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Instituciones mexicanas legitiman impunidad: PRODH

Por la Redacción

El caso de la tortura por violencia sexual contra las mujeres por parte de policías el 3 y 4 de mayo pasados en San Salvador Atenco, continúa en la impunidad y es legitimada en México por las instituciones que deben encargarse de impartir justicia, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).

En el informe “Violencia de Estado contra mujeres privadas de libertad en México”, que presentó el centro al Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ayer en Nueva York, organismos defensores de derechos humanos dan cuenta del operativo en el que 47 mujeres fueron privadas de su libertad y algunas de ellas abusadas sexualmente o violadas.

El documento, realizado conjuntamente por el PRODH, la Organización Mundial contra la Tortura y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), señala que en relación a las agresiones sexuales, se presentaron 16 denuncias con la asesoría del PRODH ante la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Violentos contra las Mujeres, que depende de la PGR.

Refiere que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inició 23 averiguaciones previas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por abusos sexuales.

El informe hace una severa crítica al discurso de las autoridades que se centró en minimizar los hechos y los dichos de las víctimas, contraviniendo, enfatiza, la legislación y jurisprudencia vigente en el estado de México y el país, además de que estas denuncias no se investigaron de oficio y los funcionarios citados difundieron criterios discriminatorios contra las mujeres.

Estas organizaciones defensoras de derechos humanos destacan otros hechos similares de operativos policíacos en México en donde ha habido una clara violación a los derechos humanos, y violación física principalmente de mujeres y que han quedado en la impunidad.

Tal es el caso de Nadia Zepeda, quien fue detenida arbitrariamente por policías que presuntamente realizaban un operativo en una colonia del poniente de la ciudad y a la que acusaron de vender droga, por lo que la trasladaron al reclusorio Femenil Oriente y fue condenada a cinco años de prisión.

Otro caso que se menciona es el abuso de autoridad por parte de los militares, quienes bajo el amparo de su fuero, abusan de las mujeres de las comunidades indígenas, como ocurrió con Valentina Rosendo Cantú, la indígena tlapaneca, que en 2002 fue violada por dos soldados y quien hasta ahora no ha obtenido justicia.

Y aunque no se menciona en este informe, el caso más reciente de militares implicados en violaciones a mujeres es el de Castaños, en Coahuila, donde más de veinte militares violaron a 13 sexo servidoras y bailarinas de un bar de esta comunidad, lo que se perfila como otro hecho que puede quedar en la impunidad.

Para el PRODH, el caso de San Salvador Atenco, al que califica como emblemático, debería ser investigado y retomado por el ámbito federal, toda vez que los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera de jurisdicción federal, sin embargo, lamenta que esta decisión dependa de la voluntad política de ambas autoridades.

Por ello, el PRODH hizo unas recomendaciones al gobierno mexicano entre las que destaca reparar el daño a las víctimas de manera integral, no sólo económica; realizar una investigación pronta, expedita e imparcial por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la liberación inmediata de las siete mujeres que continúan en el penal de Santiaguito.

Asimismo, pide modificar el marco legislativo y las prácticas de los cuerpos de seguridad pública, de tal forma que se asegure la investigación y sanción de los altos mandos encargados de los operativos.

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim), que encabeza Alicia Elena Pérez Duarte, le piden asumir la investigación de la totalidad de los casos de abusos cometidos contra las mujeres que se encontraban en el operativo y que los califique como tortura.

Finalmente, solicitan al Estado mexicano informe sobre los programas y medidas preventivas que se han adoptado para erradicar esta práctica.

El informe, que consta de 30 páginas, contiene además los testimonios de ocho mujeres agredidas sexualmente por los policías, entre los que se encuentran dos españolas, una chilena y una alemana.

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