Justicia para las mexicanas: entre prejuicios y estereotipos

En México, 25 de cada cien juzgadores, aplica penas más severas para las mujeres que cometen algún ilícito en comparación con los hombres, de acuerdo con estimaciones de la investigadora Elena Azaola, en el “Reporte de Discriminación en México 2012”, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
 
El apartado “Proceso Penal” incluido en el Reporte, aborda las múltiples formas en que las mujeres son discriminadas dentro de las instituciones penales por los funcionarios de estas instancias que “suelen no actuar en un marco de legalidad sino a partir de los prejuicios y estereotipos”.
 
De acuerdo con este documento, en el sistema penal prevalece una idea sobre el rol que las mujeres deben desempeñar en la sociedad, que las sitúa como las mujeres bondadosas, pasivas, compasivas, por lo que las penas se enduren contra ellas cuando se salen de estos cánones sociales, lo que no ocurre con los varones a quienes incluso se les imponen sanciones menores bajo el argumento de “reparar el honor e integridad de la víctima”.
 
El informe ejemplifica lo que ocurre con algunos códigos penales que todavía exigen ciertas actitudes específicas de la víctima y que aluden a los estereotipos de “recato” y “decencia” que “deben” mostrar las mujeres.
 
El artículo 182 del Código Penal para el estado de Baja California define al que comete estupro como el “que realice cópula con una mujer de catorce años de edad y menor de dieciocho, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño”, pero al mismo tiempo estipula que si el agresor se casa con la víctima se eliminan las sanciones impuestas y los intentos de perseguirlo.  
 
Si las mujeres son víctimas de un ilícito, dice el reporte, también son discriminadas y responsabilizadas de “provocar” la agresión, por lo que las autoridades -tanto la policía como el Ministerio Público (MP) y el juzgado- son “cómplices” de esta violencia ya que al hacer caso omiso de ella, contribuyen a que los delitos se repitan.
 
El documento señala que existe poco apoyo institucional para las víctimas de violencia intrafamiliar, ya que es frecuente que el MP influya para que no denuncie, pues se sabe que no reciben la denuncia argumentando que “las mujeres perdonan las ofensas de este tipo”.
 
Sumado a ello las condiciones de las cárceles femeninas suelen ser deplorables ya que existe poca atención a las necesidades de asistencia jurídica, las revisiones médicas son realizadas por personal masculino y existe un presupuesto menor para estos lugares bajo el argumento estatal de que la proporción de mujeres en las cárceles es pequeña.
 
13/AZM/LGL