A pesar de las múltiples denuncias de violación a los Derechos Humanos (DH) y laborales de las y los jornaleros migrantes en el país, en el gobierno de Felipe Calderón se agudizó el abandono institucional a esta población, ya que desapareció la «poca atención» que recibían.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, acusó que «es grave que (las y los jornaleros indígenas) no tengan ninguna instancia (de atención)» a la que puedan recurrir.
Al término de la presentación del informe «Migrantes somos y en el camino andamos», Barrera detalló en entrevista que se han acercado a dependencias como la Secretaría del Trabajo para exponer los casos de violación a los derechos de las y los jornaleros migrantes, pero en vez de actuar ?denunció? «ha simulado y hecho imposible que su actuación sea eficaz para defenderlos», por la complicidad entre empresarios y autoridades.
Esa complicidad representa «un nudo» que impide avanzar a la sociedad civil en la transformación de la realidad, por la falta de voluntad política y de eficacia en la intervención gubernamental, añadió el activista.
De 2006 a la fecha Tlachinollan ha documentado 312 casos de violaciones a los DH y laborales de jornaleras y jornaleros agrícolas, las cuales en su mayoría permanecen impunes.
En Guerrero, dijo Abel Barrera, la situación de «abandono» a la población indígena es semejante: «Son objeto de conmiseración y no de políticas que reviertan su condición de pobreza extrema».
Guerrero, junto con Chiapas, Oaxaca y Veracruz, son los principales lugares de origen de migrantes internos que salen de sus comunidades marginadas para laborar en los campos de cultivo en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Morelos, en condiciones que vulneran sus derechos laborales y humanos.
MUJERES, 48 POR CIENTO DE JORNALERAS
El informe, elaborado por Tlachinollan, señala que de septiembre de 2010 a enero de 2011 salieron 7 mil 358 jornaleras y jornaleros agrícolas de la zona de la Montaña, en Guerrero, de las que 3 mil 500 eran mujeres; ellas representan cerca de 48 por ciento de las personas migrantes.
Durante la presentación, Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que la migración sigue siendo principalmente familiar, encabezada por los hombres, pero cada vez más mujeres solas migran con sus hijas e hijos.
Agregó que 42 por ciento de las y los jornaleros migrantes tiene menos de 15 años, y 6 por ciento es menor de un año de edad.
EN EL OLVIDO
La guerrerense Aureliana Díaz, indígena migrante originaria del municipio de Tlapa, migró a Morelos cuando tenía 10 años de edad. Ella y su familia salieron de su comunidad en busca de un ingreso y en el lugar de destino se dedicaron a la cosecha de ejotes. Por cada kilo el patrón les pagaba 50 centavos, relató en la presentación del informe.
Díaz recordó que en una semana su familia recolectaba hasta 300 kilos de ejotes, por los que recibían mil pesos, que sólo les permitían alimentarse. No tenían ningún tipo de prestación, ni acceso a servicios de salud pagados por la empresa.
Ella se casó en Morelos y trabajó ahí junto con su esposo, hasta que él murió en un accidente mientras laboraba. De nuevo, el patrón no apoyó a Aureliana y la mujer tuvo que asumir el costo del traslado del cuerpo de su esposo a Tlapa y los gastos funerarios.
Durante el tiempo que la indígena nahua laboró en la cosecha de ejote, las condiciones de trabajo no mejoraron, por lo que Aureliana decidió volver a Tlapa, donde, dice, «como mujer indígena en la Montaña sufrimos porque no sé leer, ni hablar español bien, pero sufrimos más como jornaleras».
Abel Barrera indicó que las autoridades carecen de una visión que integre las necesidades de las jornaleras como mujeres indígenas, y terminan repitiendo esquemas que discriminan y no atienden sus necesidades.
En tanto, ellas «dan a luz en los autobuses, o en el Consejo de Jornaleros carecen de atención médica mínima para las mujeres indígenas», y persiste una ausencia de políticas con enfoque de género para las migrantes agrícolas.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña emplazó a atender la problemática, ya que sin su apoyo, enfrentar al empresariado es una «derrota anunciada».
12/GCJ/RMB
