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Intimidan a personal del CIAM Cancún

Por la Redacción

Policías municipales intentaron ingresar la tarde de ayer, por la fuerza, al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) ubicado en Cancún, Quintan Roo, con el pretexto de exigir la entrega de una familia que había sido víctima de violencia física y psicológica, atendida por esta organización.

En un comunicado de prensa, la fundadora del CIAM, la periodista Lydia Cacho Ribeiro, denunció que este lunes31 de mayo, cerca de las 11:20 horas, Cruz Antonio García Javier, intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones del refugio, con la intención de evitar que su esposa e hijos recibieran ayuda psicológica y legal después de ser violentados por él.

La periodista informó que García Javier, quien es policía del municipio de Benito Juárez, en Cancún, trató de ingresar al lugar junto con cinco policías armados y uniformados, quienes haciendo uso indebido de su cargo público, amenazaron e intimidaron a las y los defensoras de derechos humanos que trabajan en el CIAM.

Sin embargo, ante la negativa del personal del refugio de entregar a las víctimas, los agresores amenazaron con acusar a la institución de secuestro, aún cuando los propios agentes se negaron a mostrar sus identificaciones.

De acuerdo con el comunicado, el policía Cruz Antonio García Javier y otro de los agentes, patearon las puertas del Centro, amenazaron de muerte al personal y advirtieron a las y los defensores de derechos humanos que la policía tomaría el refugio.

De acuerdo con información del CIAM, la mujer a la que buscaban, de 29 años de edad, sufrió violencia física, psicológica y patrimonial durante los últimos seis años, pero luego de una golpiza de su esposo -Cruz Antonio García Javier- quien la agredió, le fracturó la nariz e intentó ahorcarla, acudió al CIAM.

La mujer y sus tres hijos -un recién nacido, y dos más de uno y tres años- ya había presentado dos denuncias que fueron descartadas por las influencias de García Javier, quien también la amenazó de muerte y le hizo saber que tenía secuestrado a un familiar, a quien asesinaría si no regresaba a vivir con él.

AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO

Cabe recordar que las y los integrantes del CIAM han recibido amenazas y actos de hostigamiento con objeto de silenciar los abusos y violaciones de las que son víctimas las mujeres, niñas y niños.

Amenazas que se endurecieron luego de que la periodista fuera encarcelada en 2005 tras haber denunciado en su libro “Los Demonios del Edén” una red de pederastas en la que involucraba a políticos y empresarios mexicanos.

Por ello desde septiembre de 2009, Lydia Cacho cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de proteger la integridad y vida de la periodista y de quienes conforman la organización.

Por otra parte, en el mismo comunicado, la también defensora de derechos humanos destaca que estas agresiones se sitúan en el contexto de la próxima presentación de un libro de su autoría, en el cual denuncia redes internacionales de trata de personas, lo que incrementa el riesgo de ella, al igual que el de las y los integrantes del CIAM.

APOYO SOLIDARIO

Luego de que se dieron a conoce estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la organización con trabajo en libertad de expresión e información Articulo 19 y Enoé Uranga Muñoz, diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, han dado muestras de apoyo solidario.

Por medio de un comunicado Artículo 19 extendió un “enérgico llamado a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, en Cancún, para que en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos, instrumente las medidas necesarias para que cesen las agresiones contra el CIAM y prevenga cualquier agresión futura.

También urgió a que la Policía Federal resguarde las instalaciones sin interferir en las actividades del CIAM a fin de que proteja a las colaboradoras del refugio y a las usuarias del mismo. Finalmente hizo un llamado a las autoridades para cumplir, respetar e implementar de manera efectiva las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

En tanto la CDHDF condenó el ataque policiaco y solicitó se abriera una investigación y consecuente castigo a los responsables de los hechos, además informó que a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, se solidariza con las víctimas y con el CIAM.

A esta exigencia de protección para las víctimas y esclarecimiento de este delito, se unió la diputada Enoé Uranga Muñoz.

Finalmente Lydia Cacho mencionó que “este caso demuestra los alcances que la violencia de género tiene cuando los agresores utilizan a instrumentos propios del Estado para arrebatar la libertad a las mujeres y menores de edad”.

10/AGM/LGL

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