Luego de 74 días de huelga de hambre, Patricia Troncoso, activista de la causa mapuche, fue internada en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del Hospital de la región de Angol, ubicada en la Provincia de Malleco en la IX Región de la Araucanía, en Chile, en un grave estado de salud.
En días pasados, un grupo de médicos del penal de Angol examinó a Troncoso y a Héctor Llaitul –importante líder de la Coordinadora Arauco Malleco– y tras determinar su grave deterioro de salud, pues han perdido 25 kilos de peso cada uno, se ordenó su traslado al centro asistencia de la provincia, informa la prensa local.
Ya anteriormente, tres comuneros mapuche, José Huenchunao, Jaime Marileo y Juan Millalen abandonaron la huelga de hambre al cumplir 67 días de ésta, aceptando la mediación del obispo de Temuco, Camilo Vial, para la instalación de una mesa de negociaciones para que el Gobierno chileno dé respuesta a los tres puntos de su pliego petitorio: libertad a las y los presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin a los allanamientos policiales.
Al respecto, Patricia Troncoso, quien es winka (blanca) aceptada como mapuche- señaló que para dar fin a la huelga que iniciaron desde el 10 de octubre de 2007 era necesario el compromiso de la no aplicación de la Ley Antiterrorista al caso Poluco Pidenco, por el que hoy se encuentran en prisión.
Y es que el gobierno chileno aún mantiene la aplicación racial del estado de excepción en la IX región violando el derecho internacional y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones unidas (ONU) quien ya ha pedido la derogación de la Ley Antiterrorista y la revisión de los procesos realizados bajo esa norma, señala la prensa.
No obstante, esta ley, que fue creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, les fue aplicada como consecuencia del incendio ocurrido en diciembre de 2001 en los bosques de la forestal Mininco, donde Troncoso y otros 4 mapuches fueron señalados como presuntos autores, y juzgados con «testigos sin rostros».
Desde su encarcelamiento, Patricia Troncoso, quien fue condenada a diez años de prisión, no ha recibido los beneficios carcelarios legales que marca el reglamento carcelario, denunció Roberto Troncoso, padre de Patricia.
Y debido a que el Gobierno chileno no ha querido escuchar los planteamientos de Patricia Troncoso, ésta envió el pasado 17 de diciembre una carta a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet donde, de acuerdo con la prensa internacional, le recuerda la política represiva de los sucesivos gobiernos contra la población mapuche y la aplicación de la legislación del Estado de excepción.
Asimismo, puso de manifiesto en la carta las violaciones al debido proceso en estos procedimientos contra comuneros mapuches, como en el caso Héctor Llaitul -–encarcelado por el incendio de diciembre de 2006 en Las Praderas de Cholchol–, en cuyo juicio habrían comparecido testigos que fueron torturados para inculparle, señala la prensa internacional.
En su carta a Bachelet, Troncoso señala: «Yo quiero preguntarle a la señora Michelle Bachelet. Usted que fue prisionera política, usted que fue torturada, sentir hoy día el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted, señora Presidenta? ¿Qué le pasa al saber de personas que están haciendo 65, 66 días de huelga de hambre, donde todos los días se nos va un poco de vida?
«… Hasta hemos llorado de hambre sabiendo que no nos podemos bajar porque hoy día, igual que el año pasado, no tenemos nada concreto».
Y aseguró que estaría dispuesta a mantener la huelga y morir hasta que sea escuchada. Además, acusó al gobierno chileno como «el único culpable de todas las injusticias que ha cometido a lo largo de todo este período» no sólo por el encarcelamiento sino también por «las violentas represiones que ha hecho en nuestras comunidades, utilizando todo tipo de medidas y artimañas para hacerlo», informa la prensa internacional.
PETICIÓN DE EX PRESAS DE LA DICTADURA
De igual forma, ya desde octubre pasado, ex presas políticas de la dictadura pinochetista, residentes en países de la Unión Europea y América Central, en carta a la Presidenta le habían solicitado escuchar y solucionar el conflicto con las y los indígenas mapuches, recordándole que también ella fue víctima de la persecución política.
Ivonne Szasz, Carmen Fuentes, Maritza Villegas, Aminie Calderon, Mireya Saavedra, Jimena Castro, Elena Sánchez, Gloria Miqueles, Nidia Castro, Cristina Godoy, Beatriz Miranda y Sara De Witt solicitaron al Gobierno chileno implemente la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, modificando si es necesario la vigente legislación y su práctica.
También, que termine con el uso de la legislación anti-terrorista incluyendo la detención preventiva que se ha utilizado en contra del Pueblo Mapuche, que no siga criminalizando las luchas del Pueblo Mapuche por sus derechos ancestrales, tome las medidas necesarias para liberar a los presos políticos mapuches y se siente a negociar con el Pueblo Mapuche en un plano de igualdad y respeto.
Por su parte, en Santiago, la esposa de Héctor Llaitul exigió al ex Presidente Ricardo Lagos asumir su responsabilidad por la errónea aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuche condenados en el juicio Poluco-Pidenco.
En ese sentido, el defensor público Jaime López suspendió de manera indefinida la audiencia que debía realizarse el 18 de diciembre y en donde el comunero Roberto Painemil declararía sobre las torturas de las que fue objeto con el fin de inculpar a Llaitul del incendio ocurrido en 2006.
Painemil ya ha denunciado ante el Observatorio de Derechos Indígenas y ante otros organismos internacionales la irregularidades de su detención así como la tortura y presión a que fue sometido para obligarlo a autoinculparse por portar armas e involucrar a Llaitul en el atentado incendiario sucedido en el fundo Las Praderas de Cholchol (de Forestal Mininco) en diciembre de 2006.
07/HVR/GG
