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Investigarán senadores violaciones a DH de Alberta y Teresa

Por Gladis Torres Ruiz

El Senado de la República, el Congreso de Querétaro y el Gobierno estatal, solicitaron la intervención del Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analicen con sensibilidad el caso de las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas por el presunto “secuestro” de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Alberta y Teresa están presas desde hace 3 años, el 21 de febrero de este año fueron sentenciadas a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y 70 mil pesos por concepto de “reparación del daño”.

Durante la sesión de ayer, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo que tiene como objetivo crear un Grupo Plural de Trabajo que investigue las “posibles violaciones de derechos humanos” contra Alberta y Teresa.

El punto de acuerdo presentado por la senadora Socorro García Quiroz y Manlio Fabio Beltrones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pide la intervención de Felipe Calderón y del Poder Judicial de la Federación para revisar la situación de las indígenas otomíes.

El pasado lunes, el gobernador del estado José Calzada Rovirosa, solicitó a la Cámara Alta coadyuvar en la solución del caso a través de la creación de una Comisión Especial, así como al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, para que dicha instancia realice los estudios jurídicos pertinentes para el esclarecimiento del caso.

También exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con el Poder Judicial, revise la situación jurídica de las indígenas.

La propuesta se turnó a la Junta de Coordinación Política del Senado para su procesamiento legislativo, con el respaldo del Pleno para que sea abordado como de urgente y obvia resolución.

El senador Manlio Fabio Beltrones, realizó un recuento de las irregularidades del caso de las dos indígenas y recordó que desde julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la PGR en la que denuncia la irregular integración de la averiguación previa.

“A pesar de ello los servidores públicos de la PGR, violaron los derechos de la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia de Alberta, Teresa y Jacinta Francisca Marcial, esta última ya liberada en septiembre de 2009”.

A su vez, la SCJN, a petición del ministro Juan Silva Meza, la ministra y los ministros de la Primera Sala decidieron hacerse cargo del recurso de apelación promovido por la defensa de Alberta y Teresa, con lo que la revisión de la sentencia quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.

10/GTR/LR/LGL

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