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Instancias de gobierno deben contar con áreas para atender acoso

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Tras la denuncia de tres trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por supuesto hostigamiento y acoso sexual por parte de directivos de la paraestatal, el Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Campeche pidió que todos los centros de trabajo –en especial instancias de gobierno y empresas paraestatales– tengan un área especializada para atender a las víctimas de este delito.
 
A inicios de febrero pasado Cimacnoticias difundió testimonios de trabajadoras de la CFE que dijeron haber sido hostigadas y acosadas sexualmente por Juan Raya Meléndez, superintendente de la Zona de Transmisión en Campeche.
 
En respuesta, la CFE inició una investigación “poco transparente, intimidante e imparcial” –según calificó en su momento el Observatorio de Violencia Social y de Género, grupo ciudadano que acompaña a las trabajadoras– de la que a más de un mes de haber iniciado se desconocen los resolutivos y el curso de la indagatoria.
 
Ninive García Méndez, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género, dijo en entrevista que para evitar que las trabajadoras sean revictimizadas durante la investigación de casos de acoso sexual en sus centros laborales son necesarias áreas especializadas de atención a mujeres, en particular a las víctimas de este ilícito.
 
Estas áreas deberían formar parte de los Órganos Centrales de Control Interno de cada centro de trabajo, y tendrían que ser encabezados por una mujer debidamente capacitada para atender delitos relacionados con la violencia de género y el ámbito laboral.
 
Además, todo el personal de esas áreas debería conocer a detalle los protocolos que existen en México para la atención de víctimas de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.
 
Asimismo, tendría que saber las normas jurídicas en materia de violencia contra las mujeres y los convenios internacionales para erradicar la discriminación por razón de género.
 
También es necesario que estas áreas cuenten con un mecanismo que transparente las indagatorias e informe debidamente a las víctimas sobre las etapas y los tiempos que llevará cada investigación, abundó García Méndez.
 
A su vez, es importante que se deje de pensar que los casos de acoso sexual contra las trabajadoras son del “ámbito privado”, ya que cuando una organización civil solicita participar en una audiencia para acompañar a las víctimas no se puede negar este derecho.
 
La integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género detalló que estas áreas especializadas deberían garantizar mecanismos efectivos e inmediatos para investigar las denuncias de las trabajadoras, incluso cuando éstas sean en contra de directivos.
 
Criticó que la investigación por acoso sexual que actualmente realiza el Órgano de Control Interno de la CFE –primera paraestatal certificada en el “Modelo de Equidad” por el Instituto Nacional de las Mujeres desde 2012– “no está funcionando”, porque no cuenta con todas estas características, lo que demuestra la urgencia de establecer mecanismos más eficientes y profesionales para atender esta situación.
 
Al respecto, la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) estableció en el artículo 47, fracción VIII, que será motivo de recisión de contrato que el trabajador “cometa actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo”.
 
Sin embargo, la LFT no establece la obligación de los centros de trabajo de generar mecanismos específicos para prevenir, investigar y sancionar esos delitos.
 
15/AJSE/RMB

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