A menos de una semana de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas apruebe las ocho recomendaciones que el Estado Mexicano no ha ratificado desde febrero, cuando fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU), José Antonio Guevara Bermúdez titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación asegura que dichas recomendaciones están incluidas en su Programa Nacional de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo.
El funcionario, que una mesa redonda sobre el EPU realizada hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escuchó a representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes recapitularon dichas recomendaciones y sus ausencias en la práctica.
Las recomendaciones forman parte de una historia de 800 que han dirigido diversos relatores de organismos internacionales a México, debido a que éste presenta múltiples irregularidades en materia de derechos humanos, subrayó Edgar Cortez Morales, secretario ejecutivo de la de la Red.
Las ocho que se niega a aceptar y en torno a las cuales no está interesado son: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la redefinición del concepto de delincuencia organizada, el arraigo ilegal, la justicia penal militar, la reapertura de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la armonización de las leyes, los problemas del cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales y el perfil de los candidatos de las subcomisiones de derechos humanos.
Sobre la primera recomendación de derechos sexuales y reproductivos, las niñas y mujeres continúan siendo la población más afectada, ya que al manipularse los instrumentos legales, en concreto, los códigos penales, la ley castiga a las víctimas de violación y les niega el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
Las recomendaciones sobre la delincuencia y el arraigo giran en torno a uso desmedido de recursos, como la militarización, para combatir el crimen organizado, aún cuando las estrategias afecten directamente los derechos humanos de civiles no involucrados. Agresiones que permanecen impunes debido al fuero militar, mencionó Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Asimismo, destacó que en muchos casos el arraigo domiciliario es errado e injusto y va acompañado de la tortura, la cual, evidentemente constituye una violación a los derechos humanos de cualquier persona.
Basta recordar el caso de Tiburcio Gómez Pérez, reportado en abril del año pasado por Cimacnoticias. Tiburcio, un indígena chiapaneco, fue arraigado durante 55 días en los cuales fue objeto de tortura, para después ser llevado al penal de máxima seguridad Amate No.14 donde fue recibido con más golpes.
Respecto a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Gutiérrez agregó que ésta dejó de laborar argumentando que ya se habían solucionado los mil 200 casos de desapariciones forzadas en nuestro país en la década de los 70.
No obstante, casos como el de Aleida Gallangos confirman lo contrario. Aleida, sin ayuda de las autoridades conoció su verdadera identidad y a su hermano 30 años después de que fueron separados de sus padres durante la llamada «guerra sucia».
En torno a la urgente necesidad de México de armonizar sus leyes, Gutiérrez subrayó que, de no prestar oídos a esta recomendación, las sentencias dictadas por organismos internacionales, como la que corresponde al caso de feminicidio en Campo Algodonero, la cual será emitida tentativamente en noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tornarán nulas y no se repararán los daños a las víctimas de manera adecuada.
En cuanto al perfil de los funcionarios a cargo de las comisiones de derechos humanos, comúnmente llamados Ombudsman, Jorge Carpizo Mac Gregor, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que éstos y los subcomisionados con quienes tienen contacto directo las organizaciones civiles deben tener un perfil con la debida instrucción en materia de derechos humanos y género.
No como hasta ahora, dijeron, pues la mayoría de los candidatos se postulan sólo por el sueldo y no son capaces de debatir ni reatroalimentar a nadie, expresó.
Al final de la mesa redonda, Guevara Bermúdez fue cuestionado por la madre de Héctor Galindo Gochicoa, preso político de Atenco, quien le preguntó: «¿Me va a ayudar a ver a mi hijo?», a lo cual el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación contestó: «No puedo responderle eso».
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