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Interponen amparo para que se amplíen causales de aborto legal

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Mujeres de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, interpusieron hoy un amparo colectivo contra el artículo 121 del Código Penal local por considerarlo discriminatorio y anticonstitucional.
 
Luego de que en comisiones el Congreso estatal rechazara la iniciativa para despenalizar el aborto enviada por el Ejecutivo local, 21 mujeres, acompañadas por organizaciones civiles por el derecho a decidir, interpusieron ante el Poder Judicial un amparo colectivo para que se amplíen las causales de aborto legal.
 
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), detalló en conferencia de prensa que esta acción legal es necesaria para que en el Código Penal estatal se estipulen más causales que permitan el aborto y se incluya el riesgo para la salud o la vida de las mujeres.
 
Actualmente, el artículo 121 del Código Penal de Guerrero establece como causales para el aborto legal cuando “sea causado por culpa de la mujer embarazada”; cuando haya violación o inseminación artificial indebida, y en caso de que el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas.
 
En palabras de Tamés, la ausencia de más causales refleja discriminación de género, ya que son las mujeres quienes acceden a estos procedimientos y ponen en riesgo su salud, por lo que se están vulnerando sus derechos a la igualdad, la vida y la salud.
 
La promoción del amparo, refirió, busca que el Congreso local enmiende sus vacíos legislativos estableciendo por escrito las causales referidas; no obstante, la petición principal es garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo y a los servicios necesarios para llevarlo a cabo en las instancias públicas.
 
De no ser así, enfatizó Tamés, el Código Penal de la entidad sería anticonstitucional, toda vez que hace tres años se reformó la Constitución federal para garantizar que los tres poderes de gobierno protejan los Derechos Humanos de todas las personas.
 
Por todo esto consideró que es necesario que la discusión sobre la interrupción del embarazo comience a centrarse en la Ley General de Salud y no en los códigos penales, ya que es la única forma de hacer frente a las carencias del Estado en salud reproductiva de las mujeres.
 
El pasado 10 de junio, las comisiones unidas de Justicia, Equidad de Género y Salud del Congreso de Guerrero rechazaron la iniciativa que presentó el 5 de mayo el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, tal y como está legislado en el DF.
 
Gardy Dircio, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero y quien también interpuso el amparo, detalló que la negativa de las y los diputados locales que votaron en contra de la despenalización se fundamenta en los “riesgos que corre su vida política”, sin embargo –acotó– olvidan que los abortos inseguros ponen en riesgo la vida de las mujeres.
 
Raffaela Schiavon, directora de Ipas-México, señaló que “con o sin las leyes las mujeres están recurriendo al aborto”, los cuales en la mayoría de los casos son inseguros y ocasionan complicaciones costosas tanto para ellas como para las instituciones de salud.
 
Apuntó que Guerrero ostenta el segundo lugar a nivel nacional con menor prevalencia de anticonceptivos, y 31 por ciento de las y los  adolescentes tenga una necesidad insatisfecha de métodos de control natal.
 
Estas carencias del Estado derivan en que las mujeres busquen como última alternativa interrumpir un embarazo, lo cual ocurre en condiciones inseguras y genera complicaciones que pueden ocasionar la muerte, reiteró Schiavon.
 
Prueba de ello es que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en muerte de mujeres por aborto; además de que del año 2000 a 2012 se contabilizaron cerca de 56 mil 600 hospitalizaciones por complicaciones por esta práctica.
 
La experta detalló que la única forma de conocer el número de mujeres que interrumpen su embarazo en Guerrero es con la cifra de hospitalizaciones por complicaciones por aborto, pero que ninguna instancia de salud ni de justicia conocen el dato real ni las características de la población que realiza este proceso.
 
Schiavon reflexionó en que la interrupción del embarazo en condiciones inseguras es una de las principales causas de muerte materna a nivel nacional y especialmente en ese estado.
 
De 1990 a 2012 se registraron 29 mil muertes maternas en el país, de las cuales 2 mil 109 (7 por ciento) fueron por aborto y, de esos decesos, 52 por ciento fueron por abortos inseguros.
 
En Guerrero, durante el mismo periodo se registraron 112 muertes maternas, 70 por ciento debido a abortos inseguros.
 
En la entidad existe un riesgo nueve veces más alto que a nivel nacional de que ocurran muertes por interrupciones inseguras del embarazo, sobre todo si se consideran otros factores que vulneran la condición de las mujeres como es ser indígena y/o pobre.
 
Recordó que otro argumento de las y los diputados para rechazar la despenalización fue que las unidades de salud carecen del recurso humano, material y económico para brindar la interrupción legal del embarazo.
 
Sin embargo, explicó la especialista, todas las instancias de salud ya están invirtiendo demasiados recursos en la materia, puesto que la atención a las complicaciones por embarazo representan un costo, a nivel nacional, de entre 600 y 2 mil dólares (entre 7 mil 800 y 26 mil pesos mexicanos), mientras que el costo del aborto seguro es de apenas 100 dólares (mil 300 pesos mexicanos).
 
Actualmente la iniciativa tiene otra oportunidad de ser aprobada, ya que todavía es discutida por el Congreso estatal y tiene el plazo de un mes para determinar su avance o rechazo definitivo.
 
Guadalupe Albvarera, representante de ReDefine en Guerrero, evidenció que durante el proceso legislativo se han cometido violaciones a los Derechos Humanos y contra el Estado laico, ya que mientras la iniciativa era discutida en comisiones la diputada priista Julieta Fernández Márquez convocó a un grupo de religiosos adentro del Congreso para que ofrecieran una misa.
 
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