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Juntan firmas para impulsar aborto legal en Chile

Por la Redacción

Ante la actual situación en Chile que penaliza al aborto en todas sus formas, organizaciones feministas exigirán al Parlamento y al presidente Sebastián Piñera aprueben una ley sobre interrupción segura y legal del embarazo.
 
En un comunicado, la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir (AFLD) informó que impulsa una campaña virtual en su página web, para recolectar firmas y exigir a las autoridades inicien una discusión sobre el tema.
 
La legislación sobre aborto en Chile es una de las más estrictas en el mundo. De 1931 a 1989 se permitió el aborto terapéutico con la aprobación de dos médicos, pero en 1989 la dictadura militar eliminó la excepción.
 
La AFLD demandó que a las mujeres y niñas se les garantice el derecho a la libertad y autonomía reproductiva, ya que es parte de la ciudadanía de las personas; “impedirlo es negársela”, advirtió.
 
Debido a que el aborto es un delito, no hay cifras oficiales sobre los procedimientos realizados, pero la organización estimó que al año cerca de 160 mil chilenas interrumpen su embarazo. Resaltó además que las complicaciones por aborto implican cerca de 15 millones de dólares anuales al presupuesto en salud.
 
La AFLD alertó que las mujeres con recursos económicos abortan en clínicas seguras, que disfrazan el procedimiento con otros diagnósticos. Por el contrario, las mujeres pobres incurren en procedimientos no seguros que arriesgan su vida y provocan que en los servicios públicos de salud sean denunciadas y entregadas a la policía.
 
Datos del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos revelan que del total de mujeres denunciadas por aborto, 60 por ciento no tiene defensa legal, lo que transgrede la garantía constitucional del derecho a la defensa pública.
 
Por ello, la AFLD consideró esta situación como un problema de salud pública, desigualdad, Derechos Humanos y justicia social.
 
La organización advirtió sobre los casos de niñas embarazadas producto de una violación, con lo que se reproduce la pobreza en la adolescencia y se les obliga a abandonar sus estudios.
 
Además el Estado no da cuenta de si apoyará a las niñas y sus futuros hijos, ni previene los altos riesgos de morbilidad y mortalidad materna.
 
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