En Jalisco, menores de edad denunciaron a la prensa que fueron víctimas de violación sexual en fiestas donde se practica de manera recurrente la explotación y el abuso sexual, así como el consumo de alcohol y drogas, y en los cuales participaron funcionarios públicos de esa entidad.
Entre los nombre de estos funcionarios sobresale el de Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del estado de Jalisco, y de Martín Aguirre Aguirre, servidor público del Ayuntamiento de Guadalajara, señala en un comunicado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Por ello, una de las víctimas de abuso sexual y su madre interpusieron una demanda ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, el trámite ha sido deficiente, tardado y con señales de encubrimiento de los funcionarios públicos involucrados.
Luego de interponer la denuncia, la víctima fue detenida para obligarla a retirar la demanda en contra de los funcionarios, señala el comunicado.
Una vez liberada la víctima y hecha la denuncia de los hechos, policías judiciales acudieron a su domicilio para trasladarla, junto a su madre y su hermana, a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco donde fue obligada mediante amenazas a firmar declaraciones prefabricadas con el fin de exculpar a los involucrados en los acontecimientos denunciados.
Debido a que el caso ha trascendido el ámbito estatal, las víctimas presentaron el día de ayer la denuncia formal de los hechos en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (Fevim) para que investigue los acontecimientos, toda vez que podrían implicar pornografía, prostitución, explotación sexual contra menores de edad, corrupción de menores de edad y delincuencia organizada.
Lo anterior, dice el comunicado, «con independencia de los delitos cometidos por agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, no sólo al omitir investigar las denuncias presentadas por las víctimas en el fuero estatal sino al privar de la libertad, coaccionar e intimidar a las denunciantes».
Y por «someter la delicada función de procurar justicia, a los intereses personales de su titular Tomás Coronado Olmos, quien hasta el momento permanece impunemente en el cargo, con la seguridad que le concede el fuero de su nombramiento público».
SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD
En ese contexto, denuncia Cepad, el pasado 7 de diciembre solicitó a la Fevim su intervención para que brindara de manera urgente las medidas de seguridad necesarias para proteger a las víctimas. Sin embargo, hasta ahora la instancia no ha respondido de manera oportuna.
Asimismo, la Cepad solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que dicte medidas cautelares con el fin de salvaguardar la seguridad de las denunciantes y que ejerza la facultad de atraer la investigación de las inconformidades promovidas por servidores públicos integradas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues el Ombudsman de Jalisco determinó públicamente que no existían presuntas violaciones a los derechos humanos.
Como consecuencia, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, se negó a investigar al Procurador del estado y a removerlo de su cargo. Ello, subraya el comunicado, representa el claro incumplimiento de la Comisión estatal de los Derechos Humanos para investigar casos donde haya atentados contra las libertades fundamentales.
Este contexto, considera Cepad en el comunicado, deja en evidencia la vulnerabilidad de la que son objeto las mujeres en el estado de Jalisco, toda vez que una de las víctimas de violación sexual en una de estas fiestas no ha tenido acceso a la justicia. Es decir, el aparato de justicia «es utilizado para encubrir a sus propios funcionarios».
Además, en este caso no sólo se hace referencia a víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la comunidad internacional tales como la prostitución y la pornografía infantil, sino que además existe violencia institucional propiciada por el mismo poder público del estado de Jalisco.
Por lo anterior, este poder público resulta incompetente para brindar protección y realizar investigaciones prontas, completas, imparciales y eficaces. Con ello se vulnera el derecho de acceso a la justicia por parte de la víctima «constituyendo actos de exclusión por su condición de mujeres y niñas», subraya el comunicado.
CONVENIOS OLVIDADOS
Esta violación generalizada que viven las menores de edad en las mismas situaciones contraviene instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Pará) y la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Así como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía; la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
URGEN MEDIDAS CAUTELARES
Por ello, la Cepad ha solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, con el fin de que dicte medidas cautelares, con carácter de urgente, para proteger la integridad y la vida de la familia de la víctima.
Y para que exija al Estado Mexicano una investigación imparcial y la sanción de los responsables de los hechos denunciados y los derivados de la violencia institucional.
También pide la intervención de la Fevim para que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres así como sancionar a quienes cometen delitos contra ellas, particularmente de quienes hacen uso de los públicos para adquirir la impunidad, acota el comunicado.
Asimismo, dice el texto, le corresponde al Gobierno del estado «responder ante la incompetencia manifiesta del estado de Jalisco por la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de la mujer».
Y Cepad, junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir, responsabilizan al Procurador General de Justicia de Jalisco «de cualquier atentado a la integridad física o psíquica de las víctimas, así como de sus abogados».
07/HVR/GG
