De las 292 recomendaciones emitidas al Estado mexicano por parte de organismos nacionales e internacionales para que termine con el feminicidio en Ciudad Juárez, la más recurrente es la exigencia de investigar y sancionar a los responsables, pero ésta es la que menos se ha atendido, según un análisis realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En entrevista telefónica, Humberto Guerrero informó que la CMDPDH realizó un análisis sistemático del cumplimiento que el Estado mexicano hiciera a estas 292 recomendaciones para el caso de Ciudad Juárez específicamente, mismo que será presentado en breve.
Cabe resaltar que las recomendaciones fueron hechas tanto por instancias nacionales como internacionales, entre las que se encuentran diversas de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos de derechos humanos y para la mujer.
MÁS PREVENCIÓN, MENOS CASTIGO
Del informe se desprende que para hacerle frente al feminicidio el gobierno se enfocó en la prevención, descuidando otros rubros como el seguimiento de las averiguaciones previas para castigar a los responsables de los asesinatos.
Sin embargo, destaca que estas acciones de prevención implementadas por el Estado mexicano carecieron de profundidad e impacto porque obedecieron a la coyuntura y terminaron siendo simples cortinas de humo para decir que se estaba actuando para frenar los crímenes de mujeres.
Pero estas mujeres, enfatiza Humberto Guerrero, no se vieron beneficiadas de dichas acciones, ni tuvieron acceso a la justicia y tampoco significaron el fin de la impunidad.
Estas acciones no tuvieron una planeación y una programación que permitiera darles seguimiento y en un momento dado evaluar su eficacia e impacto en la sociedad, sostuvo Guerrero.
Entre las peticiones más frecuentes de las recomendaciones destacan tres: atender los casos pendientes que tiene que ver con toda la parte de investigación, procesamiento y sanción de los responsables de los delitos; prevención y capacitación de funcionarios en temas de género y de derechos humanos.
De acuerdo al análisis que hace la Comisión, la petición donde menos resultados se obtuvieron fue en la que exige el castigo a funcionarios negligentes.
La CMDPDH señala que pese a que las autoridades cuentan con suficiente información de los funcionarios que incurrieron en negligencia, omisión y obstaculizaron las investigaciones, a la fecha no hay ninguno que haya sido sancionado, aún y cuando la Fiscalía especial encabezada por María Urbina documentó que había más de cien funcionarios que había incurrido en alguna de estas faltas.
Aunque el gobierno enfocó toda su atención en prevención y capacitación en temas de género, no hay un seguimiento ni evaluación de éstas, lo que la Comisión considera un grave problema.
Asimismo, Humberto Guerrero señala que uno de los rubros que menos mención recibieron en estas recomendaciones y también menos atendido por el Estado mexicano es el relacionado con el tema de maquilas.
IRREGULARIDADES EN RECURSOS PARA JUÁREZ
Del informe se desprende una serie de contradicciones de cifras entre la Federación y el estado sobre cuánto dinero se ha destinado para la reparación del daño para familiares de las víctimas del feminicidio en Juárez, lo que Humberto Guerrero calificó como espacios oscuros.
Hay contradicciones entre lo que dicen las autoridades estatales y lo que dice la federación, mientras ésta alega en sus informes presentados ante organismos internacionales como la CIDH haber aportado alrededor de 71 millones de pesos, las autoridades estatales manejan 30 millones, sostuvo Guerrero.
Datos obtenidos de una reunión reciente entre la procuradora de Chihuahua, Patricia González y la CMDPDH señalan que el aporte que la federación ha dado para las víctimas del feminicidio es por casi la mitad de lo que sostiene el Gobierno federal.
CONCLUSIONES
La CMDPDH manifiesta como preocupante la prescripción de los delitos para sancionar a quienes incurrieron en omisión o negligencia para investigar y sancionar a los responsables de estos asesinatos, lo que sin duda dificulta el acceso de las mujeres y sus familiares a la justicia y el fin de la impunidad.
En este sentido, Humberto Guerrero observó que con el paso del tiempo ya operó la prescripción y (entonces) ya no hay posibilidad de sancionar a los responsables porque muchos de los casos son de 1990 y para muchos de ellos ya ha operado la prescripción.
Asimismo, destaca la falta de un programa de generación de indicadores para medir el impacto de las acciones emprendidas por el Estado mexicano que permitan establecer si se resolvieron los problemas o no en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde desde 1993 a la fecha se han registrado más de 400 asesinatos contra mujeres.
Además, señala, las autoridades municipales, principalmente, continúan en su posición de minimizar el problema argumentando que el feminicidio no es un problema exclusivo de Ciudad Juárez, que es algo que ya pasó y fue producto de una campaña de desprestigio de la ciudad.
Pero finalmente, concluye la CMDPDH, lo que ha llamado la atención de la comunidad internacional sobre el tema del feminicidio en Ciudad Juárez es la colusión entre las autoridades y otros grupos de poder y la impunidad que ha rodeado al caso, lo que dio origen a las recomendaciones.
07/LGL/GG
