referido, conduce inevitablemente a la suspensión de garantías constitucionales.

Particularmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en la Huasteca, se ha incrementado la presencia del Ejército en materia de Seguridad Pública, desde la insurrección zapatista de 1994. Informes de 1998 estimaban la presencia 50 mil efectivos militares en Chiapas, mientras que Guerrero se maneja comúnmente la cifra de 45 mil soldados.

Especialistas consultados sobre el tema, resaltaron que con la militarización la población sufre una restricción permanente de la libertad, se les interroga sobre el destino, su identidad, sus actividades y las de su familia, sus posibles vínculos con grupos armados e información sobre estos últimos.

Para Martha Figueroa, integrante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la militarización persiste. “Se quitaron los retenes, pero las posiciones militares se siguen reforzando. Lugares en donde sólo había una tienda de campaña, ahora son cuarteles. Se están ampliando, se apoderan de terrenos, principalmente de indígenas, sin ninguna consulta”.

Refirió que para ir a un servicio médico, se tiene que ir con cuidado –a pie– porque te puede atropellar una tanqueta o un convoy, pues las comunidades no tiene ninguna ambulancia o un hospital cercano.

Resaltó que sólo la presencia de efectivos militares ha impactado fuertemente a la población femenina, incluso desde antes de 1994.

Tenemos, apuntó, abusos sexuales graves, como la reciente violación de una niña en Tonalá, y donde el Ejército alega exactamente lo que argumentó hace siete años en el caso de las tres menores tzeltales en Altamirano. “¡No es cierto, eran prostitutas, lo están inventando!”.

Aunado a lo anterior, su presencia también se manifiesta en el deterioro ambiental, afecta automáticamente la economía de las comunidades, encarece las cosas, existe desabasto porque acaparan los productos.

“La militarización en Chiapas es cada día más grave, es más ominosa, ya no hay cinco retenes entre San Andrés y Cate, pero existe una inseguridad terrible a tal grado que a un kilómetro de San Cayetano, que es donde está el puesto militar y donde estaban los paramilitares te siguen asaltando estos grupos”.

En tanto, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Darían Ramírez López, aseguró que a donde llega personal militar trastorna la vida de una región, de una comunidad o de cualquier lugar.

Se sumergen en el consumo de alcohol y de prostitución, a la inducción o seducción de mujeres indígenas de parte de los militares, constituyendo relaciones inestables, incremento de madres solteras y todas las repercusiones que esto trae consigo.

Definió que la militarización usa como táctica programas ayuda, aparentemente social, para ir recabando información, por ejemplo a los menores les ofrecen dulces, juguetes, y así preguntar por su familia, su padre, su madre, las actividades que realizan. “Todo ello como parte de una verdadera investigación”.

Además, hablar de militarización significa entre otras cosas, la presencia de los militares en actividades policiacas, o en mandos de estas corporaciones, es decir, se quitan el uniforme, y dan una apariencia de civiles, pero que están entrenados como militares.

Por su parte, la integrante de una Misión de Investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Pauliana Palacios, abogada ecuatoriana, en reciente visita a nuestro país, narró que tuvo la oportunidad de constatar camino a Veracruz, la existencia de muchos retenes de diferentes corporaciones –militares, policía federal y policía de migración.

En ese sentido, relató que de manera ingenua pregunta a sus acompañantes “¿existe estado de emergencia?, porque me extraño mucho la presencia de militares”.

En situaciones como ésta, indicó, evidentemente la población femenina ha sido una las principales víctimas, pues sufren agresiones sexuales, aparte de la situación económica que las mantiene en una brutal marginalidad, y por su situación de mujeres y de indígena.

       
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